24 junio 2012

La amnistía fiscal también es ideología



Paul Krugman en su habitual columna de El País, del pasado domingo 3 de junio, terminaba diciendo: La recuperación económica nunca ha sido el objetivo; la defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla”. Esto es lo que está sucediendo en España con una política  económica del Gobierno que, a pesar de parecer improvisada y errática a las instituciones europeas y los mercados, es fría y calculada para beneficiar a los poderosos y laminar nuestro incipiente Estado del Bienestar. La crisis,  la reducción del gasto público, incrementar la recaudación, son las excusas perfectas para plantear recortes en educación, el copago en sanidad, para hacer más difícil el acceso a la universidad de los jóvenes,  o para plantear una amnistía fiscal. En definitiva, la crisis económica es, en parte, una coartada para implantar un programa ideológico conservador. Habrá que concluir con Krugman, que la derecha, más que luchar contra la crisis, la usa como excusa para imponer cambios que en otro contexto serían inaplicables por el amplio rechazo social que generan.
La amnistía fiscal de manera directa supone la reducción de los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones,  por la vía del perdón de los impuestos a los defraudarores. Ahora, con la nueva Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 31 de mayo, se va a permitir blanquear dinero negro, incluso con orígenes que pueden ser delictivos. El objetivo declarado del Gobierno es la recaudación, pero no debemos olvidar que el relato impositivo de los neoliberales, ese ha sido el de Montoro estos últimos años, es que bajando los impuestos a los más pudientes se incrementa el ahorro y las posibilidades de la inversión privada.  Por el contrario, será la clase media con una alta propensión a consumir, haciendo un sobre esfuerzo, la que soporte el coste de los servicios públicos, ello irá en detrimento del consumo y de la reactivación económica.   
Una amnistía fiscal tiene costes morales respecto a los contribuyentes y costes reputacionales respecto a todos los ciudadanos, contribuyentes y defraudadores. A cambio, básicamente recauda pero, por sí sola poco. El análisis económico la contempla como una medida excepcional que puede tener sentido sólo en un contexto de endurecimiento de los controles antifraude (Leonhard y Zeckhauser, 1987). Justo lo contrario de lo que sucede con el Gobierno del PP,  cada nueva norma jurídica que aprueba el mencionado Gobierno hace más laxa la lucha contra el fraude.  Otra referencia clásica en la literatura sobre las amnistías fiscales (Stella, 1991) dice que generalmente no consiguen aumentar la recaudación. Lo que sí consiguen es debilitar la confianza en el sistema fiscal.

 Desde luego, el Banco Mundial se muestra muy escéptico[1]. El economista jefe de la OCDE Carlo Padoan[2] ha dicho que “la lucha contra la evasión fiscal no debería ser frustrada con amnistías”.  La OCDE[3],  alerta del riesgo de las mismas.
Pero hay que añadir que la amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012 ha sido improvisada, torpe y con fundadas dudas legales. En primer lugar, con serias dudas de constitucionalidad, por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución que expresamente prevé que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.
 En segundo lugar, el Real Decreto no tiene el rango adecuado para dar cobertura a la amnistía penal, de tal manera que el Gobierno, según lo publicado en los medios de comunicación, ahora va a modificar el Código Penal. Así mismo,  ante un comienzo torpe, tiene que completar el Real Decreto de amnistía  inicial, aprovechando el  Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio. Y aprueba una Orden del Ministerio de Hacienda que se extralimita en el desarrollo del incompleto RDL 12/2012, extendiendo la excusa absolutoria al delito de blanqueo de capitales.
En definitiva, la amnistía fiscal del Gobierno de España, es injusta (con los que pagamos impuestos), ineficaz (porque no va a recaudar lo que pretende) e improvisada (por el penoso diseño técnico).
Pedro Saura García es portavoz de hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
Leonhard y Zeckhauser (1987): “Amnesty, Enforcement, and Tax Policy” en Summers L. (ed.) Tax Policy and the Economy, Volume 1, MIT Press.
Stella, P. (1991): “An Economic analysis of Tax Amnesties”, Journal of Public Economics 46(3), 383-400.

03 junio 2012

Urgente un programa económico para España



En principio, la curva de tipos de la deuda soberana española, con pendiente positiva, nos indicaría que en el corto plazo no hay problemas de liquidez. Incluso, después de las inyecciones de liquidez del BCE de principios de año, la economía española  tendría una mejor situación que en noviembre de 2011. Eso en principio es una buena noticia  que alejaría a España de un rescate inminente. Ahora bien, todo ello puede cambiar en cualquier momento dada la situación verdaderamente inestable  del mercado secundario, las dudas sobre las necesidades de recapitalización del sistema financiero español, etc. Baste recordar que las necesidades de financiación durante 2012, del Estado, la inyección de capital en Bankia, las comunidades autónomas, se van a situar en torno a los 250.000 millones de euros. Sin contar las eventuales nuevas nacionalizaciones derivadas de las conclusiones de los evaluadores internacionales sobre las entidades bancarias españolas.


La perdida adicional de confianza en la economía española, en estos últimos cincos meses, tiene mucho que ver con la ausencia de un programa económico y una estrategia de política económica consistente. Lo último ha sido la lamentable gestión de Bankia y la reforma del sistema financiero. Mario Draghi ha dicho eso de " no se podían haber hecho peor las cosas". De Guindos ha puesto a España al borde del precipicio. Soy de los que piensan que el mejor servicio que el ministro puede hacer a España es comenzar a recoger sus cosas en el ministerio.  Uno de los motivos de preocupación añadidos, a mi juicio, es que el Gobierno está claramente desbordado, sin una hoja de ruta,  a expensas de los acontecimientos, e improvisando. A estas alturas lo más criticable no es que Rajoy no haya cumplido su programa económico con el que se presento a las elecciones generales, lo más preocupante es que no tiene un programa económico articulado para el momento en el que estamos viviendo.

Un programa económico y una hoja de ruta que, desde mi punto de vista, pasaría por:

1º Apostar en Europa por una estrategia progresista para el crecimiento económico. Combinando política fiscal, monetaria, cambiaría y de protección de los derechos sociales y medioambientales, de rentas, de armonización fiscal y de lucha contra el fraude.
2º Creación de la Vicepresidencia económica.
3º Una solución eficaz a los activos tóxicos inmobiliarios en los balances de los bancos, coordinada y consensuada con la Unión Europea. No habría que descartar: la creación de un fondo de garantía de depósitos, y una supervisión bancaria,  a nivel europeo, la compra de activos, y/o cédulas hipotecarias  por parte del BCE.
4º Una política presupuestaria comprometida con los objetivos de austeridad, sostenible, y al mismo tiempo, creíble desde el punto de vista de lograr los compromisos adquiridos con Europa.  
5º Una revisión en profundidad de la política impositiva, que haga sostenible la política social, no distorsione   el crecimiento económico, y sea equitativa. Sin olvidar, una estrategia  ambiciosa en la lucha contra el fraude fiscal.
6º Crear  una oficina presupuestaria en el Congreso de los Diputados, con la inclusión  de profesionales independientes, y presidida por una persona de reconocido prestigio en el campo de la hacienda pública, que realice funciones de análisis, seguimiento de la ejecución presupuestaria y evaluación desde el punto de vista de la eficiencia y la justicia social de la política de gastos y de ingresos.
7º Poner en el centro de la política económica española, y de todas las fuerzas políticas, la competitividad, la internacionalización de las empresas y las exportaciones.