21 abril 2014

Un equipo económico devaluado


La Región de Murcia necesita un equipo económico en el Gobierno regional que lidere un proyecto económico de futuro, formado por los mejores especialistas que aporten  conocimientos en materia económica y con peso político para enderezar el rumbo económico de la Región,  que apueste por la creación de empleo compatible con un patrón de crecimiento basado en la incorporación de conocimiento a nuestra producción regional y por  una profunda reforma de la administración autonómica, sin que ello acabe en lo fácil que es recortar; es más, dicho equipo  debería ser una de las piezas centrales del Gobierno regional.  Necesitamos contar con los mejores. Sin embargo, qué sucede con el actual equipo económico que dirige la Comunidad Autónoma:

1. Escaso reconocimiento profesional regional y nacional en materia económica y laboral. En algunos casos una muy limitada experiencia en los ámbitos económicos,  no obstante, nuestra Región requiere que el Gobierno regional cuente con los mejores especialistas y directivos en materias como la económica, hacendística, fiscal, laboral, industrial, turística, las concernidas con el mercado de la vivienda,  la gestión de la administración pública, etc., primordialmente cuando la Región está atravesando uno de los  peores momentos de su historia económica. Vivimos una situación de emergencia regional,  no hay tiempo que perder, pero, además hay muchos murcianos y murcianas que son verdaderos expertos en esas materias y  que tienen un  reconocido prestigio nacional e internacional, los hay también en la órbita de la derecha murciana y que podrían  ayudar a reorientar y encauzar la quiebra que sufre nuestra economía y las finanzas públicas regionales. Prueba de esa limitada capacidad en el área económica del Gobierno regional la tenemos en el hecho de que en una Región con una tasa de paro que casi se ha triplicado al pasar del 10% a más del  29%, que es la novena Región con más tasa de paro de la Unión Europea, la única medida que ha propuesto el Gobierno es crear una comisión de empleo formada por los distintos departamentos del mencionado Gobierno; a estas alturas de la crisis me parece una medida muy pobre, ya se sabe que cuando un político no sabe lo que hacer crea una comisión,  pero  después de conocer su composición me pregunto si hay alguien en dicha comisión que distinga bien los conceptos básicos de  oferta y demanda de empleo.  

2. El mencionado equipo ha sufrido  una importante pérdida de peso político en el gobierno. Se ha pasado de un Vicepresidente económico en el Gobierno anterior, a por deseos del actual Presidente, un  Consejero de Economía devaluado. Es más, el  mensaje que envía Garre es que habrá un mentor que hará gestiones en Madrid porque el Consejero formal no tiene conocimientos, ni capacidad de persuasión,  ni influencia; consecuentemente a dicho  Consejero, ¿quién se le va a poner al teléfono en Madrid?, ¿qué opinión se tendrá de él en el Consejo de Política  Fiscal y Financiera cuando tome la palabra?, ¿ qué pensarán los que se le pongan al teléfono en la Región?, absolutamente surrealista.  Sin embargo, ahora más que nunca se necesitaría un Vicepresidente económico con autoridad, dentro del propio Gobierno y ante la sociedad,  para tomar decisiones y orientar correctamente la política económica, máxime en un gobierno interino, de transición, sin ideas claras y  que más bien es una coalición política del propio PP regional para resolver las luchas de poder entre las distintas “familias” políticas en el seno de ese partido.

3. El instrumento más importante de política económica con él que cuenta el Gobierno regional es el Instituto de Fomento (INFO), pues bien,  la señal que  emite el ejecutivo regional  con el nombramiento  de una determinada persona, que cuenta con todos mis respetos a nivel personal,  es que se sigue apostando por recuperar  el viejo modelo especulativo que tan tristes  y desgarradores resultados nos ha traído en pérdida de valores, sufrimiento de miles de personas y mermas de empleo y de empresas, cuestiones que algunos ya señalamos años atrás; y es que el Consejo de Gobierno coloca  al frente del INFO a uno de los "actores" más importantes en la construcción de ese modelo especulativo.  La conclusión a la que fácilmente se puede llegar es que la derecha murciana no ha aprendido ninguna lección en cuanto a las  razones que explican la crisis que de manera más intensa, comparada con la media nacional,  está viviendo la Región de Murcia.  Pero, ese modelo no solamente se ha derrumbado como un castillo de naipes, sino que además no retornará.

 Por tanto, la presencia de un equipo económico devaluado y la  ausencia de un proyecto económico de futuro para nuestra Región aboca a la economía regional a salarios aún más bajos para ser competitivos, menores ingresos para financiar los servicios de cohesión social que proporciona la Comunidad Autónoma,  mayores niveles de desigualdad, y por consiguiente, estancamiento económico permanente. La desorientación en cuanto al proyecto económico tiene su origen en que durante muchos años no ha habido ni hay  un proyecto de Región.



10 abril 2014

El PP no apoya 20 medidas de lucha contra el fraude la elusión y la evasión fiscal

Las 13 “verdades” de las finanzas públicas en el año 2013.


1. Desde que Rajoy es presidente del Gobierno, con tanta contabilidad creativa por el lado de las partidas de ingresos fiscales (retraso de las devoluciones) como de gasto (cierre anticipado del presupuesto, operaciones one-off diferidas – déficit eléctrico, pago a proveedores, rescate de autopistas, etc-), las cifras de déficit público han dejado de ser un indicador relevante para el seguimiento de las cuentas públicas. Es bien conocido que cuando se establecen objetivos sobre un indicador manipulable (otro ejemplo son las listas de espera en la sanidad), deja de ser representativo de lo que trata de medir. Por eso, para evaluar la situación de las cuentas públicas en la actualidad es más fiable analizar la evolución de la deuda pública (su manipulación es más difícil, al estar en manos de los inversores) y las garantías y avales que concede el Gobierno a diversos sectores económicos, que suponen un riesgo contingente para las cuentas públicas y, de hecho, subvencionan estas actividades. En concreto, la deuda pública ha crecido en casi 76.000 millones de euros en 2013, un 8,6% más que en 2012, y alrededor de 9.000 millones más que lo ha hecho el déficit en este mismo año, teniendo en cuenta que, además, el Tesoro ha reducido sus activos líquidos en 20.000  millones de euros entre principios y finales de año. El incremento de la deuda pública y de los avales ha tenido, en gran parte, tres grandes beneficiarios: constructoras, bancos y eléctricas.

2. La gestión de las finanzas públicas en 2013 viene a reafirmar el abultadísimo ritmo de crecimiento de la deuda pública que caracteriza al actual Gobierno. En concreto, desde que Rajoy es presidente, la deuda pública ha crecido en 223.000 millones de euros y el reloj de la deuda lo hace en 215.000 euros por minuto. Casi 20.400 euros per cápita en 2013, frente a los 15.900 euros en 2011. Cada español debe 4.500 euros más que cuando empezó la legislatura. 

3. Pero es más preocupante la sostenibilidad de dicho endeudamiento si tenemos en cuenta la evolución, en 2013, de algunos  factores que explican la ratio deuda/PIB, que se añaden a este abultado nivel de partida. En concreto, un crecimiento nominal de la economía muy inferior a los tipos de interés a los que se financia el Tesoro y una lenta disminución del déficit primario. Esta lenta disminución del déficit primario se maquilla utilizando el concepto de saldo primario estructural, que pretende captar el saldo primario que tendrían las cuentas públicas españolas si la economía no estuviera en recesión. 

4. De hecho, el Ministerio de Hacienda presume de dicho superávit primario estructural. Sin embargo, este superávit se basa en un cambio metodológico en su cálculo que implica que el “Output gap” negativo de la economía española, es decir, la magnitud de la recesión, es del orden del 10%. Cuando el Partido Popular accedió al Gobierno este “Output gap” negativo era del orden del 8% (de acuerdo con sus propios cálculos); por tanto, este Gobierno ha acentuado la recesión ¿Cuántos años tendrán que pasar para que la economía salga de la recesión? Muchos años. Solo en ese momento el saldo primario será positivo y la deuda tendrá visos de comenzar a disminuir. ¿Cuál será el nivel que alcance dicha deuda en ese momento?.  En definitiva, el cambio metodológico  implica el reconocimiento de más años de déficit  y por consiguiente un mayor volumen de deuda.

5. Los ciudadanos deben saber que el déficit del Gobierno Central (Administración General del Estado y Seguridad Social), en 2013, ha sido mayor que el de 2012 y mayor que el “heredado” en 2011, esto es el 5,5% actual, frente al 5,2% de entonces. Tanto recorte, tanta subida de impuestos –en más de 50 ocasiones-, para conseguir solo reducir el déficit de todas las administraciones públicas en 3.000 millones de euros. 

6. Los ingresos tributarios de la Administración Central en 2013, antes de transferir lo que le corresponde a las comunidades autónomas, han sido prácticamente  los mismos que los de 2012, es decir, alrededor de 168.000 millones de euros, con una desviación sobre lo presupuestado de 9.000 millones de euros, y  una nueva reducción de las bases imponibles de casi 21.000 millones de euros (desde que gobierna Rajoy las bases imponibles se han estrechado en 52.000 millones de euros).  

7. Si a la desviación presupuestaria anterior, 9.000 millones de euros,  se le une la desviación sobre lo que presupuestó  la Seguridad Social de 8.000 millones de euros, el Presupuesto de 2014 inicia su camino con una insuficiencia por el lado de los ingresos de 17.000 millones de euros.

8. La reducción de las bases imponibles y los modestos resultados en los ingresos tributarios tienen que ver, en parte, con la  política del Gobierno de lucha contra el fraude y de elusión fiscal.  Efectivamente, la política tributaria viene marcada  por el hecho de que acabar con el  fraude no es una prioridad para el Gobierno como se ha puesto de manifiesto en reiterada ocasiones (amnistía fiscal, escándalos en la Agencia Tributaria, reducción de medios humanos y materiales, etc.), tanto es así que los resultados en la lucha contra el fraude se han reducido en 2013 en un 9%. 


9. El ajuste en 2013 lo asumen las comunidades autónomas y ayuntamientos, responsables del gasto educativo y sanitario. Es curioso que los ayuntamientos, a los que quieren privar de servicios sociales para hacer frente a la pobreza, sean los que estén salvando la cara a Rajoy y Montoro, al haber conseguido superávit y compensar en parte el déficit de la Administración General del Estado. Es también curioso que estas administraciones mantengan recargos extraordinarios en varios impuestos (IBI, etc.) cuando registran superávit en sus cuentas y su deuda conjunta es asumible. 

10. En el cuarto trimestre de 2013 los consumos intermedios del conjunto de administraciones públicas, se han reducido en casi 3.700 millones de euros si lo comparamos con el mismo periodo de 2012; gasto que se ha  deslizado al año 2014. Ese diferimiento de los consumos intermedios explicaría que el déficit no se hubiera situado en torno al 7%, excluidas las ayudas financieras, tal y como habían señalado la mayoría de institutos de análisis económico. ¿Qué se inventará el año que viene Montoro para alcanzar los objetivos de déficit? ¿Qué herencia oculta dejará a su sucesor? ¿Aflorará gasto en los años pasados cuando se produzca un cambio de ministro o volverá a dejarnos antes en evidencia Eurostat y nos obligará a revisar los datos?

11. La evolución de la finanzas de la Seguridad Social en 2013, en parte producto de la política económica del Gobierno,  ha provocado que se haya reducido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en más de 9.200 millones de euros.  De  forma que, en conjunto,  el Fondo se ha reducido desde 2011 en 13.000 millones de euros, pasando de una dotación del Fondo de 66.815 millones de euros en 2011 a los 53.444 millones de euros existentes en el pasado año. 


12. La leve reducción del déficit público en 2013 del conjunto de administraciones públicas se explica en gran parte por el incremento de la presión fiscal indirecta (que crece un 0,54 puntos de PIB) y que soportan  en mayor medida las rentas medias y bajas.  Por ejemplo, el tipo medio del IVA se ha situado en el 15,5%, con un incremento en 2013 del 14,5%. 

13. Dicha reducción  también se explica por la  disminución de la  inversión pública (reduciendo su peso en el PIB  hasta el 1,48%) situándose en niveles más bajos que el consumo de capital fijo, es decir, los recursos necesarios para que no se deprecie el capital público. Por tanto, no solo no reforzamos uno de los pilares de la productividad de la economía, las infraestructuras, sino que además se permite  que se deterioren. El hacer recaer el ajuste fiscal en esta partida, en la inversión en I+D y en la educación no permiten vislumbrar un crecimiento potencial de la economía que garantice la creación de empleo de calidad y la sostenibilidad de las cuentas públicas, salvo que se adelgacen todavía en mayor medida los sistemas de protección social.

La reforma fiscal: creación de empleo y fraude fiscal


La Reforma del Sistema Tributario Español es, sin duda alguna, una de las más importantes que debe abordar la sociedad española. Una reforma de largo recorrido que debería ser concebida para varias generaciones de españoles  y que de inmediato afectará a los ciudadanos, la economía española y la situación de las finanzas públicas.

El objetivo principal de esta reforma debe ser la creación de empleo. Con ello se avanzaría igualmente en lograr una mayor cohesión social y la reducción de las desigualdades.  Sin embargo, la política impositiva que viene desarrollando el Gobierno en estos dos últimos años, amnistía fiscal incluida, y la propuesta de reforma elaborada por la Comisión nombrada por el ejecutivo, no contribuyen al objetivo tantas veces aludido, porque dichos planteamientos económicos y políticos parten de una falacia que a fuerza de repetirla quieren imponer. Reduciendo los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios se incrementaría el empleo, cuando ya se ha demostrado en otras economías, como la norteamericana, que el resultado de estas políticas es un aumento de las desigualdades sin que aumente la creación de empleo.

La solución que propone el Gobierno, y sus compañeros de viaje, es incrementar la fiscalidad indirecta en beneficio de la directa, sin compensación alguna a los perdedores que son las rentas medias y bajas,  salvo un impreciso deseo de aumentar la creación de empleo.  Este tipo de políticas a su vez tienen unas consecuencias económicas negativas sobre los desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía y sobre la creación de empleo: lento desapalancamiento de las endeudadas rentas medias y su menor demanda de bienes domésticos, que con una alta probabilidad no son bienes importados. Por el contrario, las rentas más altas tendrían más disponibilidad para consumir, pero en este caso, bienes de alta gama que sí serán en un mayor porcentaje importados.

El punto de partida de una reforma fiscal ambiciosa para la creación de empleo y la equidad debería ser la lucha contra el fraude ilegal y el fraude legal (elusión fiscal). Pero acabar con el fraude no es una prioridad para el Gobierno como se ha puesto de manifiesto en reiterada ocasiones; tampoco lo es en el Informe que ha elaborado la Comisión de expertos gubernamental. En éste se echa en falta una propuesta concreta de medios y una cuantificación precisa de objetivos. El Informe no incluye medidas para evitar las distintas formas de elusión fiscal, relacionadas con las multinacionales, los grandes patrimonios y la fiscalidad de la economía digital; tampoco hay referencia alguna a la orientación de la fiscalidad europea e internacional desde la perspectiva española.


Y es que el fraude es la fuente mayor de distorsión del sistema económico.  Distorsión en las decisiones empresariales,  las empresas con beneficios no declarados difícilmente los usan en políticas de crecimiento sólidas (desde la innovación a la exportación), aunque dispongan de oportunidades, de forma que el fraude socava el crecimiento empresarial y del conjunto de la sociedad; Pero, además, las empresas que defraudan emplean más sus recursos y su tiempo en cómo actuar para que nos las descubran que en tomar decisiones que tengan como meta incrementar la dimensión empresarial, innovar o apostar por la exportación. Hay una relación empírica clara, contrastada e inversa entre niveles de fraude de una economía y productividad por hora trabajada.

Pero no acaba en lo anterior la distorsión sobre las decisiones económicas. También se pueden encontrar distorsiones en las decisiones personales de ahorro y trabajo, el fraude desfigura la canalización del ahorro hacia actividades productivas, de tal forma que las rentas ahorradas, en lugar de estar disponibles a través del sistema financiero se bloquean en activos con precios opacos como puede haberlo sido la propiedad inmobiliaria. En cuanto a las decisiones individuales de trabajo, la introducción del fraude las sesga hacia decisiones de menor valor añadido social y de menor proyección futura individual. Además la existencia de fraude supone una mayor presión fiscal nominal. En la medida en que la sociedad no esté dispuesta a renunciar a un cierto nivel de gasto, el fraude conduce a una presión fiscal superior sobre las rentas y empresas que sí tributan. 

Por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal también tiene una incidencia directa en la resolución de uno de los desequilibrios macroeconómicos más importantes de la economía española como es el desahorro público, en tanto en cuanto, los resultados de lucha contra el fraude  incrementaría  la recaudación y reduciría  el déficit público. La UE estima un fraude fiscal para España de en torno a los 70.000 millones de euros anuales. Ni que decir tiene que el fraude fiscal  es, por encima de cualquier otra consideración, una fuente de injusticia y debilitamiento de las bases éticas del sistema. Si el fraude se percibe como un mal por la población es por la injusticia de que dos situaciones iguales tengan efectos distintos. Además, el gran fraude y la corrupción debilitan el estigma social del pequeño fraude y provocan un cierto efecto emulación que socava todo el fundamento del contrato social.

La lucha contra el fraude es la garantía de un sistema tributario que no distorsione el funcionamiento de la economía, que cree empleo y que avance en la equidad. Utilizando un símil, al "coche" del sistema fiscal español le faltan las ruedas que es el conjunto de técnicas y medios para luchar contra el fraude. Podemos ahora discutir mucho si conviene ponerle un carburador más eficiente o un tubo de escape más moderno. Mientras el Gobierno no tenga voluntad de ponerle las ruedas (que son hacer que las fortunas elevadas y paguen impuestos los que no pagan), solo estaremos mareando a la ciudadanía con fuegos artificiales, escondiendo, eso sí, detrás de la propuestas del Gobierno, una transferencia de renta de las rentas medias y bajas a las más altas, que por otra parte no es nuevo en la política económica del Gobierno. Por tanto, sin los medios necesarios y sin una reforma en profundidad de la administración tributaria no habrá una eficaz reforma tributaria.

02 abril 2014

Comparecencia de Lagares en la Comisión de Hacienda







La Región de Murcia está en una encrucijada



En el último  número de la revista Papeles de Economía Española titulado La Economía de las Regiones Españolas en la crisis, se incluye un conjunto de artículos de prestigiosos economistas que ponen negro sobre blanco la situación en la que han quedado las diferentes regiones a estas alturas de la crisis que se inició en 2007. El paisaje no puede ser más desolador para regiones como la nuestra.

Algunos ya habíamos señalado las consecuencias de la espiral especulativa de años atrás, pero es más triste y desgarrador comprobar que lo que preveíamos y mucho más es lo que ha terminado sucediendo. A día de hoy un amplio porcentaje de murcianos y murcianas forman parte de los españoles que peor lo han pasado en lo que llevamos de crisis.

La Región de Murcia es una de las más castigadas por la recesión, según la mencionada revista, ya sea por la caída acumulada del PIB, alrededor del 7%, los datos del INE lo elevan prácticamente al 10%; como por la disminución del empleo, un 21%; la tasa de paro casi se ha triplicado al pasar del 10% al 29%. Por supuesto que se ha producido un ajuste importante en el sector de la construcción y el inmobiliario, pero además llama la atención la disminución acumulada del índice de producción industrial de un 25% en cinco años; la población activa, más concretamente, los parados, están a la cola de los niveles educativos del conjunto del Estado. Además, la Región padece uno de los mayores retrocesos en el índice de desarrollo humano, construido a partir de indicadores relativos a la salud, la educación y el bienestar material. El mencionado retroceso se explica por la merma de la renta disponible de las familias y el crecimiento de la desigualdad.

Sin embargo, a tenor de lo que leemos todos los días en los medios de comunicación, parece, como si los dirigentes de nuestra Región, no hubieran aprendido de los errores del pasado. Los debates siguen girando en torno a grandes infraestructuras, grandes proyectos; los recursos que, según el Gobierno Regional, con casi toda probabilidad, vamos a obtener del nuevo modelo de financiación, dado que la Región de Murcia arrastra un problema de financiación que tiene su origen en las transferencias educativas y sanitarias que llevó a cabo el gobierno Aznar; o sobre los recortes interminables que se suceden unos detrás de otros para reducir el déficit de la administración regional. Pero la realidad es que no hay un debate sobre lo importante, la realidad es que la situación social y económica se deteriora y la realidad es que no hay un proyecto de medio y largo para la Región de Murcia que no sea pensar que los grandes proyectos nos van a sacar de la crisis, como en el pasado, y que seguir abaratando los salarios de manera permanente nos va hacer competitivos.

En un contexto de menor crecimiento en el mundo durante muchas décadas, de una mayor competencia de los países emergentes, de mayores desigualdades de la riqueza en el interior de los países desarrollados, con una deuda privada y pública que hay que devolver, con una mayor restricción financiera de la administración regional y una reforma de la financiación autonómica que no va a contar con más recursos, con ese panorama nuestra Región, en uno de los momentos más importantes de su historia, se encuentra en una verdadera encrucijada, de tal forma que el camino elegido puede ser seguir abaratando los salarios para ser más competitivos o apostar, de verdad, por una economía que incorpore mayor valor añadido y mayor conocimiento. Por cierto, las exportaciones murcianas autóctonas, excluyendo el efecto ampliación de la refinería de Repsol, son de 6.000 millones de euros y no de 9.200 como dice el PP de la Región de Murcia, por consiguiente, no es verdad que haya habido un cambio en el patrón de crecimiento de nuestra querida Región. 

Los dirigentes pueden apostar por seguir recortando a la espera que lleguen más recursos de un nuevo modelo de financiación autonómica o apostar por una nueva cultura de lo público y de la gestión del sector público regional; pueden seguir apostando por grandes proyectos o analizar las potencialidades, el efecto arrastre de cada uno de los sectores económicos. En definitiva, la elección está en más de lo mismo o en mirar hacia adelante. El dilema está entre viejas recetas o apostar por una regeneración de las instituciones y de las políticas. El dilema está entre seguir manteniendo privilegios privados y públicos o abrazar y premiar la cultura del esfuerzo y el trabajo bien hecho. De nosotros depende, la solución no va a venir de fuera. 

Ya sé que lo que propongo, ser más productivos, para tener una mayor calidad de vida, no da muchos titulares para que nuestros dirigentes saquen pecho, y que no permite un atajo al trabajo que tenemos por delante, pero la alternativa supone un estancamiento permanente y mayores niveles de desigualdad y la tarea es urgente,  ya hemos perdido demasiados años. 

Me duele como murciano la ausencia de un proyecto económico de futuro para nuestra Región porque eso es sencillamente  una ruina, pero ,  en realidad el  problema de fondo  es que no hay un proyecto de Región, y para colmo el partido político que gobierna la Región está más ocupado en cómo resolver sus cuitas internas que en lo mucho que está en juego.