La amnistia fiscal: un expolio al Estado

Aquí os dejo un artículo que me han publicado hoy en El economista.


En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado el Gobierno quiere cuadrar las cuentas con una amnistía fiscal en este país. Hay poderosas razones éticas, económicas y presupuestarias que justifican rechazar tal medida.

A mi juicio, las razones éticas son las más importantes. En los países más atrasados se persigue hasta con la pena capital todo tipo de robos a la propiedad privada, sin embargo, en muchos casos se mira con mejores ojos el saqueo a la administración pública. Ese tipo de actitudes son inaceptables, y por ello, en una sociedad moderna como la nuestra no se puede permitir que los defraudadores, los que no han pagado al Estado, en muchos casos los que han contribuido a cebar la burbuja inmobiliaria obteniendo pingües beneficios privados, y nefastas consecuencias colectivas, no paguen lo que deberían pagar. Cuando ello sucede, y así va a suceder con la amnistía fiscal del PP, se le está sustrayendo al Estado de recursos fundamentales para realizar sus funciones económicas y sociales. En definitiva, se está expoliando a la sanidad, a la educación, a los pensionistas, a los universitarios, a los investigadores, etc. Se están despojando recursos a las personas y a las familias que más necesita del papel de la administración pública. Robar en una tienda debe tener las mismas consecuencias que hurtar al Estado los recursos con los que ejercer su papel de redistribuir y estabilizar la economía.

La amnistía fiscal debilita la credibilidad de lucha contra el fraude. Los defraudadores van a pensar que siempre habrá otra oportunidad para ser amnistiados. En el fondo, es un plan de lucha contra el plan de lucha contra el fraude. Es el segundo golpe a la lucha contra la economía sumergida que propina este Gobierno. El primero es la destitución de la cúpula de Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF). Pero además el Gobierno envía un mensaje a los empleados públicos que trabajan duramente en esa dirección, y es la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida. Más bien al contrario lo que debería realizar el Gobierno es un ambicioso plan de lucha contra el fraude.

En resumen, un tratamiento desigual para los ciudadanos españoles, no solamente porque la inmensa mayoría de ciudadanos paga sus impuestos, es que además conviene recordar que más del 70% de la evasión tributaria proviene de las grandes empresas y grandes fortunas de nuestro país.

No parece que España vaya a ganar reputación internacional con una medida como la que ha planteado el Gobierno a tenor de los países que han tomado esas medidas recientemente.

Los portavoces del PP repiten que este tipo de amnistías ya las hizo el PSOE. Bien es verdad, que la última hace más de 20 años cuando aún no se había creado la Agencia Tributaria. Lo que la evidencia nos enseña es que las amnistías fiscales son infructíferas a la hora de luchar contra el fraude y la economía sumergida. Los estudios más recientes sobre la economía española y la economía informal recuerdan que entre 1988 y 2008 mientras que la economía se duplicó, la sumergida se multiplicó por cuatro.

Hay otras consecuencias de índole presupuestaria, que debemos destacar también: ¿por qué la recaudación prevista va a ser de 2.500 millones?; ¿en qué cálculos se basa el Gobierno? Cuestiones importantes para conocer si las estimaciones de ingresos son consistentes con el gasto que se ha presupuestado.

Otra de las grandes lagunas importantes de este Proyecto de Presupuestos es la ausencia de una estrategia de crecimiento. Evidentemente nuestro país está inmerso en un proceso de consolidación fiscal, pero el Gobierno debería priorizar las partidas de gasto que tienen que ver con el potencial de crecimiento de la economía española. Priorización que no se produce en el mencionado Proyecto de Presupuestos.