Paul
Krugman en su habitual columna de El País, del pasado domingo 3 de junio,
terminaba diciendo: “La recuperación económica nunca ha sido el
objetivo; la defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis,
no resolverla”. Esto es lo que está sucediendo en España con una política económica del Gobierno que, a pesar de
parecer improvisada y errática a las instituciones europeas y los mercados, es
fría y calculada para beneficiar a los poderosos y laminar nuestro incipiente
Estado del Bienestar. La crisis, la
reducción del gasto público, incrementar la recaudación, son las excusas perfectas
para plantear recortes en educación, el copago en sanidad, para hacer más
difícil el acceso a la universidad de los jóvenes, o para plantear una amnistía fiscal. En
definitiva, la crisis económica es, en parte, una coartada para implantar un
programa ideológico conservador. Habrá que concluir con
Krugman, que la derecha, más que luchar contra la crisis, la usa como excusa
para imponer cambios que en otro contexto serían inaplicables por el amplio
rechazo social que generan.
La
amnistía fiscal de manera directa supone la reducción de los impuestos a las
rentas más altas y a las grandes corporaciones,
por la vía del perdón de los impuestos a los defraudarores. Ahora, con
la nueva Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 31 de
mayo, se va a permitir blanquear dinero negro, incluso con orígenes que pueden
ser delictivos. El objetivo declarado del Gobierno es la recaudación, pero no
debemos olvidar que el relato impositivo de los neoliberales, ese ha sido el de
Montoro estos últimos años, es que bajando los impuestos a los más pudientes se
incrementa el ahorro y las posibilidades de la inversión privada. Por el contrario, será la clase media con una
alta propensión a consumir, haciendo un sobre esfuerzo, la que soporte el coste
de los servicios públicos, ello irá en detrimento del consumo y de la
reactivación económica.
Una amnistía fiscal tiene
costes morales respecto a los contribuyentes y costes reputacionales respecto a
todos los ciudadanos, contribuyentes y defraudadores. A cambio, básicamente
recauda pero, por sí sola poco. El análisis económico la contempla como una
medida excepcional que puede tener sentido sólo en un contexto de
endurecimiento de los controles antifraude (Leonhard y Zeckhauser, 1987). Justo
lo contrario de lo que sucede con el Gobierno del PP, cada nueva norma jurídica que aprueba el
mencionado Gobierno hace más laxa la lucha contra el fraude. Otra referencia clásica en la literatura sobre
las amnistías fiscales (Stella, 1991) dice que generalmente no consiguen
aumentar la recaudación. Lo que sí consiguen es debilitar la confianza en el
sistema fiscal.
Desde luego, el Banco Mundial se muestra muy
escéptico[1].
El economista jefe de la OCDE Carlo Padoan[2] ha
dicho que “la lucha contra la evasión fiscal no debería ser frustrada con
amnistías”. La OCDE[3], alerta del riesgo de las mismas.
Pero
hay que añadir que la amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012
ha sido improvisada, torpe y con fundadas dudas legales. En primer lugar, con serias
dudas de constitucionalidad, por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 31
de la Constitución que expresamente prevé que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en
los principios de igualdad y progresividad”.
En segundo lugar, el Real Decreto no tiene el
rango adecuado para dar cobertura a la amnistía penal, de tal manera que el
Gobierno, según lo publicado en los medios de comunicación, ahora va a
modificar el Código Penal. Así mismo,
ante un comienzo torpe, tiene que completar el Real Decreto de
amnistía inicial, aprovechando el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de
medidas urgentes de liberalización del comercio. Y aprueba una Orden del
Ministerio de Hacienda que se extralimita en el desarrollo del incompleto RDL
12/2012, extendiendo la excusa absolutoria al delito de blanqueo de capitales.
En definitiva, la amnistía
fiscal del Gobierno de España, es injusta (con los que pagamos impuestos),
ineficaz (porque no va a recaudar lo que pretende) e improvisada (por el penoso
diseño técnico).
Pedro
Saura García es portavoz de hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados.
Leonhard y Zeckhauser (1987): “Amnesty, Enforcement,
and Tax Policy” en Summers L. (ed.) Tax
Policy and the Economy, Volume 1, MIT Press.
Stella, P. (1991): “An Economic analysis of Tax
Amnesties”, Journal of Public Economics 46(3), 383-400.
[1] http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTPUBLICFINANCE/EXTTPA/0,,contentMDK:20234486~menuPK:390373~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390367,00.html
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