En nuestra Región, igual que en el resto de España, la próxima ley de financiación reforzará el papel de los alcaldes y de los diferentes grupos municipales, así como la transparencia y la participación ciudadana. De hecho, el texto, que previsiblemente estará en las Cortes en el primer trimestre del próximo año, contiene elementos nuevos como el estatuto del vecino y las cartas de derechos y deberes, donde las nuevas tecnologías serán un instrumento fundamental. Y es que será una Ley del siglo XXI, que aprovechará todos los mecanismos para darle la posibilidad al vecino de disponer de una mayor participación en los asuntos municipales.
Así lo he comentado hoy con Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien ha visitado varias obras del Plan E en la Región y con quien después he mantenido un encuentro de trabajo en la sede de nuestro partido.
Con Gaspar he coincidido en que la Ley posibilitará Gobiernos locales fuertes, pero que, paralelamente, estarán sometidos a un importante control, de manera que se delimiten los derechos y deberes del alcalde y también los de todos los concejales.
La intención del Gobierno de Zapatero es que la Ley contenga los códigos éticos y de buen gobierno, así como hacer del Pleno municipal el centro neurálgico de la actividad política, potenciando la tarea de control, favoreciendo legalmente el flujo de la información y ampliando la periodicidad de las reuniones.
La Ley también deberá contener un listado exhaustivo de competencias y servicios que deben prestar los ayuntamientos a los ciudadanos, sin tener en cuenta el número de habitantes, respetando la autonomía local y los nuevos estatutos de autonomía y que además permita a las corporaciones locales impulsar sus propias políticas.
Qué duda cabe que también es importante la cooperación interadministrativa entre los gobiernos central, autonómico y local. En el PSOE somos especialmente conscientes del papel fundamental que han jugado los ayuntamientos en los últimos 30 años, y que ha servido para vertebrar nuestro territorio y transformar social y económicamente las ciudades. También somos sensibles hacia la delicada situación económica y financiera que atraviesan. Precisamente por eso, el objetivo del Gobierno es poner en marcha los marcos jurídicos que resuelvan y adecuen los Gobierno locales, además de empezar a discutir un sistema de financiación estable que venga a paliar los problemas financieros de las corporaciones locales y que permita que este sistema rija en nuestro país y en los consistorios durante los próximos años. Y es que con esta ley también se pretende que, en paralelo, se pueda discutir una nueva ley de Haciendas Locales que permita a los ayuntamientos tener capacidad y financiación suficiente.
Pero, es importante recordar que la financiación de los ayuntamientos tiene que ver tanto con los ingresos del Estado como con los de las comunidades autónomas. En ese sentido, tengo que lamentar que Valcárcel haya disminuido los recursos destinados a éstos para el ejercicio 2010. De hecho, no se ha previsto ningún plan extraordinario para resolver los problemas de financiación e inversión y tampoco ha querido discutir una ley de financiación en la Asamblea Regional.
Frente a estos hechos, los del Gobierno de España que no sólo pretende sentar las bases para resolver los históricos problemas de financiación de los Ayuntamientos, sino que en este último año, en plena recesión económica, ha hecho un esfuerzo importante para que éstos reciban unos fondos inéditos de 13.000 millones de euros, que se han repartido con un criterio objetivo y de los que los municipios de nuestra Región han recibido 246 millones. A ellos hay que sumar otros 154 millones de euros que recibirán de II Fondo Estatal, que se pondrá en marcha en enero. Todo ello para dinamizar la actividad económica local - fundamentalmente el sector de la construcción-, crear empleo e infraestructuras. Y es que en el conjunto del país, 14.000 empresas han trabajado en las diferentes obras puestas en marcha como consecuencia de estos planes y se han creado o mantenido 430.000 puestos de trabajo, 13.200 en nuestra comunidad autónoma.
Para el Gobierno es importante que los ayuntamientos sean punta de lanza en el cambio de modelo productivo que necesita nuestro país, y que pide a gritos nuestra Región. Un cambio que deberá discurrir por proyectos ligados a la sostenibilidad económica, social y ambiental. Ahí está la oportunidad. Ojalá Valcárcel lo tuviera tan claro.
Así lo he comentado hoy con Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien ha visitado varias obras del Plan E en la Región y con quien después he mantenido un encuentro de trabajo en la sede de nuestro partido.
Con Gaspar he coincidido en que la Ley posibilitará Gobiernos locales fuertes, pero que, paralelamente, estarán sometidos a un importante control, de manera que se delimiten los derechos y deberes del alcalde y también los de todos los concejales.
La intención del Gobierno de Zapatero es que la Ley contenga los códigos éticos y de buen gobierno, así como hacer del Pleno municipal el centro neurálgico de la actividad política, potenciando la tarea de control, favoreciendo legalmente el flujo de la información y ampliando la periodicidad de las reuniones.
La Ley también deberá contener un listado exhaustivo de competencias y servicios que deben prestar los ayuntamientos a los ciudadanos, sin tener en cuenta el número de habitantes, respetando la autonomía local y los nuevos estatutos de autonomía y que además permita a las corporaciones locales impulsar sus propias políticas.
Qué duda cabe que también es importante la cooperación interadministrativa entre los gobiernos central, autonómico y local. En el PSOE somos especialmente conscientes del papel fundamental que han jugado los ayuntamientos en los últimos 30 años, y que ha servido para vertebrar nuestro territorio y transformar social y económicamente las ciudades. También somos sensibles hacia la delicada situación económica y financiera que atraviesan. Precisamente por eso, el objetivo del Gobierno es poner en marcha los marcos jurídicos que resuelvan y adecuen los Gobierno locales, además de empezar a discutir un sistema de financiación estable que venga a paliar los problemas financieros de las corporaciones locales y que permita que este sistema rija en nuestro país y en los consistorios durante los próximos años. Y es que con esta ley también se pretende que, en paralelo, se pueda discutir una nueva ley de Haciendas Locales que permita a los ayuntamientos tener capacidad y financiación suficiente.
Pero, es importante recordar que la financiación de los ayuntamientos tiene que ver tanto con los ingresos del Estado como con los de las comunidades autónomas. En ese sentido, tengo que lamentar que Valcárcel haya disminuido los recursos destinados a éstos para el ejercicio 2010. De hecho, no se ha previsto ningún plan extraordinario para resolver los problemas de financiación e inversión y tampoco ha querido discutir una ley de financiación en la Asamblea Regional.
Frente a estos hechos, los del Gobierno de España que no sólo pretende sentar las bases para resolver los históricos problemas de financiación de los Ayuntamientos, sino que en este último año, en plena recesión económica, ha hecho un esfuerzo importante para que éstos reciban unos fondos inéditos de 13.000 millones de euros, que se han repartido con un criterio objetivo y de los que los municipios de nuestra Región han recibido 246 millones. A ellos hay que sumar otros 154 millones de euros que recibirán de II Fondo Estatal, que se pondrá en marcha en enero. Todo ello para dinamizar la actividad económica local - fundamentalmente el sector de la construcción-, crear empleo e infraestructuras. Y es que en el conjunto del país, 14.000 empresas han trabajado en las diferentes obras puestas en marcha como consecuencia de estos planes y se han creado o mantenido 430.000 puestos de trabajo, 13.200 en nuestra comunidad autónoma.
Para el Gobierno es importante que los ayuntamientos sean punta de lanza en el cambio de modelo productivo que necesita nuestro país, y que pide a gritos nuestra Región. Un cambio que deberá discurrir por proyectos ligados a la sostenibilidad económica, social y ambiental. Ahí está la oportunidad. Ojalá Valcárcel lo tuviera tan claro.
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