Los PGE 17 y un Estado del bienestar mínimo

La crisis impactó de manera asimétrica al conjunto de la sociedad española, de tal forma que se incrementó la desigualdad en salarios, rentas, oportunidades y también desde un punto de vista territorial. A ello también contribuyó la política laboral del Gobierno.  La política fiscal y presupuestaria debería haber tenido entre sus prioridades, en la recesión económica,  favorecer  la reducción de la desigualdad, pero no lo hizo, y ahí están los datos de incrementos de la desigualdad en nuestro país. Se nos dijo que la reducción del déficit público era lo primero.

Dado que desde hace trece trimestres los datos macroeconómicos confirman que la recuperación es una realidad, la política fiscal   debería utilizarse para cohesionar a nuestra sociedad y compensar a la mayoría social del dolor y sufrimiento padecido en la crisis. Ahora que nuestro país está creciendo,  se podría pedir un esfuerzo a los que más tienen para reducir el déficit y la desigualdad.

Sin embargo, las verdaderas intenciones del Gobierno  no son otras  que tener un Estado del bienestar mínimo y jibarizado. Por tanto, no tienen entre sus prioridades reducir la desigualdad. En concreto, en los PGE para 2017 el gasto social va a seguir perdiendo peso en la riqueza nacional y haciendo perder poder adquisitivo.

Si repasamos el proceso de consolidación en nuestro país desde 2014, año con crecimiento económico positivo, hasta las previsiones del Gobierno para 2017, se puede comprobar que los ingresos totales se reducirán un 0,7% en relación al PIB y los gastos un 3,6%. Estos últimos han pasado del 44,9 del PIB al 41,3%.   

El Gobierno dijo a los españoles que tenían que apretarse el cinturón, pero Rajoy no tuvo empaño poco antes de las elecciones aprobar una reforma fiscal por la que  se regaló- en gran parte- a las rentas más altas y a las grandes empresas, entre  reforma fiscal propiamente dicha  y el juego de los mecanismos del Impuesto de Sociedades, la friolera de 18.000 millones de euros.

Aquí es donde a la derecha española se le ve la patita: hay que reducir el déficit, pero como los ingresos son insuficientes -en parte porque se bajan los impuestos a los más pudientes-, hay que recortar el gasto, eso sí, alejándonos de la media europea en cuanto al nivel de servicios públicos fundamentales.   

De acuerdo con la Actualización del Plan Presupuestario 2017, el gasto social del conjunto de administraciones públicas crecerá en términos nominales 1,39% respecto de 2016, pero la inflación lo hará por encima del 1,5% y más de un 4,1% el PIB nominal, luego el gasto social perderá poder de compra y peso en el PIB. En concreto, el gasto social representaba el 28,4% del PIB en 2014 y se comprimirá al 26,8% en 2017.

Y todo ello hubiese sido peor  sin el Real Decreto Ley de finales de 2016 pactado con el PSOE,  que posibilitaba  aumentar  los ingresos públicos en 7.000 millones de euros, por la vía del  impuesto de sociedades y  la lucha contra el fraude fiscal.  

Por cierto, por lo que hace referencia a los ingresos tributarios, en el informe de la AIREF   sobre las previsiones macroeconómicas del Proyecto de Presupuestos 2017,  se señala que las medidas aprobadas en el Congreso  en diciembre de 2016, a través del Real Decreto Ley que el Grupo Socialista pactó con el Gobierno,  reducen la incertidumbre sobre los ingresos en 2017, y no está claro que tenga un impacto negativo sobre las empresas y sus decisiones de inversión, ante la presencia de  “buffers de liquidez y acceso a crédito nuevo”.

 Por poner un ejemplo de la insensible política fiscal del Gobierno,  la remuneración de los asariados en porcentaje del PIB ha pasado del 51% en 2009 a representar alrededor del 47% en 2013 y en adelante, y sin embargo, el Gobierno ha contribuido a incrementar  el Excedente Bruto de Explotación por la vía de reducir el Impuesto de Sociedades, de forma que por el mencionado impuesto   la Agencia Tributaria(AEAT)  recaudará en 2017 en torno a  la mitad de lo ingresado en 2007, cuando la cuantía de los beneficios de las empresas  son similares a los existentes en aquel año.

Por tanto, y en referencia a los PGE17, se seguirá reduciendo la cobertura por desempleo, los pensionistas están abocados  a perder un 10% de poder adquisitivo en los próximos cinco años si nadie lo remedia, los empleados públicos también seguirán perdiendo poder adquisitivo, las becas y los gastos en educación y sanidad continuarán disminuyendo su  peso en el PIB. En definitiva, los PGE17 responden a los objetivos políticos del Gobierno, que no son otros que tener un Estado social mínimo y jibarizado.

Que no haya margen para políticas fiscales que incrementen el déficit y la deuda pública, entre otras razones porque no tenemos derecho a trasladarle una ingente deuda a los jóvenes y a las generaciones futuras, no significa que no haya margen para políticas fiscales, ni mucho menos que haya que comulgar con la austeridad entendida como excusa para desmantelar logros sociales. El amplio margen para discutir de política fiscal tiene que ver con las cuestiones clásicas de eficacia y equidad, y con las preguntas de cuánto y cómo ingresar y  cómo emplear esos recursos públicos.