29 agosto 2016

Acuerdo PP- C´s: sociedad low cost y jibarización del Estado social

El acuerdo del PP con Ciudadanos pone de manifiesto que Rajoy es el tapón para la regeneración, para la modernización, para una recuperación justa y para una economía inclusiva. El citado acuerdo  por un lado consolida una sociedad low cost, apuntalando unas relaciones laborales que implican salarios bajos y empleo precario, y de otro lado,  jibariza el Estado social, alejándonos aún más de los niveles de bienestar de la media de los países europeos. 

1. No se deroga la reforma laboral ni se plantea un objetivo de incremento del salario mínimo interprofesional. En conjunto, la propuesta económica es precariedad laboral -persistiendo el desequilibrio hacia los empresarios en las relaciones laborales-, y salarios bajos como vía para ser competitivos. 

2. El gasto social en el acuerdo es papel mojado ante los objetivos   de consolidación fiscal exigidos por la UE y porque no aborda una profunda reforma fiscal. El propio texto del acuerdo  reconoce que “las  dotaciones presupuestarias contempladas se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por el Reino de España”, siendo papel mojado por tanto las mencionadas partidas de gasto. Veamos: de acuerdo con las exigencias de nuestros socios europeos, la reducción del déficit del conjunto de administraciones entre 2016 y 2018 supondrá un ajuste de 26.000 millones de euros, por lo que de no abordar una reforma estructural de nuestro sistema impositivo, solo con las medidas  impositivas del acuerdo PP-C´s  y los recursos que aporta el ciclo económico, a duras penas se evitarían recortes adicionales del Estado del bienestar, y mucho menos habría recursos para financiar más gasto social como el que propone el acuerdo.

Por cierto, el complemento salarial de Ciudadanos en sus primeras versiones era de 10.000 millones de euros,  y ahora en el acuerdo con el PP se ha quedado en 2.000 millones. Dicho de otra manera, si hay 10 millones de trabajadores que ganan hasta 2 veces el salario mínimo, el complemento per cápita es solamente de 200 euros. 


Son varias las inconsistencias y errores en el  documento, por ejemplo, cuando se cuantifica  el dinero a recuperar de la amnistía fiscal no se expresa en ningún lugar  que, caso de recuperarse, es por una sola vez.

Tan es papel mojado el gasto social que propone el documento que en la tabla presupuestaria final no han incluido la propuesta de recuperar el gasto per cápita de sanidad.


3. No hay medidas para evitar el  agujero en la Seguridad Social y de esta forma impedir esquilmar  definitivamente el Fondo de reserva de la Seguridad Social, más bien al contrario: se persiste en el error manteniendo la bonificación de los 500 euros. 

4. Consolida una política tributaria injusta. No solamente no se aborda una profunda reforma fiscal, para incrementar los recursos públicos y hacer nuestro sistema impositivo más justo, sino que además se persiste en los errores del pasado, proponiendo una rebaja de 2 puntos del IRPF. Ello tendrá un coste de alrededor de 5.000 millones de euros al erario público, de los cuales el 10% más rico se ahorraría cerca de 2.000 millones de euros. Por cierto, esta medida no se incluye en el cuadro presupuestario final.  

5. Jibariza el Estado del bienestar. Con el señalado acuerdo al final de la legislatura los ingresos públicos se van a situar en torno al 38% en relación al PIB. Dado que el gasto público sobre el PIB  se situará a finales de este año  en el 42% del PIB, y que las cuentas públicas deberían estar equilibradas en 2020, el ajuste se producirá básicamente por el lado del gasto público, jibarizando el Estado del bienestar, y alejándonos de los estándares de servicios públicos de la Unión Europea. 

6. Las consecuencias del acuerdo son pensiones públicas de miseria. El PP y C´s no abordan una reforma fiscal en profundidad, si se añade que el objetivo son unos ingresos públicos que no sobrepasarán el 38% del PIB, en ese escenario,  el déficit estructural del sistema público de pensiones y el incremento del número de pensionistas producto del baby boom,  se resolverán  por la vía de reducir el  gasto en pensiones, y no por la vía de incrementar los ingresos públicos destinados al sistema público de pensiones.