Hay un
debate político y filosófico eterno entre los que creen que las acciones
humanas deben ser juzgadas por sus efectos y los que creen que lo importante es
la intención. El PP ha dejado obsoleto ese dilema con una batería de medidas
que son tan inútiles como inmorales. La amnistía fiscal era hasta hora la
referencia en esa nueva categoría, porque al problema ético que puede suponer
el perdonar los impuestos sin preguntar el origen de esas rentas, se une que la medida no
está sirviendo para nada, puesto que apenas ha atraído a 50 de los 2.500
millones de euros que esperaban lavar. Lógico, porque al final ética y estética
no están tan lejos, y una amnistía sólo tiene sentido si va acompañada de
medidas coercitivas contundentes que modifican el ámbito legal de forma tal que
por un lado pueden justificar disposiciones transitorias y, de otro, suponen un
verdadero incentivo para acogerse a una medida que de otra forma carece de
sentido.
Como el
equipo económico del PP hace tiempo que compite entre sí en muchos sentidos, y
en particular en elevar el listón del desatino, el Ministerio de Economía lanza
ahora la idea de regalar un permiso de residencia con cualquier adquisición de
viviendas con valor superior a 160.000 euros. Está claro que España como país
necesita vender activos como forma de reducir el fuerte endeudamiento exterior,
y la mejor forma es con los activos inmobiliarios, que suponen lo que yo
llamaba hace dos años “el otro lado de la deuda”. Ahora bien, aparte de la
intención última de la medida, deberíamos dedicarle dos minutos a la forma y al
fondo de la propuesta. En cuanto a la forma, es indecente que quienes hace 8
años les negaban derechos a los trabajadores que ya estaban en España trabajando
y una empresa quería contratarlos, ahora quieran darle esos mismos derechos a
extranjeros que no están en España y no lo necesitan más que para algún tipo de
oscura intención. Los mismos que han restringido la Seguridad Social a las
personas que conviven entre nosotros se la ofrecen a cualquier persona del
mundo con capacidad para comprar una casa, o que esté interesado en la
protección legal que le brinde la residencia española.
Si nos
tapamos la nariz y miramos la eficacia previsible de la medida, observamos que
parece ser similar a la de la amnistía. Los ciudadanos comunitarios que quieran
comprar una vivienda no necesitan el permiso de residencia; los
extracomunitarios que quieran disfrutar de vacaciones en España y dispongan de
evidentes medios económicos para ello, tampoco, puesto que ya obtienen sin
problemas el visado de turista. Quizá se podría relajar en algún caso la
normativa que se aplica para dichos visados, ahora que la presión migratoria es
menor, pero el permiso de residencia a cambio de una adquisición suena a que
por cada caso que realmente cumpla con el objetivo habrá muchos con los
perfiles más variados.
Debemos
esperar a ver cómo se concreta esta última ocurrencia. Que se haya difundido el
mismo día en que hemos conocido que por primera vez los beneficios han superado
a los salarios en España no parece trivial., sino la consecuencia de una
política orientada al sufrimiento de la mayoría. Los creadores de un modelo
basado en la especulación no renuncian a su criatura a pesar de su evidente
fracaso; se trata, tan sólo para ellos, de bajar un poco más el listón moral de
la sociedad y esperar a ver si hay suerte. Me temo que no la vamos a tener,
tanto si la medida funciona como si no.
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