A través de los medios de comunicación hemos conocido que el
Gobierno, y éste no lo ha desmentido, se
está planteando una subida del IVA; en concreto, estudia elevar el IVA de bienes y servicios, que ahora
están gravados con tipos reducidos (8%) o superreducidos (4%), y que puede afectar al 60% de la cesta de la
compra, así como la eliminación de la deducción a la compra de vivienda. En
definitiva, una enmienda a la totalidad a la política impositiva del PP, de
Rajoy y de Montoro. Es más, hay que recordar que la política económica del PP en los años de
oposición se sustentaba en una narración muy simple: había que bajar los
impuestos, de este modo se reactivaría la actividad económica y de esa forma se
incrementaría la recaudación. ¡Han hecho todo lo contrario!
La línea argumental del PSOE se critica con la única tesis de
que nosotros también lo hicimos. Por eso que lo hicimos consideramos que en
buena medida ese esfuerzo ya está hecho y no toca otra vez tan pronto. No vamos
a recoger firmas contra la subida como hizo la señora Aguirre en 2010 ni apelar
a la insumisión fiscal, porque no somos iguales. Por cierto, el Gobierno
presidido por Rodríguez Zapatero subió
los tipos altos y dejó constante el superreducido, conscientes del
impacto que éste tiene en la bolsa de la compra de los ciudadanos más golpeados
por la crisis.
Hay dos grandes
razones por las que ahora no se debe
subir el IVA: en primer lugar, el IVA tiene problemas de progresividad que se
intentan solucionar justamente con la existencia de varios tipos. Subir sólo
los bajos es la más regresiva de las propuestas y reducir los bienes que se
beneficia de ellas es la siguiente. Por tanto, la forma más regresiva de subir el IVA, es
pasar productos de un tipo bajo a un tipo alto, porque el IVA entonces no sube
para los que ya compraban productos al 18%, y sube tanto más cuanto más parte del gasto de
un ciudadano hace en productos a tipos bajos, es decir, cuanto más pobre sea.
En segundo lugar, el entorno del PP se ha lanzado a pregonar
que España tiene uno de los niveles de recaudación por IVA más bajos de la UE,
un 5,5% del PIB en 2010 frente al 7% de la UE. Esto es cierto, pero conviene mirar
los datos con más perspectiva. Por ejemplo, ese año la recaudación en España
medida así subió 1,4 puntos (desde el 4,1), con mucha diferencia el país donde
más, casi el doble que la siguiente (Grecia, 0,8) y a mucha diferencia de los
0,3 puntos de subida de media europea.
Si miramos directamente los datos de recaudación, y añadimos
una perspectiva temporal mayor, la recaudación por IVA cayó en España entre
2006 y 2009 un 33,2% frente a la caída del 3,4% en el conjunto de la Unión: la
mayor caída y diez veces mayor que la media. Obviamente, eso no tuvo que ver
con modificaciones de tipos, sino con una brutal caída de la base imponible,
bien sea por mayor fraude o por menor actividad. Entre 2009 y 2011 la
recaudación del IVA subió en España un 32,6 frente al 15,2 de la UE: de nuevo
entre las mayores variaciones (en este caso nos superan Reino Unido y Rumanía)
y más del doble de la media. Este buen desempeño de la recaudación del IVA
tiene que ver con la subida aprobada en 2010, y también con un esfuerzo de
control del fraude. Que tenemos que seguir aumentando la recaudación del IVA
parece claro, pero conviene dosificar los esfuerzos. Acabamos de hacer un gran
esfuerzo en este terreno y ahora tocaría centrarnos en la lucha contra el
fraude, reorientar la política impositiva, en su conjunto, haciéndola más
progresiva, sobre todo en estos momentos que la gran pagana de la crisis es la
clase media y los más desfavorecidos, y no tocar los tipos del impuesto de valor añadido hasta
que el desempleo no se estabilice.
No debemos dejar de lado que
la subida del IVA, máxime tal y como se está diseñando, tiene una
repercusión sobre el poder adquisitivo de los niveles de renta medios spañoles, precisamente los que tienen una alta propensión a consumir, deprimiendo
el consumo y la demanda interna, lo que agravara la crisis.
Y por último, se olvida frecuentemente los aumentos en la
desigualdad de la renta que esta crisis está generando en las economías más
prosperas, y sus efectos sociales y económicos; es por ello que el Gobierno
tiene que dibujar y acordar con el conjunto de la sociedad española un reparto
más justo de las cargas de esta crisis, y de las condiciones macroeconómicas
que la Unión Europea
va a exigir a España.
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