En los inicios de este crucial periodo electoral parece que hay mucha gente interesada en instalar a la ciudadanía en un falso dilema entre decencia y empleo. Por un lado, la derecha parece querer apoyarse únicamente en que su raquítica recuperación merece olvidar la indecencia de la corrupción, de la sangrante desigualdad, de su capitalismo de amiguetes. Pero, por otro lado, desde una determinada izquierda parece que se pretende que la indignación sea un argumento absoluto, que no distinga y que no mire al futuro. La decencia en la gestión de lo público permite a los contribuyentes ahorrar un buen dinero, o a las administraciones ingresar más por la vía de una mayor eficacia en la lucha contra el fraude y a las empresas competir en igualdad y esforzarse en mejorar y no en buscar contactos en las administraciones. Y esa eficiencia del sector público y del sector privado son las bases de un crecimiento sólido y generador de empleo de calidad.
Por ejemplo, inmoralidad e indecencia son las primeras palabras que me vienen a la mente, ante los hechos que se vienen sucediendo estos últimos días en la Agencia Tributaria (AEAT) y en el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. Pero, los escándalos en la Hacienda española se han ido desarrollando a lo largo de toda la legislatura. Cese de la cúpula de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONF); varios centenares de ceses en la AEAT desde enero de 2012; aprobación de la amnistía fiscal, a la que se acogieron destacados miembros del PP, incluidos el ex vicepresidente de Economía y Hacienda Rato y el tesorero Luis Bárcenas; ceses y dimisiones en la cúpula de la delegación central de grandes contribuyentes y en las delegaciones territoriales, etc.
Ante los escándalos de los últimos días y la negativa del ministro de Hacienda a colaborar con el Juez Ruz, ¿Por qué se me viene a la mente la palabra inmoralidad?: varias son las razones. Por el hecho de que el PP compare el dinero de los sobres en b de los dirigentes del PP con Cáritas, es decir, con el dinero destinado a la gente que no tiene que comer. Por la utilización que ha realizado el Gobierno de las instituciones en defensa del PP y para intentar conseguir su impunidad judicial por financiación ilegal del PP. Porque la Administración no puede servir al interés general, cuando sus altos cargos sirven a intereses particulares.
Pero, como se ha expuesto al principio, lo que ha sucedido durante toda la legislatura con la dirección política del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no solo es un problema moral. Sin duda, es el primero, pero no el único. Porque la indecencia, la inmoralidad en asuntos como la igualdad de todos los españoles a la hora de pagar los impuestos, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, no ayudan a salir de la crisis.
Cuando se socava la conciencia fiscal de los españoles, tiene consecuencias sobre la eficacia en la recaudación de los impuestos y en la lucha contra el fraude fiscal. Consecuentemente, los impuestos que tienen que pagar los que ya pagan correctamente sus impuestos son superiores a los que les correspondería, si todos los contribuyentes cumplieran adecuadamente. El déficit público sería menor. Y la sostenibilidad del Estado del bienestar estaría asegurada.
Además, la captación partidista del aparato del Estado y la deriva conocida como capitalismo de amiguetes no ayude a consolidar una economía productiva y competitiva. Dicha captación, que práctica el Gobierno, nos aleja del objetivo de tener un sector público eficiente, independiente, motor e impulsor del crecimiento económico y de la cohesión social. Es la ocupación de las instituciones desde el poder político una de las características que distingue a un país desarrollado de un país atrasado, lo que distingue la modernidad y el futuro del despotismo y del pasado. Esa intrusión en las instituciones por parte del Gobierno genera desigualdad, privilegios, inseguridad jurídica, corrupción y desincentivos a invertir en proyectos a largo plazo, que son los rentables social y económicamente hablando
Por tanto, la inmoralidad en la gestión de los recursos públicos, los casos de corrupción, y por consiguiente, las medidas de regeneración democrática y la búsqueda de la transparencia y la independencia de las instituciones, están conectadas con el gran debate pendiente en nuestro país como es el de una estrategia de crecimiento. Por eso, hay que vincular ambas cuestiones.
En esa lógica, es decir, que la decencia y la regeneración de las instituciones sean un gran motor de la recuperación económica, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de Ley para asegurar la independencia y autonomía de la AEAT, que incluye medidas como las siguientes:
- “El nombramiento del Director/a de la AEAT se efectuará por el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3 y por un plazo de seis años, no renovables.
- Establecimiento de un sistema de nombramiento de los cargos de responsabilidad en la AEAT que elimine la actual discrecionalidad y asegure la concurrencia de los principios de mérito, capacidad y competencia profesional.
- Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección política de la Agencia.”
Lo anterior, se tiene que completar con un plan de aumento de los efectivos en la lucha contra el fraude. En la actual legislatura se han reducido en 1.800 efectivos y en los próximos años se va a jubilar alrededor de un cuarto de la plantilla de la Agencia. El PSOE ha propuesto el incremento de en torno a 5.000 empleados públicos la próxima legislatura.
España necesita con urgencia una estrategia de crecimiento sostenible. Es un debate que no está encima de la mesa y me parece fundamental. En esa estrategia es primordial poner a trabajar la decencia y la regeneración de las instituciones para la recuperación y la salida de la crisis. Y, para ello, los cambios en la Agencia Tributaria son imprescindibles.
