Las cuentas dadas a conocer por el
Gobierno, esta semana, confirman
nuestros peores pronósticos: la estrategia de la derecha española (la antigua y
la nueva) es continuar debilitando el Estado del Bienestar. Como
socialistas, no podemos dejar de reivindicar que una de las grandes funciones
de las finanzas públicas, y en particular de los Presupuestos Generales del
Estado(PGE), es la redistribución de la renta y de la riqueza que genera el
país. En un contexto económico y tecnológico en el que la desigualdad no es un
fenómeno transitorio, y en que la inseguridad sobre el futuro se ha apoderado de
las rentas medias, se necesita poner en el corazón de la política económica la
lucha contra la desigualdad para dar seguridad a la mayoría. Y es que el reparto del crecimiento económico
vuelve a ser tremendamente relevante para la sociedad.
En consecuencia, el Estado del bienestar se hace más necesario que nunca, sin embargo, el Gobierno quiere ir reduciéndolo hasta situar el gasto público español en el 38% del PIB, justo el peso que tienen los ingresos públicos en la renta, uno de los más bajos de la Unión Europea, desde hace muchos años en el PSOE a esa aspiración le llamamos "la sociedad del 38%".
En consecuencia, el Estado del bienestar se hace más necesario que nunca, sin embargo, el Gobierno quiere ir reduciéndolo hasta situar el gasto público español en el 38% del PIB, justo el peso que tienen los ingresos públicos en la renta, uno de los más bajos de la Unión Europea, desde hace muchos años en el PSOE a esa aspiración le llamamos "la sociedad del 38%".
Me explico. La progresiva reducción
del Estado del bienestar se produce con el socavamiento progresivo
de los impuestos directos (IRPF, Impuesto de Patrimonio, Impuesto de
Sucesiones e Impuesto de Sociedades), que se ve compensado con el incremento en
el peso del PIB de la tributación indirecta y el menor peso del gasto
social.
Nadie se debería llevar a engaño: en
la medida que no se apueste por una profunda reforma fiscal que permita que el
10% más rico de nuestro país y las grandes corporaciones aporten más a las
arcas públicas, todo deterioro de las bases recaudatorias del IRPF es
financiada por los propios trabajadores y las rentas medias por las vías de
menos gasto social y más imposición indirecta, en una suerte de
redistribución hacia arriba de la renta y el bienestar o
redistribución al revés.
Por ejemplo, la reducción del déficit
de 4,5 puntos porcentuales del PIB al 3,1 se explica por una disminución
de 1,2 pp del PIB del gasto público y 0,2 pp de mayores ingresos
públicos.
Nos
ayuda a entender lo anterior el hecho de que el gasto total de las
administraciones públicas haya crecido en 2017 a una tasa del 1,1%, en particular, el gasto de la Administración
Central se redujo a una tasa del 0,7%, sin embargo, la economía creció
nominalmente un 4%. Por cierto, con ese crecimiento del gasto público no se puede decir que la política
fiscal sea expansiva.
El ajuste en 2018 se volverá a
producir por el lado del gasto y, en particular, por el lado del gasto social y
productivo: estas tres variables volverán a crecer menos que el crecimiento
nominal de la economía, que de media podría situarse, con bastante
probabilidad, en el 4,7%. Con ello, las administraciones públicas invertirán
10.000 millones menos de lo debieran en políticas sociales y de modernización
de la economía. El 100% de la reducción del déficit será por la vía del
gasto público.
Por otro lado, en los PGE una de las
partidas más importantes son las pensiones.
El Gobierno ha ido a rastras de las demandas sociales, por no hablar del
espectáculo de la carrera de Cs y el PP de ir anunciado medidas electoralistas
para los pensionistas; pero, lo más
relevante es que el marco normativo
impuesto por el Gobierno se mantiene, es decir, el IRP y la reforma al
completo del PP, marco por el que los pensionistas perderán a medio plazo entre
un 30 y un 40% de poder adquisitivo, y un 11% acumulado hasta 2023, según la
AIREF; por consiguiente, la normativa
por la que los pensionistas perderán poder adquisitivo de manera estructural
permanece, por lo que las medidas propuestas en los PGE en materia de pensiones
además de insuficientes, en muchas de ellas son transitorias.
Otra de las grandes funciones de las
finanzas públicas es contribuir a la modernización de la economía, y por ende a
incrementar la productividad, cada vez más importante a tenor del
envejecimiento de nuestra población. Desgraciadamente, el propio Gobierno
reconoce que la productividad aparente del trabajo solo crecerá un 0,2% en 2018,
con lo que las ganancias de competitividad de la economía se producen, en gran parte, por la devaluación
interna. Pero, el tiempo para ganar
productividad se agota antes de que
concluya la fase alcista del ciclo económico.
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