25 noviembre 2012

Las "amnistías" de Rajoy




El PP tiene una estrategia económica: bajar un poco más el listón moral de la sociedad y esperar a ver si hay suerte y que tire  la economía internacional.  O explicado desde la óptica de la economía llevar a cabo una devaluación interna con el objetivo de ser competitivo por abajo, bajando salarios y derechos. 

Dicha estrategia se concreta en  política laboral, financiera, social, también  en la vertiente de los ingresos públicos, a través de  medidas que ponen de manifiesto que a este Gobierno no le guía ni los principios,  ni unos mínimos  fundamentos morales.  

1.       La amnistía fiscal  prevé que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre sociedades o de No residentes que quieran voluntariamente regularizar su situación tributaria podrán hacerlo a través de una declaración tributaria especial y mediante el posterior ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe de la renta o valor del bien no declarados que se pretende regularizar el porcentaje del 10%, perdonando el fisco los tipos de gravamen correspondiente  así como la sanción y los interés de demora, con un agravante,  no se mira la procedencia de las rentas declaradas. Con mayor ignominia  el Gobierno está desarrollando una campaña por tierra, mar y aire para que sea un éxito la amnistía.

2.      La amnistía en la repatriación de dividendos de paraísos fiscales a cambio de un gravamen del 8%,  perdonando los impuestos y multas  correspondientes,  y  justificando la existencia de los paraísos  y no combatiéndolos.

3.      Hemos descubierto una tercera amnistía en el Catastro en el periodo 2013 y 2016, a partir de las enmiendas que el PP ha presentado a la ley de medidas tributarias en tramitación en las Cortes; por el que se perdona una multa que podría ser de hasta 6.000 por unidad catastral frente a una tasa que se crea de 60 euros.

4.       Un nuevo proceso de actualización de balances con un gravamen del 5%, dejando de ingresar recursos en las arcas públicas, pero además en el contexto en el que estamos, sólo se acogerán las empresas que vayan a liquidarse o a realizar fuertes desinversiones en inmovilizado, con el objetivo de disminuir sus potenciales plusvalías.

5.       En la Ley de medidas tributarias se pretenden modificar varios impuestos para considerar deducibles las pérdidas en el juego. Otra vía para blanquear dinero. Con esta medida Fabra, ex Presidente de la Diputación de Castellón,  no tendría que haber comprado billetes de lotería.

6.       Se pretende establecer beneficios fiscales en el IBI y en IAE otorgando bonificaciones del 95% para empresas como “Eurovegas”, evocando claramente una modificación “ad hoc”. Una empresa que, como es conocido, pudiera estar obteniendo  fondos de dudosa procedencia.

Montoro el rey de las amnistías, cuando tiene un problema crea una amnistía.

24 noviembre 2012

Una campaña indecente del gobierno para que triunfe la amnistía fiscal





Quedan pocos días para que concluya el plazo que el Gobierno les dio a los defraudadores a Hacienda para regularizar su situación, en una de las medidas más vergonzosas de cuantas ha adoptado este gobierno. Ignominia sobre ignominia, el Gobierno ha insinuado a quienes defraudaron que ese perdón tiene todos los parabienes legales, ocultando que el recurso que interpuso el PSOE ante el Tribunal Constitucional ha sido admitido a trámite. Yo estoy seguro de que la sentencia del tribunal cuando llegue acabará con esta amnistía. Eso es algo que todos deben saber: los buenos ciudadanos que han cumplido con sus obligaciones, y quienes defraudaron y creyeron que podían eludir sus responsabilidades.

La amnistía fiscal presenta no solo un problema de injusticia en cuanto que a los defraudadores se les perdona los impuestos, sino que además demuestra que la política impositiva del Gobierno carece de principios, porque el Gobierno puede amnistiar actividades ilegales y repugnantes. Es decir, el Gobierno mira para otro lado sobre el origen de las rentas que se van amnistiar. En definitiva, la política impositiva del gobierno carece de fundamentos éticos y morales.

En esa dirección queremos denunciar la campaña indecente que está realizando el Gobierno por tierra, mar y aire para que la amnistía sea un éxito, toda vez que con los datos de recaudación del Agencia Tributaria en los primeros meses ha sido un fracaso, ocultando que existe un recurso al Tribunal Constitucional del PSOE que podría declarar inconstitucional lo declarado.

Es lamentable y muy triste para la ética y la moral comprobar el “road show”, que por toda España,  están llevando a cabo los altos cargos del Ministerio de Hacienda, comenzando por el Secretario de Estado de Hacienda, garantizando a empresarios, bufetes de abogados, agentes económicos en general, que se han modificado las leyes para que no se investigue ni la responsabilidad penal ni la relacionada con la hacienda pública, así como,  ocultando el recurso al Constitucional del PSOE.

19 noviembre 2012

De la amnistía fiscal al "papeles para todos" (los especuladores)





               Hay un debate político y filosófico eterno entre los que creen que las acciones humanas deben ser juzgadas por sus efectos y los que creen que lo importante es la intención. El PP ha dejado obsoleto ese dilema con una batería de medidas que son tan inútiles como inmorales. La amnistía fiscal era hasta hora la referencia en esa nueva categoría, porque al problema ético que puede suponer el perdonar los impuestos sin preguntar  el origen de esas rentas, se une que la medida no está sirviendo para nada, puesto que apenas ha atraído a 50 de los 2.500 millones de euros que esperaban lavar. Lógico, porque al final ética y estética no están tan lejos, y una amnistía sólo tiene sentido si va acompañada de medidas coercitivas contundentes que modifican el ámbito legal de forma tal que por un lado pueden justificar disposiciones transitorias y, de otro, suponen un verdadero incentivo para acogerse a una medida que de otra forma carece de sentido.

               Como el equipo económico del PP hace tiempo que compite entre sí en muchos sentidos, y en particular en elevar el listón del desatino, el Ministerio de Economía lanza ahora la idea de regalar un permiso de residencia con cualquier adquisición de viviendas con valor superior a 160.000 euros. Está claro que España como país necesita vender activos como forma de reducir el fuerte endeudamiento exterior, y la mejor forma es con los activos inmobiliarios, que suponen lo que yo llamaba hace dos años “el otro lado de la deuda”. Ahora bien, aparte de la intención última de la medida, deberíamos dedicarle dos minutos a la forma y al fondo de la propuesta. En cuanto a la forma, es indecente que quienes hace 8 años les negaban derechos a los trabajadores que ya estaban en España trabajando y una empresa quería contratarlos, ahora quieran darle esos mismos derechos a extranjeros que no están en España y no lo necesitan más que para algún tipo de oscura intención. Los mismos que han restringido la Seguridad Social a las personas que conviven entre nosotros se la ofrecen a cualquier persona del mundo con capacidad para comprar una casa, o que esté interesado en la protección legal que le brinde la residencia española.

               Si nos tapamos la nariz y miramos la eficacia previsible de la medida, observamos que parece ser similar a la de la amnistía. Los ciudadanos comunitarios que quieran comprar una vivienda no necesitan el permiso de residencia; los extracomunitarios que quieran disfrutar de vacaciones en España y dispongan de evidentes medios económicos para ello, tampoco, puesto que ya obtienen sin problemas el visado de turista. Quizá se podría relajar en algún caso la normativa que se aplica para dichos visados, ahora que la presión migratoria es menor, pero el permiso de residencia a cambio de una adquisición suena a que por cada caso que realmente cumpla con el objetivo habrá muchos con los perfiles más variados.

               Debemos esperar a ver cómo se concreta esta última ocurrencia. Que se haya difundido el mismo día en que hemos conocido que por primera vez los beneficios han superado a los salarios en España no parece trivial., sino la consecuencia de una política orientada al sufrimiento de la mayoría. Los creadores de un modelo basado en la especulación no renuncian a su criatura a pesar de su evidente fracaso; se trata, tan sólo para ellos, de bajar un poco más el listón moral de la sociedad y esperar a ver si hay suerte. Me temo que no la vamos a tener, tanto si la medida funciona como si no.






07 noviembre 2012

Una fiscalidad para salir de la crisis


Artículo publicado el 7 de noviembre de 2012 en El País 

            En el otoño de 2012 y en la periferia europea nos encontramos con una situación verdaderamente complicada. Resumiendo, la crisis económica ha disparado los déficit públicos y esos déficit han encarecido la financiación, pública y privada, lo que agrava crisis y déficit; todo ello (parece que) hace inevitables duras políticas de ajuste que profundizan en la crisis económica, la transforman en social, y no terminan de solucionar nada.

            Si los recortes de gasto no consiguen tapar el agujero de las cuentas públicas y sin taparlo no avanzamos, no queda más remedio que mirar el lado de los ingresos. Como no se van a recuperar solos en medio de este círculo vicioso, hay dos propuestas sobre la mesa: elevar la fiscalidad (los tipos de algunas figuras existentes o crear nuevos impuestos) o mejorar la lucha contra el fraude. En el caso del incremento de la presión fiscal “nominal” la disyuntiva es parecida en todos los países: en un aumento progresivo, que se centre en los agentes de mayor poder adquisitivo, la capacidad de recaudación puede verse afectada por el efecto de la propia crisis (hay menos beneficios o rentas altas que gravar) y además, si no hay coordinación internacional, puede jugar el efecto “salida” de capitales, pero un aumento de la presión a la clase media sólo profundiza en la propia crisis. En el caso de la lucha contra el fraude fiscal ocurre algo parecido: o nos centramos en el pequeño fraude local o la presión a las grandes empresas, más allá de algún caso sonado, termina por no beneficiar ni a la recaudación ni a la propia actividad económica dada la reacción de las empresas. Somos partidarios de un mejor reparto de los costes de la crisis a través de una fiscalidad más progresiva y de una lucha contra el fraude más efectiva, pero somos conscientes de los problemas de ambos esfuerzos, al menos a corto plazo.

            El panorama dibujado ofrece, además, otra alternativa clara a las políticas seguidas hasta ahora con nulos resultados. Es la movilidad internacional de los grandes patrimonios y la artificiosa movilidad de los beneficios de las grandes empresas,  abusando de los precios de transferencia, la que erosiona la capacidad fiscal de los países. Un resultado adicional de la movilidad es el mayor incentivo a la competencia fiscal entre gobiernos, lo que de nuevo en equilibrio reduce ingresos, aumenta la desigualdad y profundiza en los determinantes últimos de la crisis que padecemos. Porque el resultado de esa competencia fiscal es que países muy pequeños, que no temen represalias comerciales y no tienen servicios públicos que mantener pueden llevar sus tipos impositivos al cero, en lo que se conoce como paraísos fiscales, pero que más bien son la causa de los infiernos sociales que amenazan al mundo desarrollado.
           
            El resultado de la competencia fiscal será todo lo indeseable que se quiera, pero no deja de ser un equilibrio; es decir, cuanto más nos esforcemos algunos en coordinar políticas “justas”, mayor será el incentivo de otros a desviarse y atraer con rebajas grandes “clientes”. No cabe el consenso en este tema, de la misma forma que no cabe relativizar su importancia (puede ampliarse la información sobre el tamaño de este agujero negro que amenaza a la economía mundial en muchas fuentes, como por ejemplo taxjustice.net). La cuestión, por tanto es qué hacer. Y la respuesta tiene que ser: todo lo posible y ya. Esto implica al menos tres tipos de actuaciones.

            En primer lugar, mejorar el marco legal nacional para dotarnos de mecanismos para perseguir los artificios contables que trasladan riqueza, renta y beneficios fuera del país sin el necesario cumplimiento de las obligaciones fiscales. No puede ser que empresas multinacionales maquillen sus cuentas para que todo el beneficio que realmente obtienen aquí tribute en otro país. Así mismo, la administración española  debe analizar, para su aplicación, la normativa americana FATCA que entra en vigor en un par de meses, por la que cualquier entidad financiera del mundo tiene la obligación de informar, al fisco de EE.UU, sobre los movimientos de cuentas de ciudadanos americanos, o le retendrán un 30% de todos los pagos que reciban de fuente americana.  En segundo lugar, mejorar los mecanismos de coordinación con otros países de la Unión Europea y de la OCDE porque cuántos más nos pongamos de acuerdo, más capacidad de luchar contra esta lacra tendremos. No basta con firmar  convenios incluso con paraísos fiscales y presumir de ello, como hace el Gobierno, o amenazar con que se acaba el secreto bancario, lo importante es que remitan de manera automática información para investigar el fraude sofisticado y eso no ocurre ahora; sin una actitud activa del Gobierno pasará mucho tiempo hasta que esa información llegue a la Hacienda española, porque dichos países firman convenios para que no los señalen con el dedo, pero otra cosa es la colaboración sincera.  Por último, siempre hay lugar para acciones que tengan un papel ejemplarizante para al conjunto de la población. España está pendiente de aceptar (o no) la solicitud de extradición a Suiza de un empleado de banca (el caso Falciani) que posee información sobre muchos miles de clientes. De esa información varios países (entre ellos, España) ya han obtenido varios miles de millones de euros en multas y regularizaciones fiscales (Grecia en un futuro inmediato, gracias a la colaboración del periodista Kostas Vaxevanis). El secreto bancario no existe en España, con lo que su violación no está tipificada como delito. Más allá de la motivación de Falciani, su caso es revelador de la cuantía de las cifras que rodean este mundo; y, por supuesto, la decisión que tome el Gobierno de Rajoy revelará, tanto o más que muchas otras decisiones que está tomando, que claro que hay alternativas, y que gobernar es elegir.

            La armonización fiscal internacional  y la lucha contra  los paraísos fiscales son temas cruciales en las sociedades del siglo XXI, por razones éticas, de defensa del Estado de derecho, por razones sociales, pero también  para salir de la crisis económica. En esa dirección, hemos propuesto la creación de una comisión en el Congreso de los diputados que tenga como objetivo tratar específicamente la  armonización y coordinación  fiscal internacional,  lucha contra el fraude fiscal y  los  paraísos fiscales.

Pedro Saura García, es Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista
@pedrosaurag







04 noviembre 2012

Internacionalismo, fiscalidad y Paraísos fiscales



La lucha contra el fraude y la lucha contra los paraísos fiscales es un tema crucial en las sociedades del siglo XXI, por razones éticas, de defensa del Estado de derecho, por razones sociales, pero también  para salir de la crisis económica.

La movilidad internacional de los grandes patrimonios y la artificiosa movilidad de las grandes empresas, entre ellas las multinacionales erosionan la capacidad fiscal de los países. Un resultado adicional de la movilidad es el mayor incentivo a la competencia fiscal de los gobiernos a bajar impuestos “efectivos” a las grandes corporaciones y patrimonios, lo que de nuevo reduce ingresos públicos, aumenta la desigualdad y profundiza en los determinantes últimos de la crisis que padecemos.

Porque el resultado de esa competencia fiscal es que países muy pequeños, que no temen represalias comerciales y no tiene servicios públicos que mantener pueden imponer tipos impositivos  que tiendan a cero, en lo que se conoce como paraísos fiscales, pero que más bien son la causa de los infiernos sociales que amenazan el Estado del Bienestar en el mundo.

 Es por ello  necesario atajar de raíz el problema y  ni los gobiernos, ni los parlamentos, ni los responsables políticos,  pueden mirar para otro lado. Por tanto, es preciso dotarnos de mecanismos y de acciones nacionales,  pero también de coordinación europea e internacional, porque cuánto más nos pongamos de acuerdo, más capacidad de luchar contra esta lacra tendremos.

Y  de manera  más urgente en Europa, luchar contra paraísos fiscales, contra el abuso de los precios de transferencia que aplican las multinacionales y contra la competencia fiscal entre socios de efectos perniciosos para todos, como se está viendo en el caso de Luxemburgo  e Irlanda

Con relación a todo ello, recientemente,  he registrado otro conjunto de iniciativas en el Congreso de los Diputados relacionadas con  la fiscalidad internacional:

- Crear una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Hacienda, que tenga como objetivo tratar específicamente la armonización y coordinación fiscal internacional, lucha contra el fraude fiscal y los Paraísos Fiscales.

- ¿ Cuántas regularizaciones, y en qué cuantía, ha hecho la Agencia Tributaria para corregir la política de precios de transferencia que realizan las multinacionales para eludir el pago de impuestos en España?.

-  ¿ Qué información ha solicitado el Gobierno y recibido de Luxemburgo, en lo que llevamos de año, sobre SICAV registradas allí con partícipes de España?.

- ¿ Qué información con trascendencia fiscal, para investigar posibles fraudes, ha solicitado el Gobierno a Suiza?, ¿ Cuál ha sido la respuesta de las autoridades suizas?.

Es sin duda, también  el gran reto del internacionalismo de la izquierda, coordinar esfuerzos  para evitar el "race to the botton" en impuestos y para crear un cerco absoluto en torno a los paraísos fiscales. 

Finalmente, desde mi punto de vista, uno de los pilares sobre el que se tiene que asentar una política económica alternativa y  de futuro   en España es la fiscalidad internacional. 











01 noviembre 2012

Una reforma fiscal para el crecimiento y la igualdad



Os dejo mi intervención, del martes de esta semana en el Pleno del Congreso, con motivo de la enmienda a la totalidad que hemos presentado al Proyecto de Ley de medidas tributarias para 2013. En ella, hago una crítica a la política impositiva del Gobierno, y posteriormente, planteo los pilares de la reforma fiscal que necesita España.


 "La enmienda a la totalidad que presenta mi grupo no es solamente una enmienda a la totalidad a este Proyecto de Ley, es una enmienda a la totalidad a su política  fiscal;  a la política impositiva de este  Gobierno.

Sr. Ministro su política impositiva se resume en una idea: la mayor subida de los tipos impositivos de la democracia a las rentas medias, perdonándole los  impuestos a los incumplidores.

Y esto tiene tres consecuencias:

1ª Lastra el crecimiento económico.

 Profundiza  en la desigualdad en España, se profundiza en el sufrimiento de los ciudadanos, de las familias, de las rentas medias y de los trabajadores.

3ª   Pero lo más importante: carece de Principios!!.

 Sin perder de vista una cuarta consecuencia:

No generan confianza, porque ahondan en la recesión, y porque muchos de los cambios que proponen son puros parches, retoques con vocación temporal.

  
Las consecuencias de la  política impositiva del Gobierno:

1.     Incrementa la desigualad social.  Se  suben los impuestos a las rentas más humildes y rentas medias, el IRPF el IVA( con una subida media del 17%),  y sin embargo, el Gobierno está haciendo lo humano  y los divino, para que los defraudadores no paguen lo que deben pagar.

No fue suficiente una Real Decreto Ley; aprueban  una Orden Ministerial para no mirar la procedencia del dinero; plantean una modificación en el Cogido Penal   que busca dar seguridad jurídica al defraudador  en cuanto a que no se van a iniciar  acciones penales en relación al delito de blanqueo de capitales; dos informes de la Dirección General del Tesoro en los que se sugiere, a los defraudadores,  que estas declaraciones son información reservada  incluso para la Inspección de Hacienda.

Hay una campaña indecente, por tierra, mar y aire, ante los defraudadores para que la Amnistía sea un éxito. ¿ Qué principios son estos Sr. Ministro?.

No termina ahí la indecencia, el anterior Gobierno  luchaba contra los paraísos fiscales ahora, con el Gobierno del PP, se justifica  la existencia de paraísos fiscales,  se le perdona los impuestos a los que tienen dividendos en esos repugnantes lugares. Paraísos para unos pocos que son el origen de infiernos para la mayoría, que son el origen de los infiernos sociales.

Todo ello contribuye, sin duda,  por la vía de los impuestos, a incrementar la desigualdad en España

2.      Cuando se incrementa la desigualdad se lastra el crecimiento.

En ese escenario, los ciudadanos con rentas bajas y medias tienen una demanda efectiva menor, por tanto,  menos crecimiento, se recauda menos y se incrementa el déficit.

3.     Lo que proponen básicamente en el Impuesto de Sociedades   son soluciones con vocación temporal, son puros parches y retoques, sin emprender, una reforma integral del impuesto.  

No hay una reforma estructural del Impuesto de Sociedades. En realidad son medidas coyunturales que implican pan para hoy y hambre para mañana.

 Y eso no genera confianza a los mercados, porque no resuelve el problema de la suficiencia recaudatoria para reducir el déficit público.
  
Y le digo más la confianza en la política impositiva del Gobierno es clave para evitar la segunda intervención, la intervención total de la economía española.

Mire Sr Ministro,  la subida del IS a las grandes empresas no es la reforma profunda que necesita el impuesto sino una simple adelanto de recaudación a través de la elevación de los pagos a cuenta sobre todo de 2012 y también en 2013, y  vía limitación de la deducibilidad de las amortizaciones en 2013 y 2014,  pero esos adelantos de recaudación revertirán en 2014 y 2015, trasladando a esos ejercicios el problema.

En diez meses, en el ámbito tributario, Sr. Ministro, el Gobierno ha presentado a esta Cámara 3 Reales Decretos, 3 Proyectos de Ley, 1 Proyecto de Ley orgánica. En definitiva, 7 textos legislativos con contenido tributario. En los que ha habido de todo menos una reforma fiscal en profundidad.

Ahora rescato a la deducción a la compra de vivienda a las rentas altas, ahora desaparecen las deducciones a la compra de vivienda.

Ahora apruebo una amnistía fiscal, y reduzco los recursos destinados a la Agencia Tributaria, ahora apruebo una ley de lucha contra el fraude.

Ahora apruebo una ley de lucha contra el fraude, ahora permito que las pérdidas del juego se  descuenten  del importe de las ganancias del juego, o que incentive la economía de un casino de dudosa procedencia.

A un inspector o subinspector de Hacienda por la mañana se le dice que mire para otro lado ante los defraudadores y por la tarde que luche contra el fraude.

Por cierto, Sr. Ministro, saca usted pecho, por los resultados de la Agencia Tributaria en materia de lucha contra el fraude.

Pero todo los especialistas saben, y en el Agencia en particular, que eso tiene que ver con las medidas que se tomaron en el pasado, porque usted en su Plan de lucha contra el fraude para este año, no ha tomado ni una sola medida nueva.

Todos los especialistas saben que los resultados de la recaudación dependen de trabajos de entre un año y dos atrás; y de ejecuciones de sentencias judiciales que proceden de trabajos de los funcionarios de la  Agencia de muchos más años atrás.

Pero sobre todo ha  desaprovechado, Sr Ministro,  la oportunidad de presentar una ambiciosa reforma fiscal.

Su discurso económico en materia de impuestos, como el del déficit público, es pura ideología y puro fracaso.

·       Ustedes nos decían  antes de las últimas elecciones,  y ahora nos dicen también, a través de los presupuestos,  que el principal problema fiscal de nuestro país es el  gasto público, la  dimensión del sector público y el Estado del Bienestar. Yo no digo, que haya que plantear cambios profundos  en el sector público para mantener el mismo nivel de servicios.

 Pero el problema fiscal más importante de nuestro país se llama:  ingresos públicos!. Nuestra presión fiscal es casi 10 puntos menos que la media de la UE-17, tenemos los ingresos sobre PIB más bajos de Europa (solo Lituania, Eslovaquia y Bulgaria recaudan menos que España).

·        Y es puro fracaso. Porque el PP nos dijo a los españoles, a través de su programa electoral que bajaría los impuestos, para de esa forma incentivar la actividad económica, y por ende, aumentar la recaudación, sin embargo, han aprobado  las mayores subidas de impuestos a las familias y  a los profesionales de la  democracia.

Por cierto, espero que usted haga una valoración prudente de los resultados de la recaudación del mes de septiembre que presentan hoy, y  no extraiga conclusiones equivocadas.

Tres son los motivos para la cautela:

-        El Efecto anticipación del consumo en agosto por la subida del IVA en septiembre. Como lo pone de manifiesto las ventas minoristas de septiembre, caen un 12,6% a precios constantes.

-        Los ingresos de las retenciones sobre los intereses pagados por el Tesoro sobre la deuda pública, que se devuelven el mes siguiente.

-        Y con toda probabilidad se ha retrasado el ritmo de devoluciones del IRPF, IS e IVA.

En definitiva, es necesaria una reforma fiscal para recuperar la base impositiva que nos permita  abordar la falta de crecimiento de nuestro país y  la desigualdad creciente

Que debe pivotar sobre  tres pilares:

1.     Que no paguen más impuestos los que ya pagan. Que paguen impuestos los que no pagan.  El fraude fiscal, la elusión fiscal y los paraísos fiscales deben de estar en el corazón de la agenda política.

No se equivoque, Sr. Ministro, el fraude no está en el fontanero, está en las grandes corporaciones, en las multinacionales, en los paraísos fiscales.

Para la derecha la globalización es una buena excusa para eliminar los impuestos, para la izquierda la globalización debe ser una oportunidad para extender el estado del bienestar.

2.     Una reforma que permita tener un sistema impositivo claro, sencillo, transparente, que elimine deducciones y exenciones ineficientes e injustas, y atractivo a la inversión y al esfuerzo de trabajadores y empresarios.


3.     Una reforma fiscal que grave a las grandes propiedades,  a los grandes patrimonios, a las grandes herencias. Ello no desincentiva el crecimiento económico, todo lo contrario,  y además contribuye a un reparto más justo de la salida de la crisis.

Un sistema impositivo óptimo puede combinar los estímulos al crecimiento económico con más justicia social, a eso aspira la sociedad española.
Sr Ministro, sus medidas impositivas no consiguen ni una cosa ni la otra, pero sobre todo carecen de Principios!."