09 febrero 2016

La agenda económica de un nuevo Gobierno


El año 2016 comienza, desde un punto de vista económico, con evidentes nubarrones, como la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento en el mundo, en gran parte, como consecuencia de los interrogantes sobre la evolución de la economía china, y sus consecuencias deflacionistas. Desgraciadamente en ese contexto la política monetaria expansiva, empleada por los principales bancos centrales, presenta unos  rendimientos marginales decrecientes.

El mencionado escenario deflacionista, que afecta especialmente a países como España,  no solamente se explica por razones coyunturales, sino que tiene también su origen en factores estructurales, como un empeoramiento de la calidad del empleo, un incremento de las desigualdades, o unos  modestos incrementos de la productividad. Sin duda, en la actualidad, el crecimiento económico no es garantía de un incremento del bienestar en nuestra sociedad.

No menos preocupante es la herencia que recibirá el nuevo Gobierno. Una de las más importantes: la política fiscal y presupuestaria. El guarismo del déficit público, que la Comisión sitúa cerca del 5%,  podría frenar el crecimiento económico y la salida de la crisis. El dato de déficit más alto de la Unión Europea.  El Gobierno, de manera irresponsable, ha venido realizando una política fiscal procíclica, es decir, irresponsablemente bajó los impuestos antes de las elecciones, básicamente para beneficiar a las rentas más altas, en 10.000 millones de euros, poniendo  en riesgo la salida de la crisis, implicando además una transferencia de bienestar de las rentas más bajas a las rentas más altas.  En realidad,  la Comisión Europea con la publicación de sus previsiones de invierno tumba los Presupuestos Generales del año 2016.

Ante la desconfianza de la Comisión Europea hacia el Gobierno de España en materia fiscal, por los reiterados incumplimientos, el nuevo Gobierno deberá negociar con la Comisión Europea una nueva senda de reducción del déficit público teniendo en cuenta la herencia del Gobierno de Rajoy, creíble, rigurosa, con medidas concretas y cuantificadas de nuevos ingresos y  gastos públicos,  que ayude a la salida de la crisis y que contribuya a restañar las desigualdades creadas por la crisis y las políticas conservadoras del PP. Una senda que tenga en cuenta el proceso deflacionista que vive, también,  la economía española. Es verdad, que la economía española crece alrededor del 3%, pero es un crecimiento apoyado en un proceso de devaluación interna y un entorno internacional de precios muy contenidos, cuestiones estas últimas que limitan las bases imponibles, los ingresos públicos y, en particular, los ingresos de la Seguridad Social. Dicho de otra manera,  en la negociación con la Comisión Europea de la nueva senda, hay que contar con el contexto deflacionista en el que vive la economía española, que evidentemente tenemos que ir cambiando progresivamente.

Otro de los problemas que heredará el nuevo Gobierno  es la ausencia de reformas estructurales. En nuestro país no se han aprobado ni una de dichas reformas desde el rescate financiero. Es más, la política económica del Gobierno del Sr Rajoy no apostó por las fuentes permanentes del crecimiento, fiándolo a los vientos de cola que venían del exterior.

Estos días muchos analistas económicos nos hablan de la incertidumbre política y sus consecuencias sobre la economía. Incluso tratan de medir el coste de dicha incertidumbre. Difícil empeño, aunque loable. La incertidumbre no es una variable exógena, sino el producto de muchos elementos que actúan conjuntamente. No obstante, lo más relevante es cómo gestionar la pluralidad y la complejidad política en nuestro país. Una pluralidad que ha venido para quedarse. La cuestión no es cuantificar el coste de la incertidumbre, sino avanzar mecanismos de gestión de esa “incertidumbre”,  de ese nuevo marco político.

Y sin duda, se puede construir una agenda económica para un nuevo Gobierno, entre distintas fuerzas políticas, que se puede asentar sobre tres pilares que se interrelacionan y se retroalimentan: la lucha contra la corrupción, la regeneración de las instituciones y la descolonización de las mismas por parte de los partidos políticos; la apuesta por la reducción de las desigualdades, con políticas ex ante y ex post;  y la modernización de la economía.