04 abril 2017

Los PGE 17 y un Estado del bienestar mínimo

La crisis impactó de manera asimétrica al conjunto de la sociedad española, de tal forma que se incrementó la desigualdad en salarios, rentas, oportunidades y también desde un punto de vista territorial. A ello también contribuyó la política laboral del Gobierno.  La política fiscal y presupuestaria debería haber tenido entre sus prioridades, en la recesión económica,  favorecer  la reducción de la desigualdad, pero no lo hizo, y ahí están los datos de incrementos de la desigualdad en nuestro país. Se nos dijo que la reducción del déficit público era lo primero.

Dado que desde hace trece trimestres los datos macroeconómicos confirman que la recuperación es una realidad, la política fiscal   debería utilizarse para cohesionar a nuestra sociedad y compensar a la mayoría social del dolor y sufrimiento padecido en la crisis. Ahora que nuestro país está creciendo,  se podría pedir un esfuerzo a los que más tienen para reducir el déficit y la desigualdad.

Sin embargo, las verdaderas intenciones del Gobierno  no son otras  que tener un Estado del bienestar mínimo y jibarizado. Por tanto, no tienen entre sus prioridades reducir la desigualdad. En concreto, en los PGE para 2017 el gasto social va a seguir perdiendo peso en la riqueza nacional y haciendo perder poder adquisitivo.

Si repasamos el proceso de consolidación en nuestro país desde 2014, año con crecimiento económico positivo, hasta las previsiones del Gobierno para 2017, se puede comprobar que los ingresos totales se reducirán un 0,7% en relación al PIB y los gastos un 3,6%. Estos últimos han pasado del 44,9 del PIB al 41,3%.   


El Gobierno dijo a los españoles que tenían que apretarse el cinturón, pero Rajoy no tuvo empaño poco antes de las elecciones aprobar una reforma fiscal por la que  se regaló- en gran parte- a las rentas más altas y a las grandes empresas, entre  reforma fiscal propiamente dicha  y el juego de los mecanismos del Impuesto de Sociedades, la friolera de 18.000 millones de euros.

Aquí es donde a la derecha española se le ve la patita: hay que reducir el déficit, pero como los ingresos son insuficientes -en parte porque se bajan los impuestos a los más pudientes-, hay que recortar el gasto, eso sí, alejándonos de la media europea en cuanto al nivel de servicios públicos fundamentales.   

De acuerdo con la Actualización del Plan Presupuestario 2017, el gasto social del conjunto de administraciones públicas crecerá en términos nominales 1,39% respecto de 2016, pero la inflación lo hará por encima del 1,5% y más de un 4,1% el PIB nominal, luego el gasto social perderá poder de compra y peso en el PIB. En concreto, el gasto social representaba el 28,4% del PIB en 2014 y se comprimirá al 26,8% en 2017.

Y todo ello hubiese sido peor  sin el Real Decreto Ley de finales de 2016 pactado con el PSOE,  que posibilitaba  aumentar  los ingresos públicos en 7.000 millones de euros, por la vía del  impuesto de sociedades y  la lucha contra el fraude fiscal.  

Por cierto, por lo que hace referencia a los ingresos tributarios, en el informe de la AIREF   sobre las previsiones macroeconómicas del Proyecto de Presupuestos 2017,  se señala que las medidas aprobadas en el Congreso  en diciembre de 2016, a través del Real Decreto Ley que el Grupo Socialista pactó con el Gobierno,  reducen la incertidumbre sobre los ingresos en 2017, y no está claro que tenga un impacto negativo sobre las empresas y sus decisiones de inversión, ante la presencia de  “buffers de liquidez y acceso a crédito nuevo”.

 Por poner un ejemplo de la insensible política fiscal del Gobierno,  la remuneración de los asariados en porcentaje del PIB ha pasado del 51% en 2009 a representar alrededor del 47% en 2013 y en adelante, y sin embargo, el Gobierno ha contribuido a incrementar  el Excedente Bruto de Explotación por la vía de reducir el Impuesto de Sociedades, de forma que por el mencionado impuesto   la Agencia Tributaria(AEAT)  recaudará en 2017 en torno a  la mitad de lo ingresado en 2007, cuando la cuantía de los beneficios de las empresas  son similares a los existentes en aquel año.

Por tanto, y en referencia a los PGE17, se seguirá reduciendo la cobertura por desempleo, los pensionistas están abocados  a perder un 10% de poder adquisitivo en los próximos cinco años si nadie lo remedia, los empleados públicos también seguirán perdiendo poder adquisitivo, las becas y los gastos en educación y sanidad continuarán disminuyendo su  peso en el PIB. En definitiva, los PGE17 responden a los objetivos políticos del Gobierno, que no son otros que tener un Estado social mínimo y jibarizado.


Que no haya margen para políticas fiscales que incrementen el déficit y la deuda pública, entre otras razones porque no tenemos derecho a trasladarle una ingente deuda a los jóvenes y a las generaciones futuras, no significa que no haya margen para políticas fiscales, ni mucho menos que haya que comulgar con la austeridad entendida como excusa para desmantelar logros sociales. El amplio margen para discutir de política fiscal tiene que ver con las cuestiones clásicas de eficacia y equidad, y con las preguntas de cuánto y cómo ingresar y  cómo emplear esos recursos públicos.

08 febrero 2017

Para tomar el control necesitamos más Europa


Si antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca era muy necesario el reforzamiento del proyecto europeo para gobernar la globalización frente a la  antiglobalización o la globalización sin gobierno, ahora es más urgente fortalecer las políticas y las  instituciones europeas para liderar y defender en el mundo el comercio internacional -eso sí,  más justo-,  y los valores del “sueño” europeo. Para ello se exigen  convicciones si cabe más firmes y un Plan claro y con capacidad de ejecución a prueba de inconvenientes internos y externos. 

Ante los proyectos aislacionistas de la nueva administración americana, necesitamos robustecer el proyecto europeo para defender con fuerza y eficacia  los acuerdos internacionales y los derechos fundamentales atacados.

Es ahora más urgente afianzar la Unión Europea para construir una política de seguridad e inteligencia común ante las amenazas terroristas, todo ante el nuevo rumbo de las políticas de defensa y seguridad del gobierno Trump.

También, ante la nueva política comercial de EE.UU (no sabemos si cambiará la orientación  la OMC), tenemos que defender en el mundo y ante los países iberoamericanos el intercambio comercial. Eso sí, un comercio que respete los derechos de los trabajadores y el medio ambiente.

Así mismo, la UE tendrá que liderar en la esfera mundial  un nuevo paradigma internacional sobre la gobernanza de los impuestos, sobre una fiscalidad más justa y contra la impunidad con los paraísos fiscales, que permitan financiar las políticas redistributivas,  en gran parte porque entre el grupo de países que ahora compiten por bajar los impuestos también está  con claridad EE. UU.  

La desregulación financiera que comienza a poner en marcha la administración Trump con el desmantelamiento de la ley Dobb-Frank, y ante la interconexión de las entidades financieras en todo el mundo, la UE también tendrá que liderar un marco regulatorio internacional que apuesta por la transparencia y unas exigencias de capital que doten de solvencia y estabilidad al sistema financiero.
  
Es la primera vez que escuchamos por boca de un representante del gobierno norteamericano una declaración contraria a la permanencia de la Unión Europea y de la moneda única. Ni siquiera por parte de administraciones como la de Bush o Reagan esto habría sido imaginable. Ante semejante órdago solo cabe avanzar en el diseño de la UE con las herramientas necesarias para mantener una economía social de mercado, unas activas  políticas redistributivas  y derechos civiles y sociales.

Al nuevo esquema internacional no se puede responder de manera eficaz mirando para otro lado como si no fuera con nosotros, o renacionalizando las políticas que terminen  sacando a España del Euro. Se responde con más Europa. Solo el proyecto europeo permitirá que nuestros conciudadanos puedan tomar el control para hacer frente a la incertidumbre y para que consigan vivir mejor. Y la nueva geometría que se abre en el mundo también es una oportunidad para el futuro del propósito europeo.   


Hay muchas razones por las que el gobierno de España tiene en esta coyuntura que  liderar en el seno de la Unión las reformas y el impulso de las instituciones y las políticas europeas. 

25 enero 2017

Una agenda socialdemócrata para la política fiscal en España en el marco europeo(*)


La política de recortes, expresado de otra manera, la austeridad, es una de las razones que explican el incremento de la desigualdad y el sufrimiento en España. Sin embargo, una política expansiva en un marco de elevado déficit y endeudamiento público, con una alta propensión a importar, no resuelve el problema porque se traduciría en mayor endeudamiento, más austeridad y más recortes en el futuro.  

España no tiene margen para políticas fiscales expansivas. Otra cuestión es el margen que tienen otros países en Europa y las distintas instituciones de las Unión Europea, pero ello no significa que nuestro país no tenga margen para otra política fiscal, que acabe con la austeridad. El margen tiene que ver con el debate sobre cuánto y cómo  ingresan las Administraciones Públicas, y cuánto y cómo  gastan.

Hay margen para una política fiscal alternativa que evite comulgar con la austeridad entendida como excusa para desmantelar logros sociales, sobre todo si los ingresos públicos en relación al PIB en España están muy alejados de la media europea (en el año 2015 el 46,6% en la eurozona y 38,2% en España). Esta agenda permitirá reducir las desigualdades en nuestro país, crear empleo y aumentar la productividad.

Por tanto, en gran parte para evitar una política fiscal restrictiva, la decisión de la sociedad española debe centrarse en la política impositiva. Ahora bien, para realizar una propuesta sobre la fiscalidad en España conviene comenzar por expresar algunos hechos objetivos que caracterizan nuestro sistema tributario. 

El primero es bien conocido, es que en nuestro país los tipos impositivos nominales son homologables a la media europea, pero la recaudación tributaria está muy por debajo de dicha media, lo que se explica en parte por tener un sistema tributario muy parcheado que impide la reconstrucción de las bases imponibles. 

El segundo hecho objetivo es la disminución del papel redistributivo de los impuestos en España, por el conjunto de deducciones, exenciones y regímenes especiales y por el fraude fiscal. Alrededor del  80% de la recaudación  procede de las rentas del trabajo. 

El tercero, es que de acuerdo con nuestra renta, teniendo en cuenta que los sistemas impositivos son progresivos, nos correspondería unos ingresos públicos alrededor del 43,5 % del PIB -como se pone de manifiesto en el Gráfico 1-. Y sin embargo la ratio española se situaba en 2015  en el 38,2%. 

Gráfico 1


Gráfico 2







Para determinar el nivel de ingresos públicos  de nuestro país, a medio plazo, se deben  tener en cuenta varios aspectos: 

El déficit estructural de España se sitúa entre el 2,5 y el 3% del PIB.

El reto que supone el baby boom desde el punto de vista del sistema público de pensiones, sobre todo si la mayoría de la sociedad no desea unas pensiones públicas de miseria. 

El envejecimiento de la población y los mayores gastos en sanidad. 

En una economía abierta como la española hay que destinar recursos crecientes para compensar a los perdedores de la globalización, máxime cuando el problema de la desigualdad en España presenta elementos estructurales, así como, una mayor inversión en educación y  I+D

Unos previsibles  tipos de interés más altos, en el medio plazo, demandarán más recursos públicos para satisfacer el servicio de la deuda pública. 

Finalmente, un aspecto fundamental  a tener en cuenta a la hora de realizar una propuesta fiscal es el hecho de la creciente competencia a la baja internacional, producto de la extensión de la globalización. Pero también es  conocido que está surgiendo un nuevo paradigma internacional y europeo sobre la gobernanza de los impuestos, que van desde el Proyecto BEPS de la OCDE (del inglés Base Erosion and Profit Shifting), o los distintos paquetes contra la elusión fiscal y la armonización impositiva de la Comisión Europea, liderada en esta materia por el comisario Pierre Moscovici. 

Por consiguiente, para poder contar con los ingresos necesarios para financiar el Estado del bienestar, es imprescindible un marco impositivo internacional, y europeo más concretamente, porque sin al menos la dimensión europea, no se podrá responder eficazmente al reto de una fiscalidad justa y suficiente. 

No se debe olvidar que la reducción de la desigualdad desde la política redistributiva no se obtiene solo por el lado de los ingresos, sino también y en gran parte por el lado del gasto público, y de ahí la importancia de la suficiencia de los ingresos públicos.

La agenda socialdemócrata para poder construir un sistema impositivo, eficiente, justo y suficiente, pasa por, al menos,  las siguientes líneas de actuación:

I. El Gobierno de España debe liderar en el seno de la Unión Europea una ambiciosa política de armonización fiscal. 

II. Recomponer las bases imponibles, eliminando exenciones, deducción, reducciones, regímenes especiales,  etc. Valorando con carácter previo las consecuencias de cualquier decisión que tome el poder ejecutivo y el Parlamento sobre deducciones o gastos fiscales. 

III. Gravar de manera efectiva la riqueza en nuestro sistema impositivo, como manifestación de capacidad económica, impidiendo la falta de contribución al sostenimiento de los gastos públicos que determinadas grandes fortunas y patrimonios tienen en la actualidad, al poder eludir el IRPF. Para ello se hace necesario analizar y revisar, en conjunto, la imposición sobre el trabajo,  el capital, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Patrimonio, de  forma que el sistema tributario debería gravar la auténtica capacidad económica de los contribuyentes y no únicamente sus rentas.


IV. Poner en marcha, para el conjunto del Estado,  un mínimo común del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

V. Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades eliminando deducciones, exenciones, bonificaciones y regímenes especiales. Con una imposición mínima para los grandes grupos empresariales. Dicha modificación del mencionado impuesto deberá generar seguridad jurídica y disminuirá la litigiosidad tributaria. En definitiva, conseguir tributación competitiva a nivel internacional. 

VI. Una reforma fiscal verde, que tenga como objetivo  reducir las externalidades negativas en la economía,  y que nos acerque a los niveles recaudados por nuestros socios europeos.

VII. Impulsar la aprobación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), en la medida que once países de la Unión Europea, entre ellos España,  ya lo han acordado. 

VIII. La lucha contra el fraude fiscal, la elusión y la evasión fiscal,  con planes evaluables por instituciones independientes y con más medios humanos y materiales.

IX. Una reforma de la administración tributaria, con una dirección menos politizada y una nueva gobernanza, con la participación de las Comunidades Autónomas,  con objetivos evaluables y comparables a nivel internacional, y rindiendo cuentas ante el Parlamento. 


X. Los avances en la legislación internacional y comunitaria tiene que trasladarse  a  la legislación fiscal española. Es necesario constituir en el Parlamento español una comisión especial (en términos del  Reglamento del Congreso de los Diputados una subcomisión parlamentaria) de lucha contra el fraude fiscal la elusión y la evasión fiscal. 

Nuestro país necesita una agenda fiscal y tributaria alternativa a la derecha española. Hay margen, entre otras razones, porque la presión fiscal española está muy alejada de la media europea (en 2015 el dato para la eurozona era del 41,4% del PIB y en España del 34,6%). Porque como recordaba Sandor Marai, el desarrollo social, económico  y democrático de un país casi siempre depende de que los ricos se comprometan con su sociedad pagando impuestos.


(*)Artículo publicado en la la revista Temas para el debate, en el número 266-267 dedicado a la armonización fiscal en Europa


16 diciembre 2016

Defendiendo el Mar Menor en el Congreso


Os dejo mi intervención, del pasado miércoles, defendiendo enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista relativas a la  regeneración del Mar menor.


28 noviembre 2016

El keynesianismo del siglo XXI: los ingresos públicos


La evidencia del estancamiento secular, de un crecimiento económico modesto y frágil,  con políticas monetarias que ya presentan rendimientos decrecientes y con un alto endeudamiento público de la mayoría de las  economías desarrolladas,  hace que los gobiernos se encuentran en una mala posición para abordar la salida de la crisis y sin aparente munición para combatir la inestabilidad de la demanda agregada. Una de las vías para contribuir a resolver los problemas estructurales de la demanda  son los ingresos públicos,  y en el contexto anteriormente descrito,  pueden convertirse en el motor de la política fiscal haciendo financiable la inversión pública y el Estado del bienestar y, por consiguiente, en un nuevo keynesianismo del siglo XXI.

Sin embargo, uno de los inconvenientes es la competencia a la baja que se produce en materia de impuestos en el mundo,  que tiene su origen teórico en el paradigma neoclásico, abrazado por  las políticas tributarias conservadoras, en un medio propicio como es la globalización económica. 
Es por lo que se  hace necesaria la construcción de una ambiciosa agenta internacional sobre la armonización fiscal, la elusión y la evasión fiscal. Y sin duda dicha agenda forma parte de la ineludible gobernanza de la globalización, para defender a la globalización de sus  evangelizadores en palabras de Dani Rodrik.  

Por ejemplo, para Gabriel Zucman, la clave está en  acabar con la existencia de los paraísos fiscales, porque las jurisdicciones offshore explican no solamente la evasión fiscal,  sino que también son la  justificación de los gobiernos para reducir  impuestos- señala que 7,5 billones de dólares están localizados en cuentas offshore, el 8% del patrimonio del mundo, cantidad que ha crecido desde 2008-.

Se están dando pasos importantes, que se pueden presentar como un nuevo paradigma fiscal internacional, como son los casos de la iniciativa FATCA (el acrónimo de Foreign Account Tax Compliance Act),  impulsada por el presidente Obama;  el Proyecto BEPS (del inglés Base Erosion and Profit Shifting), de la OCDE; o los distintos paquetes contra la elusión fiscal y la armonización impositiva de la Comisión Europea liderada en esta materia por el comisario Pierre Moscovici. Sin olvidar la propuesta de la Comisión Europea, usando el marco de  la cooperación reforzada, sobre el Impuesto de Transacción Financieras. 

Sin embargo, un  crecimiento de los populismos, de derechas y de izquierdas,  en un buen número de países desarrollados, el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos,  no son una buena noticia para poner en pie ese nuevo paradigma fiscal internacional, porque todos ellos tienen como base una renacionalización de la política económica  y por consiguiente tributaria. 
El objetivo debe ser combatir la austeridad, que deprime la economía y explica, en parte, el incremento de la desigualdad en estos últimos años. Pero la austeridad no se combate con más endeudamiento público, puesto que ello implicaría más austeridad en el futuro, se combate con más ingresos públicos.

Por tanto, el objetivo es construir un sistema tributario internacional eficiente- la deslocalización de las bases imponibles distorsiona el funcionamiento de la economía- , justo y suficiente, que  contribuirá a la reducción de las desigualdades, a estabilizar la demanda en el corto plazo, y a resolver los problemas estructurales de la misma. El primer paso: impulsar la agenda fiscal en el seno de la Unión Europea. 

29 agosto 2016

Acuerdo PP- C´s: sociedad low cost y jibarización del Estado social

El acuerdo del PP con Ciudadanos pone de manifiesto que Rajoy es el tapón para la regeneración, para la modernización, para una recuperación justa y para una economía inclusiva. El citado acuerdo  por un lado consolida una sociedad low cost, apuntalando unas relaciones laborales que implican salarios bajos y empleo precario, y de otro lado,  jibariza el Estado social, alejándonos aún más de los niveles de bienestar de la media de los países europeos. 

1. No se deroga la reforma laboral ni se plantea un objetivo de incremento del salario mínimo interprofesional. En conjunto, la propuesta económica es precariedad laboral -persistiendo el desequilibrio hacia los empresarios en las relaciones laborales-, y salarios bajos como vía para ser competitivos. 

2. El gasto social en el acuerdo es papel mojado ante los objetivos   de consolidación fiscal exigidos por la UE y porque no aborda una profunda reforma fiscal. El propio texto del acuerdo  reconoce que “las  dotaciones presupuestarias contempladas se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por el Reino de España”, siendo papel mojado por tanto las mencionadas partidas de gasto. Veamos: de acuerdo con las exigencias de nuestros socios europeos, la reducción del déficit del conjunto de administraciones entre 2016 y 2018 supondrá un ajuste de 26.000 millones de euros, por lo que de no abordar una reforma estructural de nuestro sistema impositivo, solo con las medidas  impositivas del acuerdo PP-C´s  y los recursos que aporta el ciclo económico, a duras penas se evitarían recortes adicionales del Estado del bienestar, y mucho menos habría recursos para financiar más gasto social como el que propone el acuerdo.

Por cierto, el complemento salarial de Ciudadanos en sus primeras versiones era de 10.000 millones de euros,  y ahora en el acuerdo con el PP se ha quedado en 2.000 millones. Dicho de otra manera, si hay 10 millones de trabajadores que ganan hasta 2 veces el salario mínimo, el complemento per cápita es solamente de 200 euros. 


Son varias las inconsistencias y errores en el  documento, por ejemplo, cuando se cuantifica  el dinero a recuperar de la amnistía fiscal no se expresa en ningún lugar  que, caso de recuperarse, es por una sola vez.

Tan es papel mojado el gasto social que propone el documento que en la tabla presupuestaria final no han incluido la propuesta de recuperar el gasto per cápita de sanidad.


3. No hay medidas para evitar el  agujero en la Seguridad Social y de esta forma impedir esquilmar  definitivamente el Fondo de reserva de la Seguridad Social, más bien al contrario: se persiste en el error manteniendo la bonificación de los 500 euros. 

4. Consolida una política tributaria injusta. No solamente no se aborda una profunda reforma fiscal, para incrementar los recursos públicos y hacer nuestro sistema impositivo más justo, sino que además se persiste en los errores del pasado, proponiendo una rebaja de 2 puntos del IRPF. Ello tendrá un coste de alrededor de 5.000 millones de euros al erario público, de los cuales el 10% más rico se ahorraría cerca de 2.000 millones de euros. Por cierto, esta medida no se incluye en el cuadro presupuestario final.  

5. Jibariza el Estado del bienestar. Con el señalado acuerdo al final de la legislatura los ingresos públicos se van a situar en torno al 38% en relación al PIB. Dado que el gasto público sobre el PIB  se situará a finales de este año  en el 42% del PIB, y que las cuentas públicas deberían estar equilibradas en 2020, el ajuste se producirá básicamente por el lado del gasto público, jibarizando el Estado del bienestar, y alejándonos de los estándares de servicios públicos de la Unión Europea. 

6. Las consecuencias del acuerdo son pensiones públicas de miseria. El PP y C´s no abordan una reforma fiscal en profundidad, si se añade que el objetivo son unos ingresos públicos que no sobrepasarán el 38% del PIB, en ese escenario,  el déficit estructural del sistema público de pensiones y el incremento del número de pensionistas producto del baby boom,  se resolverán  por la vía de reducir el  gasto en pensiones, y no por la vía de incrementar los ingresos públicos destinados al sistema público de pensiones.