25 julio 2012

Recortes sin futuro






Ayer se debatió, y aprobó, en el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2013-2015 y el límite de gasto no financiero de la administración central para 2013, el problema surge ante el hecho de que  si no hay  un cambio en la política económica, si seguimos teniendo una prima de riesgo alrededor de los 640 puntos básicos, cualquier ejercicio de consolidación fiscal termina siendo inútil porque al final los recortes y las subidas de impuestos se destinan a pagar el servicio de la deuda.

 Lo que está sucediendo ahora tiene que ver con errores, que ya hemos comentado, el más  clamoroso  es el de asumir que toda la deuda de todos los bancos españoles va a ser refinanciada con préstamos al Gobierno, de los que éste se hace responsable. Es ésta decisión, sin coste conocido, lo que no significa que no lo tenga, la que centra las dudas y nos sitúa en una prima de riesgo en torno a 300 puntos por encima de lo razonable. Como nuestra deuda pública total va camino del 80% del PIB, esto significa que el sobrecoste de su financiación va a situarse en 2,4 puntos del PIB, que es justamente la parte de déficit que los recortes quieren reducir. El aumento de la prima de riesgo no se traslada automáticamente al presupuesto, pero lo va haciendo conforme tenemos que acudir a financiar la deuda; y esto es cada vez más deprisa, porque el Gobierno acude a instrumentos de financiación cada vez más de corto plazo. Dicho de otra forma, mientras no atajemos de raíz las dudas que encarecen nuestra financiación, los mayores recortes sociales de nuestra democracia son inútiles porque el servicio de la deuda se los come, es sufrimiento para nada, sólo sacrificio sin futuro. Por eso da igual un escenario de consolidación que otro, como no se resuelva la mayor, es decir, el encarecimiento de la deuda, los esfuerzos de la consolidación acaban en los bolsillos  de los acreedores nacionales e internacionales, es verdad, que cada vez más nacionales.

Nosotros estamos de acuerdo con la estabilidad presupuestaria, estamos de acuerdo con la reducción del déficit público, pero en el marco de una política económica que nos de horizonte, que nos permita ganar el futuro.

Lo más triste del escenario de consolidación fiscal que nos propone el PP es más dolor sin sentido, más dolor que no conduce a salir de la crisis, sino a hundirnos más. Más dolor que lleva a más dolor, y a depresión no solo económica sino también emocional.


15 julio 2012

Hay alternativa a los recortes del PP

  ​Rajoy se jacta de ser de derechas y nacionalizar bancos, cuando lo que está contando es un durísimo paquete de medidas a empleados públicos, consumidores y desempleados; justamente el paquete que exige quien nos presta 30.000M€, a corto plazo, para financiar las pérdidas de dichos bancos nacionalizados. Parece complicado, pero ese es el nudo del mayor recorte de derechos y bienestar sufrido por la sociedad española en tiempos de paz. ​El argumentario de la derecha sólo descansa en dos patas: no hay opción y esto se debe a la dichosa herencia recibida. Pero no son ciertas ninguna de las dos afirmaciones. Es cierto que la situación de la economía española a finales del año pasado era difícil, pero desde entonces han pasado muchas cosas: el BCE inyecto un billón de euros al sistema, las primas de España e Italia bajaron, los gobiernos europeos, cada uno por su lado y todos juntos, tomaron muchas medidas, y hoy estamos aquí. Entonces teníamos una prima de cerca de cien puntos menos que Italia y ahora de cien puntos más, y eso directamente supone miles de millones de euros en intereses para el Estado e indirectamente dificultades de financiación para todos. Por otro lado, España todavía mantiene menos deuda (como proporción del PIB) que cualquiera de los otros cuatro grandes países europeos; entonces, ¿por qué ese castigo? La respuesta más escueta es: por la banca. Una parte del sistema bancario no puede pagar lo que debe y si lo hace el Estado por ellos, también tendrá apuros. La pregunta que hacen los ciudadanos es ¿por qué debemos nosotros pagar esa deuda? Aquí está sufriendo la crisis casi todo el mundo, haya tenido algo que ver con ella o no. Los que prestaron dinero a algunas cajas para que alegremente hincharan la locura inmobiliaria tienen, desde luego, más responsabilidad en esta situación que los pensionistas que están ya pagando por sus medicinas. Además, en su mayoría son bancos del norte de Europa que se están beneficiando de financiación barata a costa de esta huida de capitales del sur. ¿Por qué debemos garantizar todo su capital con nuestro sufrimiento? ​Por tanto, la situación actual tiene mil antecedentes, pero se deriva directamente de decisiones erróneas de Rajoy en la crisis de Bankia, así como, de una pésima  gestión política  relativa al saneamiento de los bancos,   que ha abocado al país al rescate financiero, y nos ha colocado en la escena económica internacional como el país de saldo y de todo a cien, y claro que hay más opciones, siempre las hay. Nosotros vamos a insistir en el sinsentido de una amnistía fiscal en medio de un derrumbe de los ingresos públicos, en los impuestos a las transacciones financieras y las grandes fortunas, en un cambio en profundidad de nuestra arquitectura fiscal, y en la búsqueda de responsabilidades, de todo tipo, en la pésima gestión de algunas entidades y en la reducción de gastos innecesarios. Pero hoy nos parece el colmo del cinismo que el Estado reniegue de sus obligaciones para correr a garantizar el cumplimiento de contratos privados, y que pretenda colar eso como un acto incuestionable. Claro que un gobierno de derechas ha nacionalizado bancos. Y así nos va, particularmente a las rentas medias y a los más desfavorecidos. Es más los propios periódicos en el día de ayer nos dan la respuesta a los argumentos de la derecha, aunque en secciones más alejadas, y con letras más pequeñas. Veamos dos ejemplos del mismo día. El diario El País se hace eco de que “Francia y Alemania lanzan una redada contra evasores fiscales en Suiza”, aunque en interior de la noticia comenta acciones en otros paraísos fiscales como Liechtenstein. ¿Tan difícil es sumarnos y potenciar este tipo de acciones? La Agencia Tributaria estaba avanzando en esta dirección (por ejemplo, con los requerimientos de 2010), pero nada sabemos ahora, cuando más necesita la población saber que, al menos, se hace algo para intentar que el reparto de los costes de la crisis sea más justo, eficiente y equitativo. ​Otra noticia del mismo jueves, esta vez en Cinco Días: “los bonistas se libran de la quita en contra de la nueva normativa europea”. Grandes bancos europeos prestaron cientos de miles de millones de euros a las cajas españolas para financiar la locura inmobiliaria. Como en cualquier contrato privado, la insolvencia del acreedor debería situar al deudor en un procedimiento del que con mucha probabilidad no saliese con todo su capital recuperado. Ellos asumieron un riesgo y contribuyeron a la génesis de este problema, y el Gobierno debería negociar una quita, no para la deuda pública, pero sí para la de las cajas inviables (por supuesto, salvando los depósitos). En lugar de eso, acepta un dinero público europeo para convertir ese contrato privado en otro público, es decir, para que los ciudadanos españoles garanticen con su sacrificio la devolución integra a los bonistas europeos. Esto va, no solo contra la normativa europea, sino  contra la lógica del mercado. Ya sabemos lo que quería decir Rajoy cuando presumía de que su gobierno de derechas nacionaliza bancos. ​El PP seguirá machacando con la famosa herencia recibida, pero España tiene menos deuda que cada uno de los otros cuatro grandes países europeos; menos deuda y tres problemas que explican entonces la disparada prima de riesgo: falta de perspectivas de crecimiento, unos ingresos públicos que han caído mucho más que la actividad y unas cajas de ahorros muy mal gestionadas (con excepciones) y pésimamente nacionalizadas.​

07 julio 2012

¿ Se deben subir los impuestos a las rentas altas?




Desde el punto de vista de la política impositiva, el crecimiento económico y la igualdad, encontramos  dos hechos relevantes  nuevos[1] que hay que tener en cuenta en el debate de los impuestos  y del diseño de una nueva estrategia fiscal:

- Muchos economistas[2], y  nuevos modelos sobre imposición[3], están reconsiderando la idea de que el capital, la propiedad y las herencias no deben ser gravadas.

- Ahora bien, la globalización económica, la movilidad del capital, y la competencia fiscal por atraer empresas, puede conducir a un concepto usado inicialmente en Estados Unidos a principios del siglo XX , llamado “carrera hacia el fondo”( race to the bottom), es una carrera cuya única ventaja parte de empobrecer al vecino y que termina en niveles fiscales ineficientemente bajos. En definitiva, una subasta a la baja. 

Los viejos modelos de la teoría de la imposición óptima, que han tenido una destacada influencia entre los políticos y los  policymakers durante, tienen su origen en la teoría económica neoclásica, en el uso estándar de los modelos de equilibrio general de Arrow-Debreu. Más concretamente, del segundo teorema de la economía del bienestar se deriva que no existe argumento de eficiencia a favor de la intervención pública, y la forma eficiente de conseguir los objetivos de equidad consiste en redistribuir de forma neutral, ello hace prácticamente imposible  la intervención pública, de tal manera  que siempre habrá un intercambio( trade-off)  entre eficiencia y equidad.

Dicho de otra modo, los impuestos tienen un fuerte efecto distorsionador sobre la asignación de recursos en la economía. Impuestos sobre el capital y fuertes niveles de progresividad real pueden influir de forma negativa sobre el ahorro, sobre el capital y en definitiva sobre la producción, y sobre la oferta de trabajo.
Las consecuencias prácticas de la teoría económica de la imposición óptima[4] son muy conocidas: una escala de tipos del gravamen más proporcional;  moderación en los impuestos a las rentas altas, a las del capital, así como, para los beneficios empresariales, y un mayor peso en el conjunto de la tributación de los impuestos indirectos.

 Una parte del  análisis económico esta reconsiderando las posiciones clásicas de la teoría impositiva: partiendo de supuestos más realistas, se llega a conclusiones distintas a las convencionales. Una buena síntesis divulgativa de los nuevos modelos de imposición, la podemos encontramos en artículo de  la revista de The Economist [5] el 5 de mayo de 2012:

1º.- Las rentas altas tienen incentivos a pagar más en la medida que unas elevadas tasas de desigualdad en la sociedad implicará, en el futuro, unos incrementos impositivos cuasi expropiatorios.

2º.- Los mercados de capital son imperfectos, de tal manera que los contribuyentes de todo tipo de rentas no pueden asegurarse contra todo tipo de riesgos, en ese contexto grabar el capital es una vía para conseguir un seguro personal y familiar contra dichos riesgos.

3º.-  En los modelos de horizonte infinito el público ahorra para consumir más en el futuro. Sin embargo, con supuestos más realistas, de horizonte finito, justamente cuando suben los impuestos, porque la rentabilidad del ahorro se reduce y para poder tener una pensión mayor se tiene incentivos a ahorrar más en el presente.

4º.- Lo mismo sucede con las herencias, en un horizonte finito, para dejar una mayor herencia, cuando se incrementan los impuestos sobre la riqueza en el presente,  se tienen más alicientes para ahorrar e invertir en el presente.

Hasta aquí un resumen, muy sintético, de las últimas aportaciones de la teoría económica en materia impositiva. Utilizando las conclusiones de dichos modelos pasaré a discutir las recomendaciones de la teoría de la imposición óptima, para ello utilizaré los conocidos elementos de la curva del conocido economista Arthur  Laffer.  A partir de dicha proposición se podría decir, que hay, al menos, tres derivaciones de la  curva de Laffer:

1ª.- Una subida de impuestos distorsiona el funcionamiento de la economía y la recaudación. A dicha proposición, se puede contraponer, tal como se ha visto anteriormente  que hay modelos en la  teoría económica que concluyen  que  la distorsión si existe es pequeña.

2ª.- Un incremento de la presión fiscal, especialmente, sobre el capital y las grandes empresas, tendría un efecto elusión vía salida de capitales y grandes empresas buscando una imposición más baja. Este efecto es especialmente significativo, y a considerar,  en un contexto de globalización económica y para  países medianos y pequeños.  La manera de combatir este efecto es por la vía de una armonización fiscal  e intensa coordinación internacional en la lucha contra el fraude y  los paraísos fiscales. Desde este punto de vista no se entiende que en la Unión Europea no haya una apuesta por la armonización fiscal y que en el seno de la misma existan paraísos fiscales.

3ª.- Cuando suben los impuestos hay un mayor acicate, sobre todo en un contexto de crisis económica, para incrementar la economía sumergida,  el fraude  y la elusión fiscal. Es decir, una curva de Laffer a la española. El mayor antídoto en este caso es perseguir el fraude fiscal, el camino no  es aprobar una amnistía fiscal para los defraudadores.

Finalmente, y a partir de lo expuesto anteriormente, se deben extraer una serie de conclusiones de cara a una reorientación de la arquitectura fiscal  en España,  en un contexto en el que es  preciso, un plan de consolidación fiscal para los  próximos años de la economía española que ponga más acento en el incremento de los ingresos que el recorte por el lado de los gastos. Sobre todo si  se piensa que en la Unión Europea, los ingresos públicos  se sitúan  en el 35,1% del PIB, frente al 44,6% de la UE-27;  y el gasto público español es del 43,6 del PIB frente al 49,1 de la UE-27, todo ello con datos de 2011. 

 A mi juicio, tres grandes conclusiones se derivan de lo anterior para la política impositiva española:

       a)    Hay un amplio margen para una política impositiva que combine igualdad y eficiencia económica.

2     b)     Es necesario, una armonización fiscal  e intensa coordinación internacional en la lucha contra el fraude y  los paraísos fiscales, especialmente en el seno de la Unión Europea, para evitar los efectos de la competencia fiscal a la baja. En este punto, subidas de  impuestos a la propiedad, por definición, son las más inmunes a una subasta a la baja, y las que menos distorsionan el funcionamiento de la economía.

3    c) Se hace precisa una ambiciosa política de lucha contra el fraude ,esto junto a la necesaria coordinación internacional impositiva, permitirá incrementar las bases imponibles, es decir, que todos paguen para que de esa manera no tengamos que cargar con unos tipos más altos a los que ya pagan en España,  que en su mayoría son las rentas medias.  Añadiendo equidad al sistema impositivo.






[1] La fiscalidad verde no es un hecho nuevo, pero se deberá tener muy en cuenta en la reforma impositiva, por sus efectos sobre la eficiencia económica y su potencial recaudatorio.
[2] Algunas referencias :  Conesa, Juan Carlos, Sagiri Kitao, and Dirk Krueger.(2009): "Taxing Capital? Not a Bad Idea after All!." American Economic Review, 99(1): 25–48.
   Emmanuel Farhi, Christopher Sleet, Ivan Werning and Sevin Yeltekin.(2012) "Non-linear capital taxation without commitment", Review of Economic Studies.
[3] Un ejemplo se puede encontrar en: Peter A. Diamond and Emmanuel Saez. (2011):”  The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations “, CESifo Working Paper Series No. 3548. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Department of Economics and University of California, Berkeley .
[4] Un resumen reciente se puede encontrar en la revista Papeles de Economía Español, nº 125/126, (2010):  “ Claves actuales de la fiscalidad del futuro”.
[5] Zero-sum debate. Economists are rethinking the view that capital should not be taxed

01 julio 2012

¿ Por qué ahora no a la subida del IVA?




A través de los medios de comunicación hemos conocido que el Gobierno,  y éste no lo ha desmentido, se está planteando una subida del IVA; en concreto, estudia  elevar el IVA de bienes y servicios, que ahora están gravados con tipos reducidos (8%) o superreducidos (4%),  y que puede afectar al 60% de la cesta de la compra, así como la eliminación de la deducción a la compra de vivienda. En definitiva, una enmienda a la totalidad a la política impositiva del PP, de Rajoy y de Montoro. Es más, hay que recordar que  la política económica del PP en los años de oposición se sustentaba  en una  narración muy simple: había que bajar los impuestos, de este modo se reactivaría la actividad económica y de esa forma se incrementaría la recaudación. ¡Han hecho todo lo contrario!
La línea argumental del PSOE se critica con la única tesis de que nosotros también lo hicimos. Por eso que lo hicimos consideramos que en buena medida ese esfuerzo ya está hecho y no toca otra vez tan pronto. No vamos a recoger firmas contra la subida como hizo la señora Aguirre en 2010 ni apelar a la insumisión fiscal, porque no somos iguales. Por cierto, el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero subió  los tipos altos y dejó constante el superreducido, conscientes del impacto que éste tiene en la bolsa de la compra de los ciudadanos más golpeados por la crisis.
Hay dos  grandes razones por las  que ahora no se debe subir el IVA: en primer lugar, el IVA tiene problemas de progresividad que se intentan solucionar justamente con la existencia de varios tipos. Subir sólo los bajos es la más regresiva de las propuestas y reducir los bienes que se beneficia de ellas es la siguiente. Por tanto,  la forma más regresiva de subir el IVA, es pasar productos de un tipo bajo a un tipo alto, porque el IVA entonces no sube para los que ya compraban productos al 18%, y  sube tanto más cuanto más parte del gasto de un ciudadano hace en productos a tipos bajos, es decir, cuanto más pobre sea.
En segundo lugar, el entorno del PP se ha lanzado a pregonar que España tiene uno de los niveles de recaudación por IVA más bajos de la UE, un 5,5% del PIB en 2010 frente al 7% de la UE. Esto es cierto, pero conviene mirar los datos con más perspectiva. Por ejemplo, ese año la recaudación en España medida así subió 1,4 puntos (desde el 4,1), con mucha diferencia el país donde más, casi el doble que la siguiente (Grecia, 0,8) y a mucha diferencia de los 0,3 puntos de subida de media europea. 
Si miramos directamente los datos de recaudación, y añadimos una perspectiva temporal mayor, la recaudación por IVA cayó en España entre 2006 y 2009 un 33,2% frente a la caída del 3,4% en el conjunto de la Unión: la mayor caída y diez veces mayor que la media. Obviamente, eso no tuvo que ver con modificaciones de tipos, sino con una brutal caída de la base imponible, bien sea por mayor fraude o por menor actividad. Entre 2009 y 2011 la recaudación del IVA subió en España un 32,6 frente al 15,2 de la UE: de nuevo entre las mayores variaciones (en este caso nos superan Reino Unido y Rumanía) y más del doble de la media. Este buen desempeño de la recaudación del IVA tiene que ver con la subida aprobada en 2010, y también con un esfuerzo de control del fraude. Que tenemos que seguir aumentando la recaudación del IVA parece claro, pero conviene dosificar los esfuerzos. Acabamos de hacer un gran esfuerzo en este terreno y ahora tocaría centrarnos en la lucha contra el fraude, reorientar la política impositiva, en su conjunto, haciéndola más progresiva, sobre todo en estos momentos que la gran pagana de la crisis es la clase media y los más desfavorecidos,  y  no tocar  los tipos del impuesto de valor añadido hasta que el desempleo no se estabilice.
No debemos dejar de lado que  la subida del IVA, máxime tal y como se está diseñando, tiene una repercusión sobre el poder adquisitivo de los niveles de renta medios spañoles, precisamente  los que  tienen una alta propensión a consumir, deprimiendo el consumo y la demanda interna, lo que agravara  la crisis.
Y por último, se olvida frecuentemente los aumentos en la desigualdad de la renta que esta crisis está generando en las economías más prosperas, y sus efectos sociales y económicos; es por ello que el Gobierno tiene que dibujar y acordar con el conjunto de la sociedad española un reparto más justo de las cargas de esta crisis, y de las condiciones macroeconómicas que la Unión Europea va a exigir a España.