Artículo publicado el 7 de noviembre de 2012 en El País
En
el otoño de 2012 y en la periferia europea nos encontramos con una situación
verdaderamente complicada. Resumiendo, la crisis económica ha disparado los
déficit públicos y esos déficit han encarecido la financiación, pública y
privada, lo que agrava crisis y déficit; todo ello (parece que) hace
inevitables duras políticas de ajuste que profundizan en la crisis económica,
la transforman en social, y no terminan de solucionar nada.
Si
los recortes de gasto no consiguen tapar el agujero de las cuentas públicas y
sin taparlo no avanzamos, no queda más remedio que mirar el lado de los
ingresos. Como no se van a recuperar solos en medio de este círculo vicioso,
hay dos propuestas sobre la mesa: elevar la fiscalidad (los tipos de algunas
figuras existentes o crear nuevos impuestos) o mejorar la lucha contra el
fraude. En el caso del incremento de la presión fiscal “nominal” la disyuntiva
es parecida en todos los países: en un aumento progresivo, que se centre en los
agentes de mayor poder adquisitivo, la capacidad de recaudación puede verse
afectada por el efecto de la propia crisis (hay menos beneficios o rentas altas
que gravar) y además, si no hay coordinación internacional, puede jugar el
efecto “salida” de capitales, pero un aumento de la presión a la clase media
sólo profundiza en la propia crisis. En el caso de la lucha contra el fraude
fiscal ocurre algo parecido: o nos centramos en el pequeño fraude local o la
presión a las grandes empresas, más allá de algún caso sonado, termina por no
beneficiar ni a la recaudación ni a la propia actividad económica dada la
reacción de las empresas. Somos partidarios de un mejor reparto de los costes
de la crisis a través de una fiscalidad más progresiva y de una lucha contra el
fraude más efectiva, pero somos conscientes de los problemas de ambos esfuerzos,
al menos a corto plazo.
El
panorama dibujado ofrece, además, otra alternativa clara a las políticas
seguidas hasta ahora con nulos resultados. Es la movilidad internacional de los
grandes patrimonios y la artificiosa movilidad de los beneficios de las grandes
empresas, abusando de los precios de
transferencia, la que erosiona la capacidad fiscal de los países. Un resultado
adicional de la movilidad es el mayor incentivo a la competencia fiscal entre
gobiernos, lo que de nuevo en equilibrio reduce ingresos, aumenta la
desigualdad y profundiza en los determinantes últimos de la crisis que
padecemos. Porque el resultado de esa competencia fiscal es que países muy
pequeños, que no temen represalias comerciales y no tienen servicios públicos
que mantener pueden llevar sus tipos impositivos al cero, en lo que se conoce
como paraísos fiscales, pero que más bien son la causa de los infiernos
sociales que amenazan al mundo desarrollado.
El
resultado de la competencia fiscal será todo lo indeseable que se quiera, pero
no deja de ser un equilibrio; es decir, cuanto más nos esforcemos algunos en
coordinar políticas “justas”, mayor será el incentivo de otros a desviarse y
atraer con rebajas grandes “clientes”. No cabe el consenso en este tema, de la
misma forma que no cabe relativizar su importancia (puede ampliarse la
información sobre el tamaño de este agujero negro que amenaza a la economía
mundial en muchas fuentes, como por ejemplo taxjustice.net). La cuestión, por
tanto es qué hacer. Y la respuesta tiene que ser: todo lo posible y ya. Esto
implica al menos tres tipos de actuaciones.
En
primer lugar, mejorar el marco legal nacional para dotarnos de mecanismos para
perseguir los artificios contables que trasladan riqueza, renta y beneficios
fuera del país sin el necesario cumplimiento de las obligaciones fiscales. No
puede ser que empresas multinacionales maquillen sus cuentas para que todo el
beneficio que realmente obtienen aquí tribute en otro país. Así mismo, la
administración española debe analizar,
para su aplicación, la normativa americana FATCA que entra en vigor en un par
de meses, por la que cualquier entidad financiera del mundo tiene la obligación
de informar, al fisco de EE.UU, sobre los movimientos de cuentas de ciudadanos
americanos, o le retendrán un 30% de todos los pagos que reciban de fuente americana.
En segundo lugar, mejorar los mecanismos
de coordinación con otros países de la Unión Europea y de la OCDE porque
cuántos más nos pongamos de acuerdo, más capacidad de luchar contra esta lacra
tendremos. No basta con firmar convenios
incluso con paraísos fiscales y presumir de ello, como hace el Gobierno, o
amenazar con que se acaba el secreto bancario, lo importante es que remitan de
manera automática información para investigar el fraude sofisticado y eso no
ocurre ahora; sin una actitud activa del Gobierno pasará mucho tiempo hasta que
esa información llegue a la Hacienda española, porque dichos países firman
convenios para que no los señalen con el dedo, pero otra cosa es la
colaboración sincera. Por último,
siempre hay lugar para acciones que tengan un papel ejemplarizante para al
conjunto de la población. España está pendiente de aceptar (o no) la solicitud
de extradición a Suiza de un empleado de banca (el caso Falciani) que posee
información sobre muchos miles de clientes. De esa información varios países (entre
ellos, España) ya han obtenido varios miles de millones de euros en multas y
regularizaciones fiscales (Grecia en un futuro inmediato, gracias a la
colaboración del periodista Kostas Vaxevanis). El secreto bancario no existe en
España, con lo que su violación no está tipificada como delito. Más allá de la
motivación de Falciani, su caso es revelador de la cuantía de las cifras que
rodean este mundo; y, por supuesto, la decisión que tome el Gobierno de Rajoy
revelará, tanto o más que muchas otras decisiones que está tomando, que claro
que hay alternativas, y que gobernar es elegir.
La armonización
fiscal internacional y la lucha
contra los paraísos fiscales son temas
cruciales en las sociedades del siglo XXI, por razones éticas, de defensa del
Estado de derecho, por razones sociales, pero también para salir de la crisis económica. En esa
dirección, hemos propuesto la creación de una comisión en el Congreso de los
diputados que tenga como objetivo tratar específicamente la armonización y coordinación fiscal internacional, lucha contra el fraude fiscal y los
paraísos fiscales.
Pedro
Saura García, es Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista
@pedrosaurag
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