Las reformas financieras del Gobierno sí van a costar dinero a los contribuyentes

Muchos ciudadanos temíamos un gobierno de derechas que desarrollara una ideología que reclama reducciones de impuestos a las rentas más altas y de servicios públicos; pero la realidad ha sido peor: el PP gobierna para la banca y otros intereses privados, de forma que reduce los servicios públicos, pero sube los impuestos para pagar toda la deuda bancaria. No sé si hay o no rescate, pero lo que si hay es rapto de España: rapto de la voluntad de los españoles que votaron un programa y se desarrolla otro, no porque cambie la información de la que se dispone, como reconoce hasta el Ministro de Exteriores,  en unas declaraciones a ‘El País’  fechadas en mayo de este año, cuando afirmó que antes de ganar las elecciones “éramos plenamente conscientes de la situación que íbamos a heredar” , sino porque cambian los intereses a los que se sirve.

El verdadero problema de nuestro país es la deuda privada y financiera que a finales de 2011 representaba el 300% del PIB, mientras  que la deuda pública era el 70%. La  gestión del PP con relación al sistema financiero español, estos últimos meses, ha hecho que los mercados descuenten que una gran parte de la deuda financiera va a terminar consolidando  con la deuda pública. Y este es uno de los grandes problemas de la reforma financiera del PP: no se despeja esa incógnita, más bien se profundiza en la idea de la consolidación con la creación del Banco Malo. Ya que la pregunta clave, a la que el Gobierno no ha querido contestar de una manera clara, es cómo se va financiar el Banco Malo, independientemente de cómo quede la participación pública en dicho banco,  muy probablemente se hará con endeudamiento avalado, eso sí,  por el sector público. Para la reforma financiera, y por tanto, también para el Banco Malo,  el Real Decreto Ley contempla una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, de manera, que el límite de recursos ajenos que puede obtener el FROB se incrementa hasta los 120.000 millones de euros, y el Estado puede otorgar avales por 258.000 millones de euros. Sin embargo, los impedimentos y las dudas    surgen cuando se trata de financiar el  déficit de la sanidad y el de la educación.

Decía la Vicepresidenta que la reforma financiera no va a costar un euro a los contribuyentes. No es cierto, de entrada, ya les ha costado. Desde la intervención de Bankia la prima de riesgo ha subido 200 puntos elevando los costes financieros de la deuda pública, y ya se puede estimar que la factura de los intereses de la deuda puede incrementarse este año en 21.000 millones de euros. 

De tal manera,   esto es lo que tratan de ocultar Rajoy y el resto de dirigentes del PP,  que los recortes y la subida de impuestos no son producto de la situación de las cuentas públicas sino de la abultada deuda financiera,  de la gestión que  ha realizado el Gobierno  estos últimos meses y de las prioridades de dicho  Gobierno.

Ni que decir tiene que hay que realizar  reformas importantes en el conjunto de  administraciones públicas, con el objetivo de gastar mejor, destinando los recursos a potenciar el  capital humano, a la  investigación, a financiar proyectos empresariales de futuro,  que permitan un crecimiento económico mayor, pero, a la hora de abordar las decisiones de política económica, el Gobierno debería, en primer lugar, contar la verdad y, en segundo lugar, cambiar de prioridades.