20+5 medidas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal

Un tema crucial para la sociedad española y europea en el siglo XXI es la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, así como acabar con los paraísos fiscales, y son varias las razones que justifican dicha meta colectiva:

- Para defender el Estado de Derecho, dado que la corrupción está en el origen de una parte del fraude fiscal.

- Para financiar de manera sostenible el Estado del Bienestar y por ende la cohesión social, evitando además  una competencia a la baja de los impuestos a nivel europeo e internacional.

- Para salir de la crisis evitando mayores recortes en las políticas públicas y contribuir así  a sostener la demanda interna.

- Para estabilizar el déficit y la deuda pública.

- Como instrumento útil de política industrial que siente las bases de un crecimiento sano y duradero, ya que las empresas que no declaran sus beneficios apenas los destinan a inversiones de futuro, pero, asimismo en presencia de fraude fiscal, las empresas más productivas, que son las cumplidoras con la tributación, tienen que pagar más impuestos menoscabando la competitividad de las mismas. 

En el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 20 medidas que en su gran mayoría tienen que ver con el ámbito de decisión del Gobierno de España, dichas medidas se deben complementar con el impulso  en el seno de la Unión Europea de las siguientes 5 iniciativas:  la ampliación de la las directivas de la fiscalidad del ahorro y de cooperación administrativa, con ello se extendería el ámbito de aplicación y la obligatoriedad del intercambio automático de información; la necesidad de actuar sobre la erosión de bases imponibles y la deslocalización de beneficios debería conllevar la modificación de la Directiva aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, así como, concretar medidas por parte de la Unión Europea sobe la fiscalidad en la economía digital; el blanqueo de capitales también debería ser objeto de interés preferente por la Unión Europea aprobando  la cuarta Directiva sobre blanqueo de capitales; y por último, abordar de manera definitiva por parte de la Unión Europea el fraude que se genera en las operaciones intracomunitarias en el IVA, en especial el “fraude Carrusel”. 

Las 20 medidas anteriormente referidas  son las siguientes:

1. Poner en marcha una estrategia inmediata de lucha contra el fraude con el objetivo de incrementar progresivamente la recaudación hasta lograr  30.000 millones de euros  al año por este concepto.

2. Incrementar en 5.000 empleados públicos (inspectores, técnicos, agentes tributarios, administrativos) los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años, doblando su número actual, al objeto de situar a España en la media de los países de mayor tamaño de la Unión Europea y de paliar el efecto negativo de las jubilaciones previstas en la AEAT. 

3. Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, el 5% real de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la  propia AEAT, generándose el crédito de forma automática, sin necesidad de autorización posterior para su aplicación. 

4. Abordar, para reducir la brecha entre tipos nominales y efectivos, una reforma fiscal que simplifique los impuestos, y que elimine deducciones y exenciones que no contribuyen a la eficiencia y equidad del sistema tributario.  

5. Modificar la normativa tributaria de forma que, para los beneficios tributarios que superen una determinada cuantía, se permita conocer la identidad de los contribuyentes beneficiarios de los mismos así como su concreto importe. 

6. Crear una Oficina de Lucha contra el Fraude, integrada en la Agencia Tributaria, que coordine a los distintos departamentos de la Administración del Estado, colaborando igualmente con las restantes Administraciones Territoriales. Poner en marcha un plan de formación y especialización de Jueces, Fiscales, Policía y Guardia Civil, creando, en su caso, una policía fiscal, dependiente de la nueva Oficina de Lucha contra el Fraude.  

7. Reforzar la independencia de la Agencia Tributaria de modo que el Director/a 
 sea nombrado/a por el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3  y por un plazo de seis años.

8.  Reorganización interna en la Agencia Tributaria, primando la especialización en la investigación y la lucha contra el fraude, estableciendo un sistema retributivo en el que se prime la lucha contra el fraude fiscal. 

9. Elaborar anualmente una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.

10. Regular la responsabilidad solidaria de las instituciones financieras y asesores fiscales que colaboren en la evasión de impuestos y en la comisión de infracciones tributarias. 

11. Impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. Entre dichas sanciones se incluirán: la suspensión de los vigentes convenios de doble imposición; las empresas localizadas en paraísos  fiscales no podrán acceder ni a ayudas ni a contratación alguna con las administraciones de los estados miembros de las UE; pedir la revocación de las licencias bancarias de las instituciones financieras que realicen operaciones en un paraíso fiscal y/o favorezcan activamente el fraude fiscal o que se nieguen a colaborar con las Autoridades Tributarias; no reconocer personalidad jurídica a las entidades con domicilio en paraísos fiscales, etc.

12. Instar a la OCDE que ponga en marcha un nuevo modelo de Convenio que incluya la filosofía de la Ley FATCA, basada en el intercambio automático de información.

13. Exigir a las entidades financieras información sobre las empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en un paraíso fiscal. 

14. Promover la supresión de los billetes de 500 euros, así como limitar los pagos en efectivo entre particulares y entre empresas, reduciendo los costes relacionados con los medios electrónicos de pago. 

15. Exigir una información clara y transparente de la contabilidad de las empresas, también las multinacionales, ofreciendo a las grandes empresas acuerdos de colaboración con la Agencia Tributaria, a cambio de abrir su información fiscal. Para estimular dicha colaboración, las empresas recibirán el correspondiente reconocimiento público.

16. Analizar y, en su caso, revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario. 

17. Reforzar el efecto disuasorio del Delito Fiscal, propiciando la reforma necesaria del Código Penal para que las condenas supongan el ingreso efectivo en prisión.

18. Realizar los cambios legales oportunos que posibiliten conocer el nombre de los grandes defraudares de nuestro país, comenzando por publicar la identidad de los defraudadores que se acogieron a la reciente amnistía fiscal, así como reformar los procedimientos tributarios para poder perseguir de manera más eficaz el fraude de carácter organizado. 

19. Incluir, en el Plan de Control Tributario anual  de la AEAT,  los  aproximadamente 30.000 defraudadores que se acogieron a la  Amnistía Fiscal.  

20. Promover la concienciación social en el rechazo al fraude fiscal, desde la formación reglada hasta las campañas de concienciación dirigidas al conjunto de la población.

2.500 millones de euros menos no es poco

El Instituto Nacional de  Estadística acaba de publicar los datos relativos a la contabilidad regional de 2012. Esta información permite analizar con detalle las consecuencias de la crisis en España y en sus Comunidades Autónomas, y comparar con facilidad la evolución de la actividad económica  entre 2008 y 2012 de las distintas regiones españolas.

De los mencionados datos podemos concluir, en primer lugar, que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia ha pasado de 29.100 millones de euros en 2008 a 26.600 millones de euros en 2012. Por lo tanto, durante la crisis, se ha reducido el PIB en 2.500 millones de euros. Todo ello sin tener en cuenta la disminución que se ha producido en 2013. Para hacernos mejor una idea de lo sucedido, esa cantidad es comparable a la producción que proporciona toda la Comarca de Lorca, esa es la cantidad que nos hemos dejado en la crisis.

Dos mil quinientos millones de caída del PIB tienen su traducción diaria en el dolor y el sufrimiento de miles de murcianos y murcianas que han perdido sus empleos y sus empresas durante los años de la crisis, y es que 2.500 millones se notan. Hemos perdido el 8,5% del PIB que teníamos en 2008, una merma de la riqueza regional superior a la que se ha producido en el conjunto de España, porque la disminución en este caso ha sido del 5,4%, por consiguiente se puede afirmar sin temor a equivocarse que la crisis ha sido más intensa en nuestra Región. Si atendemos a la distribución por sectores observaremos que el sector de la construcción se ha dejado prácticamente la mitad de su PIB durante esos años, 1.900 millones de euros, y la industria manufacturera se ha dejado en el camino 240 millones de euros, la agricultura ha resistido, especialmente en los últimos años, y gracias a ella la caída de la renta regional no ha sido mucho mayor.

La segunda conclusión es que desde el principio de la crisis en 2008, el PIB por habitante de España se ha reducido el 6,6%, de 23.858 a 22.291 euros, mientras que la disminución en nuestra Región ha ascendido al 11,4%. Pero, el mejor balance del modelo económico made in Valcárcel, además de la estadística de desempleados, es el dato que representa la renta disponible bruta de los hogares murcianos que es casi un 20% menor que la media de los hogares españoles.

La tercera conclusión a la que podemos llegar con estos datos es que la crisis nos deja más desigualdades, la remuneración de los asalariados ha pasado de representar el  49% del PIB regional al 46,6 en 2012, la caída más acusada se ha producido desde 2010. Estos datos pondrían de manifiesto que se está profundizando en el viejo modelo de crecimiento de la economía murciana basado en salarios aún más bajos y precariedad laboral. Una estrategia de estas características que perdure en el tiempo, profundiza las desigualdades implicando que el consumo sea más pequeño  y por ende un crecimiento aún menor,  y genera una dinámica perversa por la que los empresarios tienen muchos incentivos a competir únicamente bajando salarios y abstrayéndose de los cambios tecnológicos y el papel del conocimiento. Por tanto, si nuestro crecimiento no es inclusivo no será ni duradero ni vigoroso.

   

La Región de Murcia necesita de manera urgente que despleguemos una estrategia económica que permita recuperar el terreno perdido durante tantos años,  que permita aprender de los errores del pasado, en definitiva, que tenga como objetivo no solamente competir más sino competir mejor, no solamente crecer sino crecer creando empleo de calidad y bien remunerado; ello implicaría retos para el corto  y el medio plazo, entre las medidas a implementar son ineludibles y urgentes las siguientes: que ningún proyecto empresarial rentable se quede sin financiación; una reforma de la administración regional que haga más eficiente la prestación de los servicios públicos realizando una evaluación “ex – ante” y “ex – post” de todas las políticas de gasto; un plan de lucha contra el fraude y la elusión  fiscal para que paguen impuestos los que no pagan y que ayude a hacer sostenible la financiación de los servicios públicos fundamentales; incrementar la inversión en intangibles( I+D, educación, formación de trabajadores y empresarios, digitalización de la información de la empresa, etc) que tan buenos resultados está dando en los países que la han realizado; la inclusión laboral de los jóvenes y parados de larga duración movilizando recursos en formación y políticas activas de empleo; cambios en la gestión de las empresas de forma que la toma de decisiones sea más participativa e incluyente; y poner los medios para luchar contra la pobreza. 

Finalmente, la economía privada y pública de la Región de Murcia necesita cambios profundos, el camino de seguir compitiendo en salarios bajos y el de una administración regional mal gestionada, que en definitiva es el modelo de la derecha murciana, nos lleva a una    mayor desigualdad y a un estancamiento permanente.   

La crisis en la Agencia Tributaria

Os dejo mi colaboración  sobre La crisis en la Agencia Tributaria publicada en El País.


http://economia.elpais.com/economia/2013/11/25/actualidad/1385413576_832547.html