Es evidente que en los últimos meses ha habido un deterioro generalizado de la situación económica, tanto en el conjunto del mundo desarrollado como en nuestro país y en nuestra Región. Existen unas causas comunes a todos los casos y unas especificidades concretas en cada área. Simplificando mucho, las causas comunes son dos: un aumento brusco del precio de las materias primas (y, en particular, del petróleo) debido al aumento de la demanda mundial derivada del crecimiento de los países emergentes, y, en segundo lugar, un cierto colapso de los mercados financieros mundiales debido a la falta de confianza que surgió de ciertos problemas en el mercado hipotecario norteamericano, pero que se ha extendido a todos los mercados, especialmente a los más ligados con la actividad inmobiliaria.
La exposición de cada país a estos dos elementos determina su riesgo actual. En este sentido, España en general como país receptor de un elevado flujo de ahorro externo (cercano al 10% del PIB anual, y destinado básicamente a financiar directa o indirectamente la inversión inmobiliaria), y como país muy dependiente de la energía fósil, se enfrenta a una perspectiva delicada, a la que sólo la política realizada por el Gobierno en la anterior legislatura (superávit y reformas) y las nuevas medidas adoptadas pueden hacer frente.
En el caso de la Región de Murcia, nuestra dependencia de la construcción es mayor, y la gravedad por tanto también lo es. Nadie tiene soluciones mágicas, pero lo que los ciudadanos quieren es ver a sus representantes trabajando en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Podría hacer un repaso amplio de las veces que hemos alertado de los riesgos de la política de Valcárcel, y de cómo la derecha ha intentado responsabilizar al mensajero. Pero sólo somos responsables de recordarles sus responsabilidades (valga el juego de palabras), y ellos de no haber hecho nada por asumirlas y gestionarlas.
No merece la pena perder demasiado tiempo en recordar el pasado, pero suele servir para situarnos: nuestra crítica al modelo de Valcárcel tenía tres componentes: uno, ético, porque no podemos mirar a otro sitio y no denunciar las irregularidades que veamos, y si hemos dejado de pronunciarnos en ellas es simplemente porque está actuando la Justicia; otro, de presente, porque su modelo incentivaba la precariedad y los salarios bajos con el pretexto de la creación muy intensiva de empleo; y, por último, otro componente de futuro, de sostenibilidad, que en estos momentos no hace falta explicar. Para el hijo de un albañil es duro oír que se dice que criminalizas a un sector, cuando precisamente mi crítica se basaba en que un crecimiento menos explosivo hubiese sido preferible sobre todo para los propios trabajadores del sector de la construcción, cuyos intereses como socialista estoy orgulloso de defender.
En cuanto al tema que nos interesa a todos, el necesario debate constructivo sobre propuestas para salir de esta situación, también he opinado en repetidas ocasiones, la más reciente en el último debate sobre el estado de la Región. Mis propuestas son las siguientes:
Necesitamos un paquete de ayudas al sector de la construcción de viviendas que sirvan para incorporar al mercado a quienes no han podido acceder a él en estos últimos años. Los jóvenes y los grupos más desfavorecidos, a los que el Gobierno Regional ha despreciado en los últimos tiempos, pueden ser ahora la solución de los problemas, y para ello su derecho a una vivienda digna debe estar en el centro del diseño de los instrumentos.
Debemos diseñar, en segundo lugar, otro paquete de medidas que alivien la reducción de actividad que inevitablemente va a acompañar al ajuste del sector de la construcción de viviendas. La medida más incuestionable es la construcción de obra pública, y ahí todas las administraciones deberían hacer un esfuerzo. Sin embargo, este esfuerzo es evidente sólo en el Gobierno de España, pues ha duplicado con creces su oferta de obra pública en los cinco primeros meses del año en la Región, mientras que el Gobierno Regional la ha reducido en un 75 %.
En tercer lugar, hay que poner en práctica todo el conjunto de políticas de oferta, que son las que realmente importan a medio y largo plazo, pero para las que hemos perdido un tiempo precioso. Me refiero a todas aquellas medidas que mejoran la competitividad de nuestras empresas, y de nosotros como Región. Medidas para la educación, la innovación y demás elementos que el Gobierno Regional periódicamente empaqueta en un ambicioso Plan, pero de las que nunca se llega a saber nada porque, o son funcionamiento ordinario, o son promesas viejas e incumplidas o -en el mejor de los casos- son el mero reflejo regionalizado de un paquete de medidas del Gobierno de España.
Y es que en estos cuatro años se han incrementado notablemente las transferencias a las comunidades autónomas para apoyo a todas las medidas que conforman el Plan Nacional de Reformas enmarcado en la Estrategia de Lisboa. Son cuatro años intentando reconducir el modelo de crecimiento español, con un éxito muy dispar entre comunidades, porque no es lo mismo liderar el cambio con entusiasmo que acompañarlo a remolque simplemente para no dejar perder unas subvenciones. Pongo un ejemplo: En la Región de Murcia, la capacidad de energía solar instalada es aceptable, pero corremos el riesgo de que la prima que pagamos todos se la lleven inversores externos que pusieron en nuestro suelo placas diseñadas y fabricadas fuera. ¿Dónde está nuestro beneficio? Otras regiones han impulsado centros de innovación ligados a sus universidades, o centros de producción de placas o de células de silicio, o han apostado por otras fuentes, pero entendiendo que la búsqueda de la creación de empleo y valor añadido en la Región es el objetivo de la política económica.
Sirva el ejemplo anterior para mostrar que, si al principio señalaba que vivienda y energía son las fuentes de los problemas económicos de Occidente, en nuestra Región la vivienda los agrava, y la energía puede ayudar a resolverlos. Junto al futuro que aquí tienen las energías renovables, nos encontramos con la enorme inversión en la Bahía de Escombreras, que está ligada a las energías fósiles pero que supone una inyección importante de empleo, de mejoras de eficiencia en su producción y refino, y de posibilidades para sectores anexos. Sólo necesitamos que el Gobierno Regional, ya que hablamos de energía, se ponga las pilas. En esa labor estoy como secretario general del PSRM, y a esa labor emplazo a la sociedad murciana.
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