24 abril 2012
Ensañamiento ideológico
Estos 4 primeros meses del gobierno del PP pasarán a la historia de España como la voladura del sistema de derechos y cohesión social que los españoles habíamos construido a lo largo de los últimos 35 años. Una parte de las medidas pueden ser discutidas a la luz de la crisis internacional y de las necesidades de reequilibrio presupuestario, pero otra parte no tiene mucha discusión en ese debate y su inclusión en este trágala es la prueba evidente de que la derecha está aprovechando la crisis para pasar una serie de cuentas pendientes al conjunto de la sociedad española. Veamos algunos ejemplos.
Si empezamos por lo más general, el propio conjunto de recortes se puede discutir, en su tamaño y en su composición. El gobierno puede defender que es una necesidad, de la misma forma en que nosotros podemos pensar que un recorte demasiado grande no ayuda ni a la salida de la crisis ni siquiera a la consolidación fiscal, porque sólo produce más dolor, más crisis, y menos recursos públicos. Pero si en medio de ese debate aparece una amnistía fiscal y un menor esfuerzo de lucha contra el fraude, lo que se dibuja es una estrategia no sólo ineficaz, sino injusta, tanto porque reparte los esfuerzos entre los más débiles como por que, además, libera de ellos a los que más contribuyeron al origen de la propia crisis.
Un ejemplo más concreto se puede encontrar en los recortes sanitarios y educativos aprobados este viernes. Seguro que la Universidad puede funcionar con menos dinero, pero si se suben las tasas a la vez que se reducen las becas, la educación superior se vuelve a convertir en un privilegio justo en el momento en el que el país debería ver más evidente que no puede permitirse derrochar el talento. Dicho de otra forma: seguramente es razonable dejar de impartir carreras con menos de 10 alumnos, pero deberíamos garantizar que al menos los cinco mejores puedan trasladarse a otra universidad, con lo que mejoramos la eficiencia, ahorramos dinero y no socavamos nuestro futuro ni la igualdad de oportunidades.
La vuelta atrás en el control de la televisión pública es el elemento de cierre de esta regresión. Como acertadamente señalaba Elena Valenciano, nadie discute la legitimidad de un gobierno recién salido de las urnas, pero nadie le ha dado permiso para hacer una regresión política y social como ésta.
La curiosa manera de vender la subida de tasas universitarias
El gobierno ha decidido subir las tasas universitarias entre un 15 y un 60%. Esta es una realidad dura, y sus genios del marketing político han decidido transformar la decisión y hablar del porcentaje del coste que sufraga el alumno, de forma que se pasa del 15% actual al 20 y hasta el 100% para ciertos alumnos repetidores. La idea es enfatizar que la sociedad corre y seguirá corriendo con la mayor parte del coste de la universidad pública en España. Es una forma sutil de culpar a la víctima de la medida, porque sigue siendo un privilegiado al que se la paga más de la mitad de lo que cuesta su educación.
Esta forma de medir abre la puerta a varios desarrollos posteriores, y casi todos son peligrosos. La primera pregunta que surge es cómo se mide el coste del servicio. Por ejemplo, porque la universidad pública soporta un gasto importante en investigación que pocas universidades privadas realizan y que se supone que beneficia al conjunto de la sociedad más que al alumno, de forma que habría que descontarlo. Otra cuestión a la hora de realizar ese cálculo es si se hace para cada estudio o para el conjunto. Si se hace para cada estudio, las carreras con menos alumnos deben ser más caras, lo que a su vez reducirá su demanda y dejará sin mercado una parte de las que ahora cuentan con demanda privada y social razonable. Si, por el contrario, el porcentaje que se aplica es el mismo para todas las carreras, se estará evidenciando algo que ya pasa, que los alumnos de carreras “baratas” (porque los grupos son numerosos o porque no hay costes adicionales de prácticas u otros) subvencionan a los de carreras “caras”. En este caso las universidades privadas, sobretodo las malas, tendrán un impulso notable, porque si ya sus alumnos no pagan es esfuerzo lo que pagan en dinero, ahora quedará claro que allí tampoco tienen que soportar el coste de formaciones que requieren una mayor inversión (pero que la sociedad recibe ese retorno, como en medicina). Vamos, que la subida, y la forma de enmascararla el gobierno, va a plantear el dilema de si se hace homogénea o no entre carreras, y cualquier respuesta es mala.
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