La política de recortes, expresado de otra manera, la austeridad, es una de las razones que explican el incremento de la desigualdad y el sufrimiento en España. Sin embargo, una política expansiva en un marco de elevado déficit y endeudamiento público, con una alta propensión a importar, no resuelve el problema porque se traduciría en mayor endeudamiento, más austeridad y más recortes en el futuro.
España no tiene margen para políticas fiscales expansivas. Otra cuestión es el margen que tienen otros países en Europa y las distintas instituciones de las Unión Europea, pero ello no significa que nuestro país no tenga margen para otra política fiscal, que acabe con la austeridad. El margen tiene que ver con el debate sobre cuánto y cómo ingresan las Administraciones Públicas, y cuánto y cómo gastan.
Hay margen para una política fiscal alternativa que evite comulgar con la austeridad entendida como excusa para desmantelar logros sociales, sobre todo si los ingresos públicos en relación al PIB en España están muy alejados de la media europea (en el año 2015 el 46,6% en la eurozona y 38,2% en España). Esta agenda permitirá reducir las desigualdades en nuestro país, crear empleo y aumentar la productividad.
Por tanto, en gran parte para evitar una política fiscal restrictiva, la decisión de la sociedad española debe centrarse en la política impositiva. Ahora bien, para realizar una propuesta sobre la fiscalidad en España conviene comenzar por expresar algunos hechos objetivos que caracterizan nuestro sistema tributario.
El primero es bien conocido, es que en nuestro país los tipos impositivos nominales son homologables a la media europea, pero la recaudación tributaria está muy por debajo de dicha media, lo que se explica en parte por tener un sistema tributario muy parcheado que impide la reconstrucción de las bases imponibles.
El segundo hecho objetivo es la disminución del papel redistributivo de los impuestos en España, por el conjunto de deducciones, exenciones y regímenes especiales y por el fraude fiscal. Alrededor del 80% de la recaudación procede de las rentas del trabajo.
El tercero, es que de acuerdo con nuestra renta, teniendo en cuenta que los sistemas impositivos son progresivos, nos correspondería unos ingresos públicos alrededor del 43,5 % del PIB -como se pone de manifiesto en el Gráfico 1-. Y sin embargo la ratio española se situaba en 2015 en el 38,2%.
Gráfico 1
Gráfico 2
Para determinar el nivel de ingresos públicos de nuestro país, a medio plazo, se deben tener en cuenta varios aspectos:
• El déficit estructural de España se sitúa entre el 2,5 y el 3% del PIB.
• El reto que supone el baby boom desde el punto de vista del sistema público de pensiones, sobre todo si la mayoría de la sociedad no desea unas pensiones públicas de miseria.
• El envejecimiento de la población y los mayores gastos en sanidad.
• En una economía abierta como la española hay que destinar recursos crecientes para compensar a los perdedores de la globalización, máxime cuando el problema de la desigualdad en España presenta elementos estructurales, así como, una mayor inversión en educación y I+D
• Unos previsibles tipos de interés más altos, en el medio plazo, demandarán más recursos públicos para satisfacer el servicio de la deuda pública.
Finalmente, un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de realizar una propuesta fiscal es el hecho de la creciente competencia a la baja internacional, producto de la extensión de la globalización. Pero también es conocido que está surgiendo un nuevo paradigma internacional y europeo sobre la gobernanza de los impuestos, que van desde el Proyecto BEPS de la OCDE (del inglés Base Erosion and Profit Shifting), o los distintos paquetes contra la elusión fiscal y la armonización impositiva de la Comisión Europea, liderada en esta materia por el comisario Pierre Moscovici.
Por consiguiente, para poder contar con los ingresos necesarios para financiar el Estado del bienestar, es imprescindible un marco impositivo internacional, y europeo más concretamente, porque sin al menos la dimensión europea, no se podrá responder eficazmente al reto de una fiscalidad justa y suficiente.
No se debe olvidar que la reducción de la desigualdad desde la política redistributiva no se obtiene solo por el lado de los ingresos, sino también y en gran parte por el lado del gasto público, y de ahí la importancia de la suficiencia de los ingresos públicos.
La agenda socialdemócrata para poder construir un sistema impositivo, eficiente, justo y suficiente, pasa por, al menos, las siguientes líneas de actuación:
I. El Gobierno de España debe liderar en el seno de la Unión Europea una ambiciosa política de armonización fiscal.
II. Recomponer las bases imponibles, eliminando exenciones, deducción, reducciones, regímenes especiales, etc. Valorando con carácter previo las consecuencias de cualquier decisión que tome el poder ejecutivo y el Parlamento sobre deducciones o gastos fiscales.
III. Gravar de manera efectiva la riqueza en nuestro sistema impositivo, como manifestación de capacidad económica, impidiendo la falta de contribución al sostenimiento de los gastos públicos que determinadas grandes fortunas y patrimonios tienen en la actualidad, al poder eludir el IRPF. Para ello se hace necesario analizar y revisar, en conjunto, la imposición sobre el trabajo, el capital, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Patrimonio, de forma que el sistema tributario debería gravar la auténtica capacidad económica de los contribuyentes y no únicamente sus rentas.
IV. Poner en marcha, para el conjunto del Estado, un mínimo común del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
V. Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades eliminando deducciones, exenciones, bonificaciones y regímenes especiales. Con una imposición mínima para los grandes grupos empresariales. Dicha modificación del mencionado impuesto deberá generar seguridad jurídica y disminuirá la litigiosidad tributaria. En definitiva, conseguir tributación competitiva a nivel internacional.
VI. Una reforma fiscal verde, que tenga como objetivo reducir las externalidades negativas en la economía, y que nos acerque a los niveles recaudados por nuestros socios europeos.
VII. Impulsar la aprobación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), en la medida que once países de la Unión Europea, entre ellos España, ya lo han acordado.
VIII. La lucha contra el fraude fiscal, la elusión y la evasión fiscal, con planes evaluables por instituciones independientes y con más medios humanos y materiales.
IX. Una reforma de la administración tributaria, con una dirección menos politizada y una nueva gobernanza, con la participación de las Comunidades Autónomas, con objetivos evaluables y comparables a nivel internacional, y rindiendo cuentas ante el Parlamento.
X. Los avances en la legislación internacional y comunitaria tiene que trasladarse a la legislación fiscal española. Es necesario constituir en el Parlamento español una comisión especial (en términos del Reglamento del Congreso de los Diputados una subcomisión parlamentaria) de lucha contra el fraude fiscal la elusión y la evasión fiscal.
Nuestro país necesita una agenda fiscal y tributaria alternativa a la derecha española. Hay margen, entre otras razones, porque la presión fiscal española está muy alejada de la media europea (en 2015 el dato para la eurozona era del 41,4% del PIB y en España del 34,6%). Porque como recordaba Sandor Marai, el desarrollo social, económico y democrático de un país casi siempre depende de que los ricos se comprometan con su sociedad pagando impuestos.
(*)Artículo publicado en la la revista Temas para el debate, en el número 266-267 dedicado a la armonización fiscal en Europa
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