La Amnistía Fiscal: nacida para fracasar

Hay un debate político y filosófico eterno entre los que creen que las acciones humanas deben ser juzgadas por sus efectos y los que creen que lo importante es la intención. El PP ha dejado obsoleto ese dilema con una batería de medidas que son tan inútiles como inmorales. La amnistía fiscal es la referencia en esa nueva categoría, porque al problema ético que puede suponer el perdonar los impuestos sin preguntar  el origen de esas rentas, se une que la medida no ha cumplido los objetivos que se había marcado el Gobierno. Y es lógico, porque al final principios y resultados no están tan lejos, y una amnistía sólo tiene sentido si va acompañada de medidas coercitivas contundentes que modifican el ámbito legal de forma tal que, por un lado, pueden justificar disposiciones transitorias y, de otro, suponen un verdadero incentivo para acogerse a una medida que de otra forma carece de sentido. En definitiva, la amnistía fiscal ha fracasado por los dos lados: por los recursos que ha obtenido y por lo que ha dejado de obtener. Y de esos fracasos querría hablar a continuación.

En primer lugar, ha  contribuido a destruir la “conciencia fiscal” de nuestro país a cambio de obtener 1.191 millones de euros, una cantidad que apenas va a representar dos décimas del déficit público que hay que cubrir este año.  Todo ello si  es correcta la cifra que ha hecho pública el Ministro de Hacienda, porque mucho me temo que la haya inflado, incluyendo por ejemplo las declaraciones complementarias que se hacen de manera habitual todos los años por los contribuyentes, o los ingresos procedentes del gravamen especial de los dividendos de fuente extranjera, ese otro regalo fiscal para amnistiar dividendos españoles en paraísos fiscales.

Pero ese deterioro de la “conciencia fiscal ” va a ser más importante de lo que podríamos haber pensado cuando el Gobierno aprobó  la amnistía, antes de la indecente interpretación de la Dirección General de Tributos sobre Decreto Ley que la  aprueba, por ello  el Gobierno ahora quiere ocultar a la opinión pública que una gran parte de los capitales sobre los que se ha aplicado la amnistía es sobre los prescritos, en ese caso el gravamen se aplica sobre las rentabilidades de los mismos, luego el tipo que finalmente han pagado los que se han acogido a la medida, se sitúa muy por debajo del 10%, muy probablemente alrededor de un 2%, ello indica lo “barato” que les ha salido a los defraudadores esta medida.

Otra de las consecuencias,  del deterioro de la   “conciencia fiscal” o como la llaman otros autores la “moral fiscal”, es que supondrá un incremento de la economía sumergida y una  caída en la recaudación fiscal en los próximos años. Una referencia clásica en la literatura sobre las amnistías fiscales (Stella, 1991) dice que generalmente no consiguen aumentar la recaudación, más bien lo contrario. Lo que sí consiguen es debilitar la confianza en el sistema fiscal.   Desde luego, el Banco Mundial se muestra muy escéptico. El economista jefe de la OCDE Carlo Padoan  ha dicho que “la lucha contra la evasión fiscal no debería ser frustrada con amnistías”.  La OCDE alerta del riesgo de las mismas.

  

Pero, también ha fracasado la Ley de lucha contra el fraude que acaba de ser aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados; no ha supuesto un incentivo para que los defraudadores se hayan acogido  a la amnistía, en la medida que  no incluye una estrategia ambiciosa e integral  de lucha contra el fraude. Una amnistía fiscal tiene costes morales respecto a los contribuyentes y costes reputacionales respecto a todos los ciudadanos, contribuyentes y defraudadores. A cambio, básicamente recauda pero, por sí sola poco. El análisis económico la contempla como una medida excepcional que puede tener sentido sólo en un contexto de endurecimiento de los controles antifraude (Leonhard y Zeckhauser, 1987).

La amnistía es un fracaso desde el punto de vista de los fundamentos morales, y  desde el punto de vista de los resultados, también es innecesaria, porque hay otros procedimientos decentes por los que se hubiera recaudado muchos más, frente a los 1.191 cabe contraponer que la lucha contra el fraude en 2011 dio como resultado 10.400 millones  y en los últimos siete años 56.000 millones de euros. Y estoy persuadido que con un conjunto de medidas integrales de lucha contra el fraude y el gran fraude internacional los resultados pueden ser muy  positivos en el futuro.