29 agosto 2016

Acuerdo PP- C´s: sociedad low cost y jibarización del Estado social

El acuerdo del PP con Ciudadanos pone de manifiesto que Rajoy es el tapón para la regeneración, para la modernización, para una recuperación justa y para una economía inclusiva. El citado acuerdo  por un lado consolida una sociedad low cost, apuntalando unas relaciones laborales que implican salarios bajos y empleo precario, y de otro lado,  jibariza el Estado social, alejándonos aún más de los niveles de bienestar de la media de los países europeos. 

1. No se deroga la reforma laboral ni se plantea un objetivo de incremento del salario mínimo interprofesional. En conjunto, la propuesta económica es precariedad laboral -persistiendo el desequilibrio hacia los empresarios en las relaciones laborales-, y salarios bajos como vía para ser competitivos. 

2. El gasto social en el acuerdo es papel mojado ante los objetivos   de consolidación fiscal exigidos por la UE y porque no aborda una profunda reforma fiscal. El propio texto del acuerdo  reconoce que “las  dotaciones presupuestarias contempladas se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por el Reino de España”, siendo papel mojado por tanto las mencionadas partidas de gasto. Veamos: de acuerdo con las exigencias de nuestros socios europeos, la reducción del déficit del conjunto de administraciones entre 2016 y 2018 supondrá un ajuste de 26.000 millones de euros, por lo que de no abordar una reforma estructural de nuestro sistema impositivo, solo con las medidas  impositivas del acuerdo PP-C´s  y los recursos que aporta el ciclo económico, a duras penas se evitarían recortes adicionales del Estado del bienestar, y mucho menos habría recursos para financiar más gasto social como el que propone el acuerdo.

Por cierto, el complemento salarial de Ciudadanos en sus primeras versiones era de 10.000 millones de euros,  y ahora en el acuerdo con el PP se ha quedado en 2.000 millones. Dicho de otra manera, si hay 10 millones de trabajadores que ganan hasta 2 veces el salario mínimo, el complemento per cápita es solamente de 200 euros. 


Son varias las inconsistencias y errores en el  documento, por ejemplo, cuando se cuantifica  el dinero a recuperar de la amnistía fiscal no se expresa en ningún lugar  que, caso de recuperarse, es por una sola vez.

Tan es papel mojado el gasto social que propone el documento que en la tabla presupuestaria final no han incluido la propuesta de recuperar el gasto per cápita de sanidad.


3. No hay medidas para evitar el  agujero en la Seguridad Social y de esta forma impedir esquilmar  definitivamente el Fondo de reserva de la Seguridad Social, más bien al contrario: se persiste en el error manteniendo la bonificación de los 500 euros. 

4. Consolida una política tributaria injusta. No solamente no se aborda una profunda reforma fiscal, para incrementar los recursos públicos y hacer nuestro sistema impositivo más justo, sino que además se persiste en los errores del pasado, proponiendo una rebaja de 2 puntos del IRPF. Ello tendrá un coste de alrededor de 5.000 millones de euros al erario público, de los cuales el 10% más rico se ahorraría cerca de 2.000 millones de euros. Por cierto, esta medida no se incluye en el cuadro presupuestario final.  

5. Jibariza el Estado del bienestar. Con el señalado acuerdo al final de la legislatura los ingresos públicos se van a situar en torno al 38% en relación al PIB. Dado que el gasto público sobre el PIB  se situará a finales de este año  en el 42% del PIB, y que las cuentas públicas deberían estar equilibradas en 2020, el ajuste se producirá básicamente por el lado del gasto público, jibarizando el Estado del bienestar, y alejándonos de los estándares de servicios públicos de la Unión Europea. 

6. Las consecuencias del acuerdo son pensiones públicas de miseria. El PP y C´s no abordan una reforma fiscal en profundidad, si se añade que el objetivo son unos ingresos públicos que no sobrepasarán el 38% del PIB, en ese escenario,  el déficit estructural del sistema público de pensiones y el incremento del número de pensionistas producto del baby boom,  se resolverán  por la vía de reducir el  gasto en pensiones, y no por la vía de incrementar los ingresos públicos destinados al sistema público de pensiones. 




20 abril 2016

Fiscalidad internacional y Paraísos fiscales


Os dejo mi intervención, del pasado lunes 18 de abril, en la reunión entre los miembros de la  Comisión TAXE2 del Parlamento Europeo y miembros de los parlamentos nacionales


03 marzo 2016

La gobernanza económica en la Unión Europea

Os dejo mi intervención en la jornada sobre gobernanza económica celebrada en el Parlamento Europeo, el pasado 16 de febrero.


09 febrero 2016

La agenda económica de un nuevo Gobierno


El año 2016 comienza, desde un punto de vista económico, con evidentes nubarrones, como la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento en el mundo, en gran parte, como consecuencia de los interrogantes sobre la evolución de la economía china, y sus consecuencias deflacionistas. Desgraciadamente en ese contexto la política monetaria expansiva, empleada por los principales bancos centrales, presenta unos  rendimientos marginales decrecientes.

El mencionado escenario deflacionista, que afecta especialmente a países como España,  no solamente se explica por razones coyunturales, sino que tiene también su origen en factores estructurales, como un empeoramiento de la calidad del empleo, un incremento de las desigualdades, o unos  modestos incrementos de la productividad. Sin duda, en la actualidad, el crecimiento económico no es garantía de un incremento del bienestar en nuestra sociedad.

No menos preocupante es la herencia que recibirá el nuevo Gobierno. Una de las más importantes: la política fiscal y presupuestaria. El guarismo del déficit público, que la Comisión sitúa cerca del 5%,  podría frenar el crecimiento económico y la salida de la crisis. El dato de déficit más alto de la Unión Europea.  El Gobierno, de manera irresponsable, ha venido realizando una política fiscal procíclica, es decir, irresponsablemente bajó los impuestos antes de las elecciones, básicamente para beneficiar a las rentas más altas, en 10.000 millones de euros, poniendo  en riesgo la salida de la crisis, implicando además una transferencia de bienestar de las rentas más bajas a las rentas más altas.  En realidad,  la Comisión Europea con la publicación de sus previsiones de invierno tumba los Presupuestos Generales del año 2016.

Ante la desconfianza de la Comisión Europea hacia el Gobierno de España en materia fiscal, por los reiterados incumplimientos, el nuevo Gobierno deberá negociar con la Comisión Europea una nueva senda de reducción del déficit público teniendo en cuenta la herencia del Gobierno de Rajoy, creíble, rigurosa, con medidas concretas y cuantificadas de nuevos ingresos y  gastos públicos,  que ayude a la salida de la crisis y que contribuya a restañar las desigualdades creadas por la crisis y las políticas conservadoras del PP. Una senda que tenga en cuenta el proceso deflacionista que vive, también,  la economía española. Es verdad, que la economía española crece alrededor del 3%, pero es un crecimiento apoyado en un proceso de devaluación interna y un entorno internacional de precios muy contenidos, cuestiones estas últimas que limitan las bases imponibles, los ingresos públicos y, en particular, los ingresos de la Seguridad Social. Dicho de otra manera,  en la negociación con la Comisión Europea de la nueva senda, hay que contar con el contexto deflacionista en el que vive la economía española, que evidentemente tenemos que ir cambiando progresivamente.

Otro de los problemas que heredará el nuevo Gobierno  es la ausencia de reformas estructurales. En nuestro país no se han aprobado ni una de dichas reformas desde el rescate financiero. Es más, la política económica del Gobierno del Sr Rajoy no apostó por las fuentes permanentes del crecimiento, fiándolo a los vientos de cola que venían del exterior.

Estos días muchos analistas económicos nos hablan de la incertidumbre política y sus consecuencias sobre la economía. Incluso tratan de medir el coste de dicha incertidumbre. Difícil empeño, aunque loable. La incertidumbre no es una variable exógena, sino el producto de muchos elementos que actúan conjuntamente. No obstante, lo más relevante es cómo gestionar la pluralidad y la complejidad política en nuestro país. Una pluralidad que ha venido para quedarse. La cuestión no es cuantificar el coste de la incertidumbre, sino avanzar mecanismos de gestión de esa “incertidumbre”,  de ese nuevo marco político.

Y sin duda, se puede construir una agenda económica para un nuevo Gobierno, entre distintas fuerzas políticas, que se puede asentar sobre tres pilares que se interrelacionan y se retroalimentan: la lucha contra la corrupción, la regeneración de las instituciones y la descolonización de las mismas por parte de los partidos políticos; la apuesta por la reducción de las desigualdades, con políticas ex ante y ex post;  y la modernización de la economía.


17 septiembre 2015

Riesgo se escribe con R de Rajoy


Os dejo mi intervención debate de Presupuestos 2016


20 junio 2015

Montoro campeón de la inestabilidad presupuestaria


Montoro no me deja de asombrar, ahora, dice que va poner firme a los nuevos alcaldes/as y presidentes/as de  las CC.AA en materia de estabilidad presupuestaria. Lo dice el CAMPEÓN  de los incumplimientos de su propia Ley de estabilidad presupuestaria y del incremento de la deuda pública:

- El déficit en el primer trimestre del año es de 0,78% del PIB frente al 0,69% del año anterior. En  2014 terminamos con un déficit del 5,7% y para este año el objetivo es el 4,2% del PIB. Por lo que vamos muy mal!.

- Ha modificado en más de una docena de ocasiones su propia Ley de estabilidad presupuestaria.

- Ante el incumplimiento de su promesa electoral de cambiar el modelo de financiación autonómica ha creado 9 fondos permanentes  para financiar las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

- La deuda pública en lo que llevamos de  legislatura ha crecido en 302.000 millones.  Uno de los incrementos más importantes del mundo, y todavía faltan 3 trimestres.

- La CE ha sancionado a España por facturas en los cajones de la Comunidad Valenciana.

- La Autoridad Fiscal(AIReF), en un informe, duda que España cumpla los objetivos de déficit para 2015. Especialmente debido a que los objetivos de déficit para las CC.AA es muy exigente.

- La Administración Central en 2014 incumplió la Regla de Gasto. El gasto creció al 2,2% y debería haberlo hecho al 1,5%.

- Las comunidades autónomas de  Extremadura y Baleares, gobernadas por el PP, también incumplieron la Regla de Gasto en 2014.

- Las comunidades  autónomas de Aragón, Baleares, Castilla y león, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia, Extremadura, Madrid, la Rioja y Valencia, gobernadas por el PP, incumplieron los objetivos de déficit en 2014. 

- Las comunidades de Aragón, Castilla León y La Rioja, gobernadas por el PP, incumplieron los objetivos de Deuda Pública en 2014.

31 mayo 2015

La economía en los programas de los partidos políticos


En este año marcadamente electoral, después de los diagnósticos, llega el momento de responder a la pregunta de cómo vamos a construir un proyecto de País, que ilusione a la sociedad desencantada y que  saque a la gran mayoría de españoles del pozo de la crisis económica que están viviendo. Por consiguiente, en primer lugar, tienen que ser bienvenidas todas las propuestas  que vamos conociendo de las distintas formaciones políticas.   Cada vez más españoles entienden que lo verdaderamente importante son las soluciones. Comienzan a estar hartos de los  discursos que repiten machaconamente  diagnósticos, pero que no aportan soluciones.  

En dichas propuestas, aunque las principales formaciones políticas hablan de todo y tienen como objetivo construir la mejor sociedad para España, hay algunas cuestiones que ayudan a caracterizar a las distintas fuerzas políticas. El PP se centra en querer apoyarse únicamente en que su raquítica recuperación merece olvidar la indecencia de la corrupción, de la sangrante desigualdad, de su capitalismo de amiguetes. Sin un proyecto de futuro que no pase por una devaluación permanente de los salarios y un incremento de la desigualdades como bases de una economía más competitiva. 

Pero, por otro lado, desde Podemos se pretende que la indignación frente a la indecencia, que somos muchos más los que la sentimos,  sea el único argumento,  que no distinga y que no mire al futuro. Es como si se nos conminase a votar con la nariz tapada o con los ojos tapados.  O apuestan por acabar con la desigualdad sin tener en cuenta la importancia de la fortaleza económica. Caen en el infantilismo de que todo se puede resolver por la vía  de decirle a cada cual lo que quiere escuchar, olvidando que para resolver las desigualdades es necesario la responsabilidad de cada cual, el  esfuerzo y la creación de riqueza, máxime en un contexto global. De todo esto se olvida el programa de Podemos.

Han pasado en solo unos meses de la nacionalización de empresas a un programa, dicen ellos, socialdemócrata, pero, eso sí de los años 60 o, en el mejor de los casos, de los años 80. Pero, no lo explican porque prácticamente todos los partidos socialdemócratas en la actualidad han abandonado esos postulados.

 Esta falta de realismo hace que no conciban que ya estamos en el Siglo XXI, que no entiendan el papel de nuestro país en una economía globalizada. Por ello, lo que proponen es muy ineficiente  para una realidad que ha cambiado y sigue cambiando.

Para Ciudadanos, lo más importante son las empresas. Para esta formación política apostar por la cohesión social no está entre sus grandes prioridades iniciales. Porque la  reducción de las desigualdades vendrá como consecuencia del crecimiento económico.   Sin embargo,   el agujero fiscal que generan algunas de sus propuestas en las tres vías más importantes de ingresos públicos, IRPF, IVA y Seguridad Social, es enorme.  

A lo anterior hay que sumar la propuesta de reforma fiscal que incrementaría la brecha social en nuestro país. A ello contribuye: en primer lugar, la eliminación del tipo superreducido del IVA y la rebaja del  tipo general, en segundo lugar, el intercambio en el IRPF de la actual reducción por rendimientos del trabajo, del que se benefician trabajadores, pensionistas y parados,  por un complemento salarial del que solo se beneficiarían los trabajadores por cuenta ajena, subiendo los impuestos a los desempleados y alrededor de cinco millones de pensionistas. Y, en tercer lugar,  la no resolución de forma realista de la insuficiencia de ingresos de nuestro sistema tributario, también hace inviable la financiación de las políticas redistributivas. 

El programa económico de Ciudadanos realiza continuas referencias a UK y USA, donde todo ese dinero que se propone transferir a las empresas (con más ayudas y menos impuestos) sale de unos menores servicios públicos que nosotros defendemos necesarios para construir una sociedad socialmente cohesionada. 

Sin embargo, una alternativa económica de futuro para modernizar nuestro país, exige tener en cuenta que luchar contra la desigualdad, regenerar las instituciones, apoyar a las empresas y el  crecimiento económico, son elementos que se retroalimentan y se necesitan mutuamente. Esa interrelación, cierto que, con muchas imperfecciones, ha estado  en las políticas llevadas a cabo por el PSOE,  y está en el programa económico de este partido en la actualidad. 

Por ejemplo, la decencia en la gestión de lo público, y de los contratos públicos, permite a los contribuyentes ahorrar un buen dinero. Tratar por igual a todos los contribuyentes permite ingresar más por la vía de una mayor conciencia fiscal. Acabar con el capitalismo de amigues,  creando el marco regulatorio, facilita  que las  empresas compitan en igualdad y se esfuercen  en mejorar y no en buscar contactos en las administraciones, de forma  que las empresas más eficientes crecerán más.  La decencia permite una mayor eficiencia del sector público y del sector privado, que  son las bases de un crecimiento sólido y generador de empleo de calidad.

Es mucho más conocido por los ciudadanos y los expertos, que las políticas de cohesión social ayudan a incrementar la productividad de los trabajadores y la eficiencia de las empresas, así como,  la demanda agregada de la economía.

En definitiva, un proyecto de futuro y modernización para España debe poner a trabajar  la igualad y la decencia, entendiendo que los objetivos de redistribución de la renta, de transparencia y participación democrática no son un lujo que sólo se pueden permitir los países más desarrollados, sino que es la base sobre la que construir ese desarrollo al que aspiramos los españoles.  En eso estamos en el PSOE. Porque solo el PSOE conjuga regeneración, cohesión y economía.

18 abril 2015

La decencia como motor de la recuperación económica


En los inicios de este crucial periodo electoral parece que hay mucha gente interesada en instalar a la ciudadanía en un falso dilema entre decencia y empleo. Por un lado, la derecha parece querer apoyarse únicamente en que su raquítica recuperación merece olvidar la indecencia de la corrupción, de la sangrante desigualdad, de su capitalismo de amiguetes. Pero, por otro lado, desde una determinada izquierda parece que se pretende que la indignación sea un argumento absoluto, que no distinga y que no mire al futuro. La decencia en la gestión de lo público permite a los contribuyentes ahorrar un buen dinero, o a las administraciones ingresar más por la vía de una mayor eficacia en la lucha contra el fraude y a las empresas competir en igualdad y esforzarse en mejorar y no en buscar contactos en las administraciones. Y esa eficiencia del sector público y del sector privado son las bases de un crecimiento sólido y generador de empleo de calidad.

Por ejemplo, inmoralidad e indecencia son las primeras palabras que me vienen a la mente, ante los hechos que se vienen sucediendo estos últimos días en la Agencia Tributaria (AEAT) y  en el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. Pero, los escándalos en la Hacienda española se han ido desarrollando a lo largo de toda la legislatura. Cese de la cúpula de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONF);  varios centenares de ceses en la AEAT desde enero de 2012; aprobación de la amnistía fiscal, a la que se acogieron destacados miembros del PP, incluidos el ex vicepresidente de Economía y Hacienda Rato y el tesorero Luis Bárcenas; ceses y dimisiones  en la cúpula de la delegación central de grandes contribuyentes y en las delegaciones territoriales, etc.  

Ante los escándalos de los últimos días y la negativa del ministro de Hacienda a colaborar con el Juez Ruz, ¿Por qué se me viene a la mente la palabra inmoralidad?: varias son las razones. Por el  hecho de que el PP compare el dinero de los sobres en b de los dirigentes del PP con Cáritas, es decir, con el dinero destinado a la gente que no tiene que comer. Por la utilización que ha realizado el Gobierno de las instituciones en defensa del PP y para intentar conseguir su impunidad judicial por financiación ilegal del PP.  Porque la Administración no puede servir al interés general, cuando sus altos cargos sirven a intereses particulares. 

Pero, como se ha expuesto al principio,  lo que ha sucedido durante toda la legislatura con la dirección política del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no solo es un problema moral. Sin duda, es el primero, pero no el único. Porque la indecencia, la inmoralidad en asuntos como la igualdad de todos los españoles a la hora de pagar los impuestos, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal,  no ayudan a salir de la crisis.  

Cuando se socava la conciencia fiscal de los españoles, tiene consecuencias sobre la eficacia en la recaudación de los impuestos y en la lucha contra el fraude fiscal. Consecuentemente, los impuestos que tienen que pagar los que ya pagan correctamente sus impuestos son superiores a los que les correspondería,  si todos los contribuyentes cumplieran adecuadamente. El déficit público sería menor. Y la sostenibilidad del Estado del bienestar estaría asegurada. 

Además,  la captación partidista del aparato del Estado y la deriva conocida como capitalismo de amiguetes no ayude a consolidar una economía productiva y competitiva. Dicha  captación, que práctica el Gobierno,  nos aleja del objetivo de tener un sector público eficiente, independiente, motor e impulsor del crecimiento económico y de la cohesión social. Es la ocupación de las instituciones desde el poder político  una de las características que distingue a un país desarrollado de un país atrasado, lo que distingue la modernidad y el futuro del despotismo y del pasado. Esa intrusión en las instituciones por parte del Gobierno genera desigualdad, privilegios, inseguridad jurídica, corrupción y desincentivos a invertir en proyectos a largo plazo, que son los rentables social y económicamente hablando

Por tanto, la inmoralidad en la gestión de los recursos públicos, los casos de corrupción,  y por consiguiente, las medidas de regeneración democrática y la búsqueda de la transparencia y la independencia de las instituciones, están conectadas con el gran debate pendiente en nuestro país como es el de una estrategia de crecimiento.  Por eso, hay que vincular ambas cuestiones.
En esa lógica, es decir, que la decencia y la regeneración de las instituciones sean un gran motor de la recuperación económica, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de Ley para asegurar la independencia y autonomía de la AEAT, que incluye medidas como las siguientes: 

- “El nombramiento del Director/a de la AEAT se efectuará por el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3 y por un plazo de seis años, no renovables.

- Establecimiento de un sistema de nombramiento de los cargos de responsabilidad en la AEAT que elimine la actual discrecionalidad y asegure la concurrencia de los principios de mérito, capacidad y competencia profesional. 

- Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección política de la Agencia.”  

Lo anterior,  se tiene que completar con un plan de aumento de  los efectivos en la lucha contra el fraude. En la actual legislatura se han reducido en 1.800 efectivos y en los próximos años se va a jubilar alrededor de un cuarto de la plantilla de la Agencia. El PSOE ha propuesto el incremento de en torno a 5.000 empleados públicos la próxima legislatura. 

España necesita con urgencia una estrategia de crecimiento sostenible. Es un debate que no está encima de la mesa y me parece fundamental. En esa estrategia es primordial poner a trabajar la decencia y la regeneración de las instituciones para la recuperación y la salida de la crisis. Y, para ello, los cambios en la Agencia Tributaria  son imprescindibles. 

05 febrero 2015

La nueva flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento va en la buena dirección pero es insuficiente


Os dejo mi intervención en el Parlamento Europeo en el marco de la reunión interparlamentaria sobre La Gobernanza Económica.