Nuevas visiones sobre el crecimiento y las empresas

Necesitamos nuevas ideas y huir de las ideas preconcebidas y los mitos.

http://www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Growth/Restarting_the_US_small_business_growth_engine_3032

10 Costes del fraude fiscal y los paraísos fiscales y 10 propuestas

Nos han publicado un artículo en la Revista Temas para el Debate incluido en el número 220 relativo a Fiscalidad y Solidaridad.

En dicho artículo abordabos 10 costes del fraude fiscal y los paraísos fiscales y 10 propuestas para combatirlos.

La elusión y la evasión fiscal no solamente tiene su repercusión en las cuentas públicas; también afecta a la toma de decisiones personales de ahorro y trabajo;  afecta a las decisiones empresariales; a la demografía empresarial; y al modelo de crecimiento resultante.

Os dejo el enlace

http://es.scribd.com/doc/127572166/ARTICULO-REVISTA-TEMAS

Europa tiene que actuar urgentemente contra el fraude fiscal

Os dejo el Proyecto de Informe de la eurodiputada Mojca Kleva sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, que será debatido en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo el próximo 19 de Febrero.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-504.066&secondRef=01&language=ES

Y os dejo  una nota resumen de dicha iniciativa realizada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas & Demócratas en el Parlamento Europeo:

"Los Estados miembros de la Unión Europea han de comprometerse para lograr que en el 2020 la brecha fiscal existente en la actualidad se reduzca a la mitad y en el desarrollo de una estrategia global, basada en acciones legislativas concretas tales como la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales.

Esta es una de las principales recomendaciones del informe presentado por la eurodiputada socialdemócrata, Mojca Kleva, y que será discutido el próximo jueves 19 de Febrero en el Comité para asuntos económicos y financieros del Parlamento Europeo.

Según esta eurodiputada eslovena del grupo socialdemócrata: “Se estima que un trillón de euros provenientes del dinero público se pierde cada año debido al fraude fiscal y a la evasión de capital en la Unión Europea. El valor de dicha pérdida (brecha) fiscal es alarmante y le cuesta a cada ciudadano europeo unos 2000 euros al año. Esta es una razón más que suficiente para actuar sin demora”.

En una economía globalizada como la actual donde no existen fronteras naturales frente al fraude fiscal y la evasión de impuestos, las medidas unilaterales de ámbito nacional no pueden surtir los efectos deseados. La Unión Europea debe reforzar, coordinar y simultanear la acción a nivel nacional y europeo para frenar este problema.

Los lideres de la Unión Europea han de llegar a un acuerdo basado en una meta ambiciosa y realista al mismo tiempo: Reducir a la mitad el fraude (brecha) fiscal para el año 2020. Avanzando en esta meta, los estados miembros podrían conseguir gradualmente unos nuevos ingresos, sin aumentar los impuestos ya existentes, ingreso del orden de varios cientos de billones de euros por año.

Esto representa una gran cantidad de ingresos para los estados miembros que podrían ser utilizados en facilitar la inversión en crecimiento y creación de puestos de trabajo. Los esfuerzos para reducir la deuda pública y el déficit de los países europeos han de ser asumidos solidariamente por todos y no sólo por aquellos que pagan sus impuestos. Ahora es el momento de perseguir a todos los defraudadores fiscales”.

Dicho informe fijar también las acciones legislativas que habrían de tomarse a nivel europeo con el fin de alcanzar dicha meta:

-          Revocación de la licencia bancaria a las instituciones financieras que ayuden a sus clientes a la hora de realizar un fraude fiscal.

-          Garantizar la obligatoriedad de una Bases Imponible Común del Impuesto sobre Sociedades.

-          Modernizar y ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva europea de Ahorros.

-          Fortalecimiento de la regulación de los registros mercantiles y los fondos de confianza.

TOMAR LA INICIATIVA EN LA LUCHA CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

En su informe, la Sra. Kelva Kesus también argumenta que la Unión Europea debe liderar la lucha contra los paraísos fiscales. La estrategia esta basada en una clara definición y unos criterios comunes claros sobre la identificación de dichos paraísos fiscales, así como las medidas adecuados (tales como la elaboración de una lista negra europea, la suspensión o finalización de los acuerdos de Doble Imposición existentes) que deberían de aplicarse en todas las jurisdicciones implicadas.

“Necesitamos establecer una medidas adecuadas en el ámbito de la UE para hacer frente a aquellos países no comunitarios que vienen prestando asistencia a estos individuos, así como a las instituciones financieras que facilitan el fraude fiscal  y la actividades de evasión de capitales dentro de la Unión Europea”, subrayo Mojca Kleva Kekus".

Es urgente una estrategia fiscal

Os dejo el libro Socialdemocracia y Economía coordinado por Rafael Simancas y Inmaculada Rodríguez-Piñero. En él he participado con un capitulo titulado Una nueva arquitectura fiscal: eficiencia y equidad, que podéis leer a partir de la página 127.


http://www.bubok.es/libros/221463/SOCIALDEMOCRACIA-Y-ECONOMIA

¿ Es la competitividad de izquierdas?

Desde mi punto de vista uno de los debates más importantes, y clave, para el futuro de España,  para el futuro de la izquierda, y para el futuro del PSOE,  es el de la competitividad.

Aquí os dejo un artículo que me publican en El país sobre esta cuestión.

La competitividad es un concepto que para muchos refleja una visión agresiva, mercantilista de la realidad. Para otros es una necesidad, no ya para la salida de la crisis, que por supuesto, sino para ubicar a cualquier país en el siglo XXI. La conclusión aparente entre estos dos enfoques es que la izquierda tiene un reto, porque ningún país puede aspirar a un futuro con un mínimo de bienestar si antes no acota en qué aspectos puede aportar y generar riqueza en una economía mundial integrada. Debemos, por tanto, hacer un esfuerzo para imaginar visiones progresistas de la competitividad. Veamos dos posibilidades.

            Dentro de la izquierda norteamericana hay una tradición liberal y competitiva que centra su izquierdismo en el rechazo a las herencias. En este enfoque, el triunfo gracias al esfuerzo personal, a la asunción de riesgos y a las propias aptitudes es parte fundamental de “la sal de la vida”. La competencia es un valor en sí mismo y el atractivo de competir y ganar es tal que no requiere de grandes premios económicos, pero sí del reconocimiento social porque ese esfuerzo nos hace mejores a todos. Para alguien con esa mentalidad “deportiva” no es necesario machacar al perdedor, que tiene que tener el reconocimiento de haberlo intentado y el estímulo para mejorar y volver. Por supuesto, lo mejor que se puede hacer por un hijo es prepararlo para la vida, y no aburguesarlo con lujos y herencias que sólo lo incapacitan para la cultura del esfuerzo. Esta tradición se ve a sí misma como lo contrario al conservadurismo europeo que no arriesga (ni pobres ni ricos) y hereda la posición social. Por eso hay tantos millonarios en USA que firman a favor de impuestos a las herencias y que están a favor de un cierto estado del bienestar, siempre que la red no haga que la gente se quede tumbado en ella en lugar de esforzarse por saltar.

            Dentro de Europa, la tradición de una visión progresista de la competitividad es muy diferente. El socialismo ha desarrollado al menos desde los tiempos de Robert Owen la idea de que el conjunto de la sociedad puede organizar la producción de manera eficiente si los trabajadores tienen la capacidad de decisión necesaria. En este caso el centro no es la competencia entre individuos, sino la competitividad de sociedades cohesionadas. Los trabajadores rechazan el absentismo y a los que se escaquean cuando entienden que el proyecto empresarial les es propio, de la misma forma en que rechazan a los defraudadores cuando perciben que ellos son las víctimas de ese fraude. En una sociedad ideal el trabajador no se limita a exigir al Estado o a la empresa sus derechos, sino que él es parte esencial de la toma de decisiones de Estado y empresa. La tan cacareada flexibilidad que exige la derecha significa en el diccionario “capacidad para doblarse sin partirse”; lo que necesitamos es elasticidad, “capacidad para recuperar la forma tras cesar la fuerza que la deformaba”. Para ello los trabajadores necesitan el control de ciertas decisiones en la empresa. Las cooperativas reaccionan mejor a una crisis porque los ingresos de sus trabajadores caen de manera menos conflictiva, porque conocen la situación y tienen la capacidad de recuperar sus ingresos cuando las cosas mejoren. La cogestión en países como Alemania apunta en la misma dirección. La clave del éxito de comunidades autónomas como la del  País Vasco es la implicación de los trabajadores, porque eso da lugar a empresas que apuestan más por la calidad y la formación que por el crecimiento rápido (del crecimiento rápido se benefician los capitalistas y otros trabajadores, pero sus riesgos los padecen los actuales, que por eso son remisos).

            Las diferencias entre ambos continentes han generado ecosistemas distintos. Las empresas alemanas son más estables y tras 120 años siguen liderando sectores como el automóvil o la electrónica, porque basan su progreso en la innovación de procesos para mejorar el producto existente, y ahí la calidad y la implicación de los trabajadores es fundamental. En Estados Unidos las mayores empresas cambian continuamente porque el modelo prima la innovación de producto y facilita el crecimiento rápido de las empresas guiado por un empresario rupturista en su visión. Los dos ecosistemas funcionan y pueden acoger visiones progresistas. Lo que no es posible es querer progresar con partes incompatibles de ambos modelos, protección alemana y flexibilidad americana nos lleva a no ser ni competitivos ni equitativos, y ahí es donde la izquierda española tiene un amplio camino de renovación pendiente. En caso contrario, hace creer a los ciudadanos que la competitividad necesaria sólo es posible de la mano de la derecha, recortando derechos y compitiendo con los nuevos países industrializados en una carrera que nunca podemos ganar.  En cualquier caso, cómo compatibilizar el futuro de la economía española con la lucha por una sociedad más justa y democrática es el principal reto pendiente para una renovación ideológica inaplazable.

En el caso español, hay una coincidencia entre el reto de la adaptación ideológica de la izquierda con los retos  de la economía española, porque cuando se concluye que hay que apostar  por el crecimiento económico, a continuación la pregunta relevante es de dónde va a venir ese crecimiento, desde mi punto de vista la respuesta es clara: de una mayor competitividad de la economía española. Y el factor  relacionado con la competitividad y la  internacionalización sobre el que más ha insistido  la literatura económica de la última década es el tamaño de empresa,   precisamente la dimensión de la empresa juega un papel muy importante para exportar más variedades, más productos, más sofisticados, más cantidades y a más países;  pero, también permite  unas relaciones laborales más equilibradas ,con una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones, una menor temporalidad  y unos trabajadores más cualificados con salarios más altos.  Por tanto, es posible imaginar y concretar visiones progresistas de la competitividad que permitan  sacrificios de los trabajadores, en el corto plazo, a cambio de una mayor reciprocidad en la toma de decisiones  de la empresa y de los beneficios futuros. Ello no sólo solventaría los problemas financieros de la empresa, sino que además contribuiría  a cimentar empresas más innovadoras y más eficientes para el futuro.    

La Amnistía Fiscal: nacida para fracasar

Hay un debate político y filosófico eterno entre los que creen que las acciones humanas deben ser juzgadas por sus efectos y los que creen que lo importante es la intención. El PP ha dejado obsoleto ese dilema con una batería de medidas que son tan inútiles como inmorales. La amnistía fiscal es la referencia en esa nueva categoría, porque al problema ético que puede suponer el perdonar los impuestos sin preguntar  el origen de esas rentas, se une que la medida no ha cumplido los objetivos que se había marcado el Gobierno. Y es lógico, porque al final principios y resultados no están tan lejos, y una amnistía sólo tiene sentido si va acompañada de medidas coercitivas contundentes que modifican el ámbito legal de forma tal que, por un lado, pueden justificar disposiciones transitorias y, de otro, suponen un verdadero incentivo para acogerse a una medida que de otra forma carece de sentido. En definitiva, la amnistía fiscal ha fracasado por los dos lados: por los recursos que ha obtenido y por lo que ha dejado de obtener. Y de esos fracasos querría hablar a continuación.

En primer lugar, ha  contribuido a destruir la “conciencia fiscal” de nuestro país a cambio de obtener 1.191 millones de euros, una cantidad que apenas va a representar dos décimas del déficit público que hay que cubrir este año.  Todo ello si  es correcta la cifra que ha hecho pública el Ministro de Hacienda, porque mucho me temo que la haya inflado, incluyendo por ejemplo las declaraciones complementarias que se hacen de manera habitual todos los años por los contribuyentes, o los ingresos procedentes del gravamen especial de los dividendos de fuente extranjera, ese otro regalo fiscal para amnistiar dividendos españoles en paraísos fiscales.

Pero ese deterioro de la “conciencia fiscal ” va a ser más importante de lo que podríamos haber pensado cuando el Gobierno aprobó  la amnistía, antes de la indecente interpretación de la Dirección General de Tributos sobre Decreto Ley que la  aprueba, por ello  el Gobierno ahora quiere ocultar a la opinión pública que una gran parte de los capitales sobre los que se ha aplicado la amnistía es sobre los prescritos, en ese caso el gravamen se aplica sobre las rentabilidades de los mismos, luego el tipo que finalmente han pagado los que se han acogido a la medida, se sitúa muy por debajo del 10%, muy probablemente alrededor de un 2%, ello indica lo “barato” que les ha salido a los defraudadores esta medida.

Otra de las consecuencias,  del deterioro de la   “conciencia fiscal” o como la llaman otros autores la “moral fiscal”, es que supondrá un incremento de la economía sumergida y una  caída en la recaudación fiscal en los próximos años. Una referencia clásica en la literatura sobre las amnistías fiscales (Stella, 1991) dice que generalmente no consiguen aumentar la recaudación, más bien lo contrario. Lo que sí consiguen es debilitar la confianza en el sistema fiscal.   Desde luego, el Banco Mundial se muestra muy escéptico. El economista jefe de la OCDE Carlo Padoan  ha dicho que “la lucha contra la evasión fiscal no debería ser frustrada con amnistías”.  La OCDE alerta del riesgo de las mismas.

  

Pero, también ha fracasado la Ley de lucha contra el fraude que acaba de ser aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados; no ha supuesto un incentivo para que los defraudadores se hayan acogido  a la amnistía, en la medida que  no incluye una estrategia ambiciosa e integral  de lucha contra el fraude. Una amnistía fiscal tiene costes morales respecto a los contribuyentes y costes reputacionales respecto a todos los ciudadanos, contribuyentes y defraudadores. A cambio, básicamente recauda pero, por sí sola poco. El análisis económico la contempla como una medida excepcional que puede tener sentido sólo en un contexto de endurecimiento de los controles antifraude (Leonhard y Zeckhauser, 1987).

La amnistía es un fracaso desde el punto de vista de los fundamentos morales, y  desde el punto de vista de los resultados, también es innecesaria, porque hay otros procedimientos decentes por los que se hubiera recaudado muchos más, frente a los 1.191 cabe contraponer que la lucha contra el fraude en 2011 dio como resultado 10.400 millones  y en los últimos siete años 56.000 millones de euros. Y estoy persuadido que con un conjunto de medidas integrales de lucha contra el fraude y el gran fraude internacional los resultados pueden ser muy  positivos en el futuro. 

Las "amnistías" de Rajoy

El PP tiene una estrategia económica: bajar un poco más el listón moral de la sociedad y esperar a ver si hay suerte y que tire  la economía internacional.  O explicado desde la óptica de la economía llevar a cabo una devaluación interna con el objetivo de ser competitivo por abajo, bajando salarios y derechos. 

Dicha estrategia se concreta en  política laboral, financiera, social, también  en la vertiente de los ingresos públicos, a través de  medidas que ponen de manifiesto que a este Gobierno no le guía ni los principios,  ni unos mínimos  fundamentos morales.  

1.       La amnistía fiscal  prevé que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre sociedades o de No residentes que quieran voluntariamente regularizar su situación tributaria podrán hacerlo a través de una declaración tributaria especial y mediante el posterior ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe de la renta o valor del bien no declarados que se pretende regularizar el porcentaje del 10%, perdonando el fisco los tipos de gravamen correspondiente  así como la sanción y los interés de demora, con un agravante,  no se mira la procedencia de las rentas declaradas. Con mayor ignominia  el Gobierno está desarrollando una campaña por tierra, mar y aire para que sea un éxito la amnistía.

2.      La amnistía en la repatriación de dividendos de paraísos fiscales a cambio de un gravamen del 8%,  perdonando los impuestos y multas  correspondientes,  y  justificando la existencia de los paraísos  y no combatiéndolos.

3.      Hemos descubierto una tercera amnistía en el Catastro en el periodo 2013 y 2016, a partir de las enmiendas que el PP ha presentado a la ley de medidas tributarias en tramitación en las Cortes; por el que se perdona una multa que podría ser de hasta 6.000 por unidad catastral frente a una tasa que se crea de 60 euros.

4.       Un nuevo proceso de actualización de balances con un gravamen del 5%, dejando de ingresar recursos en las arcas públicas, pero además en el contexto en el que estamos, sólo se acogerán las empresas que vayan a liquidarse o a realizar fuertes desinversiones en inmovilizado, con el objetivo de disminuir sus potenciales plusvalías.

5.       En la Ley de medidas tributarias se pretenden modificar varios impuestos para considerar deducibles las pérdidas en el juego. Otra vía para blanquear dinero. Con esta medida Fabra, ex Presidente de la Diputación de Castellón,  no tendría que haber comprado billetes de lotería.

6.       Se pretende establecer beneficios fiscales en el IBI y en IAE otorgando bonificaciones del 95% para empresas como “Eurovegas”, evocando claramente una modificación “ad hoc”. Una empresa que, como es conocido, pudiera estar obteniendo  fondos de dudosa procedencia.

Montoro el rey de las amnistías, cuando tiene un problema crea una amnistía.

Una campaña indecente del gobierno para que triunfe la amnistía fiscal

Quedan pocos días para que concluya el plazo que el Gobierno les dio a los defraudadores a Hacienda para regularizar su situación, en una de las medidas más vergonzosas de cuantas ha adoptado este gobierno. Ignominia sobre ignominia, el Gobierno ha insinuado a quienes defraudaron que ese perdón tiene todos los parabienes legales, ocultando que el recurso que interpuso el PSOE ante el Tribunal Constitucional ha sido admitido a trámite. Yo estoy seguro de que la sentencia del tribunal cuando llegue acabará con esta amnistía. Eso es algo que todos deben saber: los buenos ciudadanos que han cumplido con sus obligaciones, y quienes defraudaron y creyeron que podían eludir sus responsabilidades.

La amnistía fiscal presenta no solo un problema de injusticia en cuanto que a los defraudadores se les perdona los impuestos, sino que además demuestra que la política impositiva del Gobierno carece de principios, porque el Gobierno puede amnistiar actividades ilegales y repugnantes. Es decir, el Gobierno mira para otro lado sobre el origen de las rentas que se van amnistiar. En definitiva, la política impositiva del gobierno carece de fundamentos éticos y morales.

En esa dirección queremos denunciar la campaña indecente que está realizando el Gobierno por tierra, mar y aire para que la amnistía sea un éxito, toda vez que con los datos de recaudación del Agencia Tributaria en los primeros meses ha sido un fracaso, ocultando que existe un recurso al Tribunal Constitucional del PSOE que podría declarar inconstitucional lo declarado.

Es lamentable y muy triste para la ética y la moral comprobar el “road show”, que por toda España,  están llevando a cabo los altos cargos del Ministerio de Hacienda, comenzando por el Secretario de Estado de Hacienda, garantizando a empresarios, bufetes de abogados, agentes económicos en general, que se han modificado las leyes para que no se investigue ni la responsabilidad penal ni la relacionada con la hacienda pública, así como,  ocultando el recurso al Constitucional del PSOE.

De la amnistía fiscal al "papeles para todos" (los especuladores)

               Hay un debate político y filosófico eterno entre los que creen que las acciones humanas deben ser juzgadas por sus efectos y los que creen que lo importante es la intención. El PP ha dejado obsoleto ese dilema con una batería de medidas que son tan inútiles como inmorales. La amnistía fiscal era hasta hora la referencia en esa nueva categoría, porque al problema ético que puede suponer el perdonar los impuestos sin preguntar  el origen de esas rentas, se une que la medida no está sirviendo para nada, puesto que apenas ha atraído a 50 de los 2.500 millones de euros que esperaban lavar. Lógico, porque al final ética y estética no están tan lejos, y una amnistía sólo tiene sentido si va acompañada de medidas coercitivas contundentes que modifican el ámbito legal de forma tal que por un lado pueden justificar disposiciones transitorias y, de otro, suponen un verdadero incentivo para acogerse a una medida que de otra forma carece de sentido.

               Como el equipo económico del PP hace tiempo que compite entre sí en muchos sentidos, y en particular en elevar el listón del desatino, el Ministerio de Economía lanza ahora la idea de regalar un permiso de residencia con cualquier adquisición de viviendas con valor superior a 160.000 euros. Está claro que España como país necesita vender activos como forma de reducir el fuerte endeudamiento exterior, y la mejor forma es con los activos inmobiliarios, que suponen lo que yo llamaba hace dos años “el otro lado de la deuda”. Ahora bien, aparte de la intención última de la medida, deberíamos dedicarle dos minutos a la forma y al fondo de la propuesta. En cuanto a la forma, es indecente que quienes hace 8 años les negaban derechos a los trabajadores que ya estaban en España trabajando y una empresa quería contratarlos, ahora quieran darle esos mismos derechos a extranjeros que no están en España y no lo necesitan más que para algún tipo de oscura intención. Los mismos que han restringido la Seguridad Social a las personas que conviven entre nosotros se la ofrecen a cualquier persona del mundo con capacidad para comprar una casa, o que esté interesado en la protección legal que le brinde la residencia española.

               Si nos tapamos la nariz y miramos la eficacia previsible de la medida, observamos que parece ser similar a la de la amnistía. Los ciudadanos comunitarios que quieran comprar una vivienda no necesitan el permiso de residencia; los extracomunitarios que quieran disfrutar de vacaciones en España y dispongan de evidentes medios económicos para ello, tampoco, puesto que ya obtienen sin problemas el visado de turista. Quizá se podría relajar en algún caso la normativa que se aplica para dichos visados, ahora que la presión migratoria es menor, pero el permiso de residencia a cambio de una adquisición suena a que por cada caso que realmente cumpla con el objetivo habrá muchos con los perfiles más variados.

               Debemos esperar a ver cómo se concreta esta última ocurrencia. Que se haya difundido el mismo día en que hemos conocido que por primera vez los beneficios han superado a los salarios en España no parece trivial., sino la consecuencia de una política orientada al sufrimiento de la mayoría. Los creadores de un modelo basado en la especulación no renuncian a su criatura a pesar de su evidente fracaso; se trata, tan sólo para ellos, de bajar un poco más el listón moral de la sociedad y esperar a ver si hay suerte. Me temo que no la vamos a tener, tanto si la medida funciona como si no.

Una fiscalidad para salir de la crisis

Artículo publicado el 7 de noviembre de 2012 en El País 

            En el otoño de 2012 y en la periferia europea nos encontramos con una situación verdaderamente complicada. Resumiendo, la crisis económica ha disparado los déficit públicos y esos déficit han encarecido la financiación, pública y privada, lo que agrava crisis y déficit; todo ello (parece que) hace inevitables duras políticas de ajuste que profundizan en la crisis económica, la transforman en social, y no terminan de solucionar nada.

            Si los recortes de gasto no consiguen tapar el agujero de las cuentas públicas y sin taparlo no avanzamos, no queda más remedio que mirar el lado de los ingresos. Como no se van a recuperar solos en medio de este círculo vicioso, hay dos propuestas sobre la mesa: elevar la fiscalidad (los tipos de algunas figuras existentes o crear nuevos impuestos) o mejorar la lucha contra el fraude. En el caso del incremento de la presión fiscal “nominal” la disyuntiva es parecida en todos los países: en un aumento progresivo, que se centre en los agentes de mayor poder adquisitivo, la capacidad de recaudación puede verse afectada por el efecto de la propia crisis (hay menos beneficios o rentas altas que gravar) y además, si no hay coordinación internacional, puede jugar el efecto “salida” de capitales, pero un aumento de la presión a la clase media sólo profundiza en la propia crisis. En el caso de la lucha contra el fraude fiscal ocurre algo parecido: o nos centramos en el pequeño fraude local o la presión a las grandes empresas, más allá de algún caso sonado, termina por no beneficiar ni a la recaudación ni a la propia actividad económica dada la reacción de las empresas. Somos partidarios de un mejor reparto de los costes de la crisis a través de una fiscalidad más progresiva y de una lucha contra el fraude más efectiva, pero somos conscientes de los problemas de ambos esfuerzos, al menos a corto plazo.

            El panorama dibujado ofrece, además, otra alternativa clara a las políticas seguidas hasta ahora con nulos resultados. Es la movilidad internacional de los grandes patrimonios y la artificiosa movilidad de los beneficios de las grandes empresas,  abusando de los precios de transferencia, la que erosiona la capacidad fiscal de los países. Un resultado adicional de la movilidad es el mayor incentivo a la competencia fiscal entre gobiernos, lo que de nuevo en equilibrio reduce ingresos, aumenta la desigualdad y profundiza en los determinantes últimos de la crisis que padecemos. Porque el resultado de esa competencia fiscal es que países muy pequeños, que no temen represalias comerciales y no tienen servicios públicos que mantener pueden llevar sus tipos impositivos al cero, en lo que se conoce como paraísos fiscales, pero que más bien son la causa de los infiernos sociales que amenazan al mundo desarrollado.

           

            El resultado de la competencia fiscal será todo lo indeseable que se quiera, pero no deja de ser un equilibrio; es decir, cuanto más nos esforcemos algunos en coordinar políticas “justas”, mayor será el incentivo de otros a desviarse y atraer con rebajas grandes “clientes”. No cabe el consenso en este tema, de la misma forma que no cabe relativizar su importancia (puede ampliarse la información sobre el tamaño de este agujero negro que amenaza a la economía mundial en muchas fuentes, como por ejemplo taxjustice.net). La cuestión, por tanto es qué hacer. Y la respuesta tiene que ser: todo lo posible y ya. Esto implica al menos tres tipos de actuaciones.

            En primer lugar, mejorar el marco legal nacional para dotarnos de mecanismos para perseguir los artificios contables que trasladan riqueza, renta y beneficios fuera del país sin el necesario cumplimiento de las obligaciones fiscales. No puede ser que empresas multinacionales maquillen sus cuentas para que todo el beneficio que realmente obtienen aquí tribute en otro país. Así mismo, la administración española  debe analizar, para su aplicación, la normativa americana FATCA que entra en vigor en un par de meses, por la que cualquier entidad financiera del mundo tiene la obligación de informar, al fisco de EE.UU, sobre los movimientos de cuentas de ciudadanos americanos, o le retendrán un 30% de todos los pagos que reciban de fuente americana.  En segundo lugar, mejorar los mecanismos de coordinación con otros países de la Unión Europea y de la OCDE porque cuántos más nos pongamos de acuerdo, más capacidad de luchar contra esta lacra tendremos. No basta con firmar  convenios incluso con paraísos fiscales y presumir de ello, como hace el Gobierno, o amenazar con que se acaba el secreto bancario, lo importante es que remitan de manera automática información para investigar el fraude sofisticado y eso no ocurre ahora; sin una actitud activa del Gobierno pasará mucho tiempo hasta que esa información llegue a la Hacienda española, porque dichos países firman convenios para que no los señalen con el dedo, pero otra cosa es la colaboración sincera.  Por último, siempre hay lugar para acciones que tengan un papel ejemplarizante para al conjunto de la población. España está pendiente de aceptar (o no) la solicitud de extradición a Suiza de un empleado de banca (el caso Falciani) que posee información sobre muchos miles de clientes. De esa información varios países (entre ellos, España) ya han obtenido varios miles de millones de euros en multas y regularizaciones fiscales (Grecia en un futuro inmediato, gracias a la colaboración del periodista Kostas Vaxevanis). El secreto bancario no existe en España, con lo que su violación no está tipificada como delito. Más allá de la motivación de Falciani, su caso es revelador de la cuantía de las cifras que rodean este mundo; y, por supuesto, la decisión que tome el Gobierno de Rajoy revelará, tanto o más que muchas otras decisiones que está tomando, que claro que hay alternativas, y que gobernar es elegir.

            La armonización fiscal internacional  y la lucha contra  los paraísos fiscales son temas cruciales en las sociedades del siglo XXI, por razones éticas, de defensa del Estado de derecho, por razones sociales, pero también  para salir de la crisis económica. En esa dirección, hemos propuesto la creación de una comisión en el Congreso de los diputados que tenga como objetivo tratar específicamente la  armonización y coordinación  fiscal internacional,  lucha contra el fraude fiscal y  los  paraísos fiscales.

Pedro Saura García, es Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista
@pedrosaurag