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16 junio 2017
05 junio 2017
04 abril 2017
Los PGE 17 y un Estado del bienestar mínimo
La crisis impactó de manera
asimétrica al conjunto de la sociedad española, de tal forma que se incrementó
la desigualdad en salarios, rentas, oportunidades y también desde un punto de
vista territorial. A ello también contribuyó la política laboral del Gobierno. La política fiscal y presupuestaria debería
haber tenido entre sus prioridades, en la recesión económica, favorecer la reducción de la desigualdad, pero no lo
hizo, y ahí están los datos de incrementos de la desigualdad en nuestro país.
Se nos dijo que la reducción del déficit público era lo primero.
Dado que desde hace trece
trimestres los datos macroeconómicos confirman que la recuperación es una
realidad, la política fiscal debería utilizarse para cohesionar a nuestra
sociedad y compensar a la mayoría social del dolor y sufrimiento padecido en la
crisis. Ahora que nuestro país está creciendo, se podría pedir un esfuerzo a los que más
tienen para reducir el déficit y la desigualdad.
Sin embargo, las verdaderas
intenciones del Gobierno no son
otras que tener un Estado del bienestar
mínimo y jibarizado. Por tanto, no tienen entre sus prioridades reducir la
desigualdad. En concreto, en los PGE para 2017 el gasto social va a seguir
perdiendo peso en la riqueza nacional y haciendo perder poder adquisitivo.
Si repasamos el proceso de
consolidación en nuestro país desde 2014, año con crecimiento económico positivo,
hasta las previsiones del Gobierno para 2017, se puede comprobar que los
ingresos totales se reducirán un 0,7% en relación al PIB y los gastos un 3,6%.
Estos últimos han pasado del 44,9 del PIB al 41,3%.
El Gobierno dijo a los
españoles que tenían que apretarse el cinturón, pero Rajoy no tuvo empaño poco
antes de las elecciones aprobar una reforma fiscal por la que se regaló- en gran parte- a las rentas más
altas y a las grandes empresas, entre reforma fiscal propiamente dicha y el juego de los mecanismos del Impuesto de
Sociedades, la friolera de 18.000 millones de euros.
Aquí es donde a la derecha
española se le ve la patita: hay que reducir el déficit, pero como los ingresos
son insuficientes -en parte porque se bajan los impuestos a los más pudientes-,
hay que recortar el gasto, eso sí, alejándonos de la media europea en cuanto al
nivel de servicios públicos fundamentales.
De acuerdo con la Actualización del Plan Presupuestario 2017,
el gasto social del conjunto de administraciones públicas crecerá en términos
nominales 1,39% respecto de 2016, pero la inflación lo hará por encima del 1,5%
y más de un 4,1% el PIB nominal, luego el gasto social perderá poder de compra
y peso en el PIB. En concreto, el gasto social representaba el 28,4% del PIB en
2014 y se comprimirá al 26,8% en 2017.
Y todo ello hubiese sido peor sin el Real Decreto Ley de finales de 2016
pactado con el PSOE, que
posibilitaba aumentar los ingresos públicos en 7.000 millones de
euros, por la vía del impuesto de
sociedades y la lucha contra el fraude
fiscal.
Por cierto, por lo que hace
referencia a los ingresos tributarios, en el informe de la AIREF sobre las previsiones macroeconómicas del
Proyecto de Presupuestos 2017, se señala
que las medidas aprobadas en el Congreso
en diciembre de 2016, a través del Real Decreto Ley que el Grupo
Socialista pactó con el Gobierno,
reducen la incertidumbre sobre los ingresos en 2017, y no está claro que
tenga un impacto negativo sobre las empresas y sus decisiones de inversión,
ante la presencia de “buffers de liquidez y acceso a crédito nuevo”.
Por poner un ejemplo de la
insensible política fiscal del Gobierno,
la remuneración de los asariados en porcentaje del PIB ha pasado del 51%
en 2009 a representar alrededor del 47% en 2013 y en adelante, y sin embargo,
el Gobierno ha contribuido a incrementar
el Excedente Bruto de Explotación por la vía de reducir el Impuesto de
Sociedades, de forma que por el mencionado impuesto la
Agencia Tributaria(AEAT) recaudará en
2017 en torno a la mitad de lo ingresado
en 2007, cuando la cuantía de los beneficios de las empresas son similares a los existentes en aquel año.
Por tanto, y en referencia a
los PGE17, se seguirá reduciendo la cobertura por desempleo, los pensionistas
están abocados a perder un 10% de poder
adquisitivo en los próximos cinco años si nadie lo remedia, los empleados
públicos también seguirán perdiendo poder adquisitivo, las becas y los gastos
en educación y sanidad continuarán disminuyendo su peso en el PIB. En definitiva, los PGE17
responden a los objetivos políticos del Gobierno, que no son otros que tener un
Estado social mínimo y jibarizado.
Que no haya margen para
políticas fiscales que incrementen el déficit y la deuda pública, entre otras
razones porque no tenemos derecho a trasladarle una ingente deuda a los jóvenes y a
las generaciones futuras, no significa que no haya margen para políticas
fiscales, ni mucho menos que haya que comulgar con la austeridad entendida como
excusa para desmantelar logros sociales. El amplio margen para discutir de
política fiscal tiene que ver con las cuestiones clásicas de eficacia y
equidad, y con las preguntas de cuánto y cómo ingresar y cómo emplear esos recursos públicos.
26 febrero 2017
08 febrero 2017
Para tomar el control necesitamos más Europa
Si antes de la llegada de
Donald Trump a la Casa Blanca era muy necesario el reforzamiento del proyecto
europeo para gobernar la globalización frente a la antiglobalización o la globalización sin
gobierno, ahora es más urgente fortalecer las políticas y las instituciones europeas para liderar y
defender en el mundo el comercio internacional -eso sí, más justo-,
y los valores del “sueño” europeo. Para ello se exigen convicciones si cabe más firmes y un Plan
claro y con capacidad de ejecución a prueba de inconvenientes internos y
externos.
Ante los proyectos
aislacionistas de la nueva administración americana, necesitamos robustecer el
proyecto europeo para defender con fuerza y eficacia los acuerdos internacionales y los derechos
fundamentales atacados.
Es ahora más urgente
afianzar la Unión Europea para construir una política de seguridad e
inteligencia común ante las amenazas terroristas, todo ante el nuevo rumbo de
las políticas de defensa y seguridad del gobierno Trump.
También, ante la nueva
política comercial de EE.UU (no sabemos si cambiará la orientación la OMC), tenemos que defender en el mundo y
ante los países iberoamericanos el intercambio comercial. Eso sí, un comercio
que respete los derechos de los trabajadores y el medio ambiente.
Así mismo, la UE tendrá
que liderar en la esfera mundial un
nuevo paradigma internacional sobre la gobernanza de los impuestos, sobre una
fiscalidad más justa y contra la impunidad con los paraísos fiscales, que
permitan financiar las políticas redistributivas, en gran parte porque entre el grupo de países
que ahora compiten por bajar los impuestos también está con claridad EE. UU.
La desregulación
financiera que comienza a poner en marcha la administración Trump con el
desmantelamiento de la ley Dobb-Frank, y ante la interconexión de las entidades
financieras en todo el mundo, la UE también tendrá que liderar un marco
regulatorio internacional que apuesta por la transparencia y unas exigencias de
capital que doten de solvencia y estabilidad al sistema financiero.
Es la primera vez que
escuchamos por boca de un representante del gobierno norteamericano una
declaración contraria a la permanencia de la Unión Europea y de la moneda
única. Ni siquiera por parte de administraciones como la de Bush o Reagan esto
habría sido imaginable. Ante semejante órdago solo cabe avanzar en el diseño de
la UE con las herramientas necesarias para mantener una economía social de
mercado, unas activas políticas
redistributivas y derechos civiles y
sociales.
Al nuevo esquema
internacional no se puede responder de manera eficaz mirando para otro lado
como si no fuera con nosotros, o renacionalizando las políticas que terminen sacando a España del Euro. Se responde con más
Europa. Solo el proyecto europeo permitirá que nuestros conciudadanos puedan
tomar el control para hacer frente a la incertidumbre y para que consigan vivir
mejor. Y la nueva geometría que se abre en el mundo también es una oportunidad
para el futuro del propósito europeo.
Hay muchas razones por
las que el gobierno de España tiene en esta coyuntura que liderar en el seno de la Unión las reformas y
el impulso de las instituciones y las políticas europeas.
25 enero 2017
Una agenda socialdemócrata para la política fiscal en España en el marco europeo(*)
La política de recortes, expresado de otra manera, la austeridad, es una de las razones que explican el incremento de la desigualdad y el sufrimiento en España. Sin embargo, una política expansiva en un marco de elevado déficit y endeudamiento público, con una alta propensión a importar, no resuelve el problema porque se traduciría en mayor endeudamiento, más austeridad y más recortes en el futuro.
España no tiene margen para políticas fiscales expansivas. Otra cuestión es el margen que tienen otros países en Europa y las distintas instituciones de las Unión Europea, pero ello no significa que nuestro país no tenga margen para otra política fiscal, que acabe con la austeridad. El margen tiene que ver con el debate sobre cuánto y cómo ingresan las Administraciones Públicas, y cuánto y cómo gastan.
Hay margen para una política fiscal alternativa que evite comulgar con la austeridad entendida como excusa para desmantelar logros sociales, sobre todo si los ingresos públicos en relación al PIB en España están muy alejados de la media europea (en el año 2015 el 46,6% en la eurozona y 38,2% en España). Esta agenda permitirá reducir las desigualdades en nuestro país, crear empleo y aumentar la productividad.
Por tanto, en gran parte para evitar una política fiscal restrictiva, la decisión de la sociedad española debe centrarse en la política impositiva. Ahora bien, para realizar una propuesta sobre la fiscalidad en España conviene comenzar por expresar algunos hechos objetivos que caracterizan nuestro sistema tributario.
El primero es bien conocido, es que en nuestro país los tipos impositivos nominales son homologables a la media europea, pero la recaudación tributaria está muy por debajo de dicha media, lo que se explica en parte por tener un sistema tributario muy parcheado que impide la reconstrucción de las bases imponibles.
El segundo hecho objetivo es la disminución del papel redistributivo de los impuestos en España, por el conjunto de deducciones, exenciones y regímenes especiales y por el fraude fiscal. Alrededor del 80% de la recaudación procede de las rentas del trabajo.
El tercero, es que de acuerdo con nuestra renta, teniendo en cuenta que los sistemas impositivos son progresivos, nos correspondería unos ingresos públicos alrededor del 43,5 % del PIB -como se pone de manifiesto en el Gráfico 1-. Y sin embargo la ratio española se situaba en 2015 en el 38,2%.
Gráfico 1
Gráfico 2
Para determinar el nivel de ingresos públicos de nuestro país, a medio plazo, se deben tener en cuenta varios aspectos:
• El déficit estructural de España se sitúa entre el 2,5 y el 3% del PIB.
• El reto que supone el baby boom desde el punto de vista del sistema público de pensiones, sobre todo si la mayoría de la sociedad no desea unas pensiones públicas de miseria.
• El envejecimiento de la población y los mayores gastos en sanidad.
• En una economía abierta como la española hay que destinar recursos crecientes para compensar a los perdedores de la globalización, máxime cuando el problema de la desigualdad en España presenta elementos estructurales, así como, una mayor inversión en educación y I+D
• Unos previsibles tipos de interés más altos, en el medio plazo, demandarán más recursos públicos para satisfacer el servicio de la deuda pública.
Finalmente, un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de realizar una propuesta fiscal es el hecho de la creciente competencia a la baja internacional, producto de la extensión de la globalización. Pero también es conocido que está surgiendo un nuevo paradigma internacional y europeo sobre la gobernanza de los impuestos, que van desde el Proyecto BEPS de la OCDE (del inglés Base Erosion and Profit Shifting), o los distintos paquetes contra la elusión fiscal y la armonización impositiva de la Comisión Europea, liderada en esta materia por el comisario Pierre Moscovici.
Por consiguiente, para poder contar con los ingresos necesarios para financiar el Estado del bienestar, es imprescindible un marco impositivo internacional, y europeo más concretamente, porque sin al menos la dimensión europea, no se podrá responder eficazmente al reto de una fiscalidad justa y suficiente.
No se debe olvidar que la reducción de la desigualdad desde la política redistributiva no se obtiene solo por el lado de los ingresos, sino también y en gran parte por el lado del gasto público, y de ahí la importancia de la suficiencia de los ingresos públicos.
La agenda socialdemócrata para poder construir un sistema impositivo, eficiente, justo y suficiente, pasa por, al menos, las siguientes líneas de actuación:
I. El Gobierno de España debe liderar en el seno de la Unión Europea una ambiciosa política de armonización fiscal.
II. Recomponer las bases imponibles, eliminando exenciones, deducción, reducciones, regímenes especiales, etc. Valorando con carácter previo las consecuencias de cualquier decisión que tome el poder ejecutivo y el Parlamento sobre deducciones o gastos fiscales.
III. Gravar de manera efectiva la riqueza en nuestro sistema impositivo, como manifestación de capacidad económica, impidiendo la falta de contribución al sostenimiento de los gastos públicos que determinadas grandes fortunas y patrimonios tienen en la actualidad, al poder eludir el IRPF. Para ello se hace necesario analizar y revisar, en conjunto, la imposición sobre el trabajo, el capital, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Patrimonio, de forma que el sistema tributario debería gravar la auténtica capacidad económica de los contribuyentes y no únicamente sus rentas.
IV. Poner en marcha, para el conjunto del Estado, un mínimo común del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
V. Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades eliminando deducciones, exenciones, bonificaciones y regímenes especiales. Con una imposición mínima para los grandes grupos empresariales. Dicha modificación del mencionado impuesto deberá generar seguridad jurídica y disminuirá la litigiosidad tributaria. En definitiva, conseguir tributación competitiva a nivel internacional.
VI. Una reforma fiscal verde, que tenga como objetivo reducir las externalidades negativas en la economía, y que nos acerque a los niveles recaudados por nuestros socios europeos.
VII. Impulsar la aprobación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), en la medida que once países de la Unión Europea, entre ellos España, ya lo han acordado.
VIII. La lucha contra el fraude fiscal, la elusión y la evasión fiscal, con planes evaluables por instituciones independientes y con más medios humanos y materiales.
IX. Una reforma de la administración tributaria, con una dirección menos politizada y una nueva gobernanza, con la participación de las Comunidades Autónomas, con objetivos evaluables y comparables a nivel internacional, y rindiendo cuentas ante el Parlamento.
X. Los avances en la legislación internacional y comunitaria tiene que trasladarse a la legislación fiscal española. Es necesario constituir en el Parlamento español una comisión especial (en términos del Reglamento del Congreso de los Diputados una subcomisión parlamentaria) de lucha contra el fraude fiscal la elusión y la evasión fiscal.
Nuestro país necesita una agenda fiscal y tributaria alternativa a la derecha española. Hay margen, entre otras razones, porque la presión fiscal española está muy alejada de la media europea (en 2015 el dato para la eurozona era del 41,4% del PIB y en España del 34,6%). Porque como recordaba Sandor Marai, el desarrollo social, económico y democrático de un país casi siempre depende de que los ricos se comprometan con su sociedad pagando impuestos.
(*)Artículo publicado en la la revista Temas para el debate, en el número 266-267 dedicado a la armonización fiscal en Europa
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